La negativa de Italia obliga a aplazar la aprobación de la euroorden

Los Quince han decidido aplazar la decisión sobre la orden europea de detención y entrega para la cumbre de Laeken que se celebrará la semana que viene, tras constatar que Italia no acepta el último compromiso de la presidencia de turno belga, ha afirmado un portavoz de la presidencia.

"Tenemos un acuerdo a catorce. Italia no ha cedido y vamos a Laeken", ha declarado Serge Dickschen, portavoz de la presidencia belga de la Unión Europea.

"No había otra opción. Italia ha dicho que no aceptaba la propuesta sobre la mesa", ha indicado el portavoz.

El mismo portavoz ha precisado que tras la respuesta italiana, el presidente del Consejo, el ministro de Justicia belga, Marc Verwilghen, ha anunciado a los presentes su constatación de que "no hay acuerdo", a lo que la delegación italiana ha agregado que no tenía ningún inconveniente en llevarlo a la cumbre de Laeken, los próximos 14 y 15 de diciembre.

La constatación de la falta de consenso se ha producido después de que Italia hubiera pedido un período de reflexión para analizar la última propuesta de la presidencia belga, que para contentar a Roma propone un dispositivo de "retroactividad a la carta" de la euroorden.

De este modo, Italia conseguía que la euro-orden, que deberá entrar en vigor en enero de 2004 no tenga efecto retroactivo en su caso.

Tras la reflexión y un contacto con la presidencia y la Comisión Europea, el ministro italiano de Justicia, Roberto Castelli, ha dicho a sus socios que no podía aceptar en sus actuales términos la lista de 32 delitos a los que se aplicará la euroorden.

Toda la jornada de hoy ha sido un ejercicio de arrinconar a Italia, al que sus socios han apuntado con el dedo ante la prensa.

Por ello, no se descarta que como el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE prosigue hoy y mañana sus trabajos, las autoridades de Roma cedan ante la presión.

Fuentes diplomáticas han comentado que a Italia le va a resultar mucho más difícil conseguir lo que pretende en la reunión de jefes de Gobierno que en la de ministros de Justicia.

Sin embargo, todo parece indicar que la cuestión será elevada al Consejo Europeo de Laeken.

Las autoridades de Roma exigen que la euroorden se aplique sólo a seis delitos: crimen organizado, terrorismo, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes o armas y trata de seres humanos.

Italia parecía en el último momento dispuesta a aceptar la aplicación de un mandato de detención y entrega para el resto de los delitos aceptados por el resto de los socios, pero a condición de que afecten sólo a los nacionales del estado que lo solicita, y no a italianos, según fuentes diplomáticas.Semejante exigencia resultó inaceptable para los demás.

Sobre las posibilidades de un acuerdo en Laeken, el ministro belga del Interior, Antoine Duquesne, ha declarado: "Esperémoslo, porque de lo contrario no sé cómo vamos a explicar un fracaso en este tema a los ciudadanos europeos".

Penas mínimas de 15 y 8 años

En lo que sí han llegado a un acuerdo los ministros de Justicia e Interior de la UE ha sido en las penas mínimas a aplicar por delitos de terrorismo. 15 años por dirección de organizaciones terroristas y 8 años por pertenencia a tales grupos. Además, han acordado una definición común del delito de terrorismo.

De este modo, los quince Estados de la Unión Europea contarán con una definición común de delito terrorista, ya que este cargo sólo estaba hasta ahora tipificado en seis países.

Tres países de la Unión (Dinamarca, Suecia e Irlanda) expresaron reservas parlamentarias.

Los ministros de Justicia e Interior han pactado un acuerdo que prevé una pena mínima de 8 años de cárcel para sancionar el delito de colaboración con organización terrorista y una mínima de 15 años para el delito de dirección de organización terrorista.

Para los otros delitos, se aplicarán las penas previstas en las legislaciones nacionales con agravantes.

El compromiso de hoy está a medio camino entre la propuesta que había hecho al principio la presidencia belga de la UE, que planteaba un mínimo de 8 y 20 años, respectivamente, para esos dos delitos y la efectuada por Alemania el mes pasado, que pedía unas penas mínimas de 5 y 15 años.

En el documento adoptado se precisa que "cada Estado miembro toma las medidas necesarias para que sean considerados como delitos terroristas los actos intencionales, que por su naturaleza o su contexto puedan atentar gravemente contra un país o una organización internacional retenidos en la lista siguiente, tal y como están definidos como infracciones por el derecho nacional".

Intimidar a una población

Así, se considerará delito terrorista cuando el autor pretende "intimidar gravemente a una población u obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer algo, o a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional".

También cuando pretenda "causar destrucciones masivas a una instalación gubernamental o pública, a un sistema de transporte, a una infraestructura, incluido un sistema informático, una plataforma fija situada en tierra firme, a un lugar público o a una propiedad privada susceptible de poner en peligro vidas humanas o producir pérdidas económicas considerables".

El texto pactado hoy precisa que esta definición no puede ser interpretada como destinada a reducir u obstaculizar los derechos o libertades fundamentales como la libertad de reunión, asociación o expresión, incluidos el derecho sindical y a manifestarse.

Los países nórdicos han insistido en incluir este párrafo para reconocer los derechos de los militantes anti-globalización.

Esta decisión no rige las actividades de los Ejércitos en período de conflicto armado, según reza el texto acordado.

El texto precisa que se entiende por "grupo terrorista" la "asociación estructurada, de más de dos personas, establecida en el tiempo y que actúa de forma concertada para cometer delitos terroristas".

Subraya que el término "asociación estructurada" designa a una asociación que no se ha constituido por casualidad para cometer inmediatamente una infracción y que no tiene necesariamente papeles formalmente definidos por sus miembros, de continuidad en la composición o de estructura elaborada.

En la definición de terrorismo se incluyen artículos sobre incitación, complicidad y tentativa, circunstancias particulares (renuncia a sus actividades terroristas), responsabilidad de personas morales, sanciones contra personas morales.

Los Quince dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2002 para cumplir todas sus disposiciones e incorporar plenamente estas decisiones en sus ordenamientos nacionales y códigos penales.