PP y PSOE aplauden la decisión entre las críticas nacionalistas

La última medida del juez Garzón contra el entramado etarra ha suscitado el recelo y la crítica de los partidos nacionalistas y de IU y la oposición frontal de Batasuna. Mientras tanto, PP, PSOE y las asociaciones de víctimas y en favor de la paz felicitan al magistrado por reconocer lo que para ellos era un hecho: la relación entre Gestoras y ETA.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha indicado: "Me declaro, en nombre del Gobierno, especialmente satisfecho por la declaración de ilegalidad de Gestoras pro Amnistía que, como ha sido demostrado judicialmente, no sólamente son entramado de la banda sino que forman parte misma de ETA".

Para el secretario general del PP, Javier Arenas, son "positivas" todas las actuaciones que realiza la justicia, al amparo del Estado de Derecho, para combatir, no sólo a ETA, sino también a sus "organizaciones afines".

Más explícito, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha considerado la medida un "golpe judicial muy importante" y una "muy buena noticia", que confirma que ETA no es sólo un grupo de comandos sino "un amplio conglomerado".

Por su parte, el coordinador de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, se ha congratulado de que se proceda a la ilegalización de Gestoras si realmente "hay confirmación clara" de su vinculación con ETA. Además, ha manifestado su esperanza en que "la Justicia sea ágil" y no permita a este colectivo eludir la acción judicial por el cambio de nombre.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha mostrado el apoyo de este partido a la decisión y ha destacado la necesidad de seguir siendo "perseverantes" con los instrumentos del Estado de Derecho.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Foro de Ermua también han expresado su satisfacción por el auto y han señalado que "era un secreto a voces que son parte de ETA".

Críticas en el ámbito nacionalista

En cambio, el coordinador de IU-EB en Guipúzcoa, Antton Karrera, no cree que la decisión de ilegalizar a Gestoras pro Amnistía vaya a contribuir a resolver el problema de la violencia en el País Vasco, sino que, en su opinión, puede generar "mayor crispación".

En este sentido, la corriente Aralar, excindida de HB, ha indicado que la medida "no contribuirá a la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto de Euska Herria".

En una declaración mucho más dura, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha asegurado hoy que el auto es un "ataque más a Euskal Herria" y ha hecho un llamamiento a "responder cada cual desde su ámbito, a la agresión constante de los dos estados contra Euskal Herria y a defender la solución democrática al conflicto".

También la formación política vasca Batzarre ha criticado la ilegalización: "Mucho nos tememos que, como en otros casos instruidos por Garzón, se intenta criminalizar a organizaciones políticas no por sus actuaciones sino por sus ideas".

Por su parte, el consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha declarado su "respeto" al auto pero ha pedido prudencia porque "en base a la legislación estatal penal los colectivos no delinquen, lo hacen los individuos".

La Ejecutiva del PNV ha indicado esta tarde que confía en que Garzón disponga de "pruebas fehacientes" para ilegalizar a Gestoras Pro Amnistía y ha advertido de que, en opinión de los peneuvistas, "las organizaciones no pueden delinquir". Eusko Alkartasuna se ha limitado a mostrar "extrañeza" por la decisión del juez, ya que Gestoras es una "organización que no existe" como tal.

En la misma línea, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, ha manifestado que la eficacia de la ilegalización "es ciertamente dudosa, pues las organizaciones del entorno de ETA cambian de forma periódica de nombre dificultando su persecución penal".