Sancristóbal declara que Barrionuevo y Vera le pagaron 66 millones como sobresueldo

El ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal ha declarado ante al tribunal que juzga el caso de los fondos reservados que entre los años 1982 y 1986 el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera le entregaron personalmente 66 millones de pesetas de estas partidas en concepto de sobresueldo o indemnización.

Durante su declaración en el juicio, Sancristóbal ha dicho que recibió esa cantidad en siete veces, siempre en efectivo y siempre de manos de Barrionuevo o de Vera, que le dejaron "absoluta y meridianamente claro" que era para su uso particular.

Sancristóbal ha explicado que los tres primeros pagos, cuando era gobernador civil de Vizcaya, fueron de siete millones de pesetas que Vera justificó diciendo que eran para recompensar el riesgo, la dedicación y la complejidad del cargo.

Cuando fue nombrado director de la Seguridad del Estado, recibió otros dos pagos de 10 millones cada uno, cantidad que acordó con Vera después de relatar a éste y a Barrionuevo los perjuicios económicos que le había ocasionado su traslado de Bilbao a Madrid.

Por último, Sancristóbal ha asegurado que al cesar en el cargo recibió 25 millones de pesetas como indemnización, de los que la mitad se los entregó Vera y la otra mitad Barrionuevo.

Sancristóbal ha añadido que informaba "por encima" y esporádicamente a Barrionuevo del uso que se daba a los fondos reservados y ha reiterado que el entonces ministro del Interior conoció y autorizó expresamente el pago de sobresueldos.

Así, ha manifestado que cuando fue nombrado director de la Seguridad del Estado solicitó y obtuvo la aprobación de Barrionuevo para entregar diversas cantidades en este concepto a los gobernadores civiles del País Vasco y al delegado del Gobierno en Navarra.

Al concluir el interrogatorio del fiscal, Sancristóbal ha leído un documento titulado "Líneas comunes de defensa del sumario 1/88" que asegura que le entregó Barrionuevo y en el que se aconseja a los acusados no contestar a preguntas sobre los fondos reservados o hacerlo de forma que las respuestas indiquen "que el responsable político ignoraba el destino último de las cantidades libradas".