PP y PSOE seguirán negociando tras concluir sin acuerdo la renovación de los cargos

El fracaso hasta ahora de la negociación y la forma en que se ha llevado a cabo ha suscitado numerosas reacciones, en su mayoría críticas, especialmente la procedente del PNV, cuyo portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, ha rechazado el "abuso de poder" por parte del PP que a su juicio supone la exclusión de la diputada de su grupo Margarita Uria del Consejo General del Poder Judicial.

Por el momento, los plenos del Congreso y el Senado no votarán el próximo día 26 de julio como estaba previsto a los candidatos para las tres instituciones, aunque un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios permitiría la convocatoria de un pleno extraordinario en cualquier momento antes de que comience el nuevo período ordinario de sesiones en septiembre.

Durante la mañana de hoy no se han producido nuevos contactos después del desencuentro de anoche, cuando los socialistas reconocían sólo haber alcanzado un entendimiento sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el PP les acusaba de "deslealtad" por no firmar un acuerdo global ya logrado y descartaba que se pudiera ratificar sólo el órgano de Gobierno de los jueces.

No obstante, y casi al mismo tiempo que se cerraba sin acuerdo el actual proceso negociador, tanto el secretario general del PP, Javier Arenas, como el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, han asegurado tener disposición a retomar el diálogo, incluso antes de que se abra el nuevo período de sesiones. "Cuando el PSOE quiera: ahora, mañana o en septiembre", ha dicho Arenas.

La dificultad está en que, mientras Arenas cree que esa nueva negociación debería producirse en todo caso sobre la base del acuerdo global alcanzado "de la A a la Z", Caldera apuesta por "empezar de cero" y asegura que "si vetan uno solo de los nombres que propongamos no habrá acuerdo".

Así, aunque el PSOE llegó a aceptar ayer eliminar de sus candidaturas al Tribunal de Cuentas al ex ministro Luis Martínez Noval y al senador del PSOE Lluis Armet, los socialistas parecen dispuestos a recuperarles, después que el PP, por su parte, incluyese al magistrado del Supremo Roberto García Calvo, al que Jesús Caldera tachó de "gobernador franquista".

Otro asunto importante es el hecho de que en el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial no se contempló dar cabida a PNV y Coalición Canaria, asunto del que también se responsabilizan mutuamente los negociadores de PP y PSOE y sobre el que se declaran dispuestos a buscar una nueva solución, especialmente para lograr la entrada en el futuro Consejo de la diputada del PNV Margarita Uria.

A este respecto, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Iñaki Anasagasti, ha atribuido el "veto" del PP a Uria al "interés personal de Aznar de excluir al PNV de todos los ámbitos, ya que mantiene la confrontación con el PNV como si no hubiera habido elecciones el 13 de mayo".

También desde el nacionalismo vasco, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Ibarrtexe, Abel Muniategi, ha calificado de "espectáculo bochornoso" el proceso para la renovación del CGPJ y aprovechó para pedir la descentralización de este órgano.

Ante esta situación, se han suscitado reacciones como la del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, quien ha criticado la "mala imagen" que han dado los políticos en este asunto y considera "desairadas las esperanzas" que supuso el pacto de Estado por la Justicia y el nuevo sistema de elección del CGPJ.

Tanto Mingarro, como la asociación Jueces para la Democracia en un comunicado, han destacado el hecho de que la composición del órgano de gobierno de los jueces quede supeditada a la de otros órganos como el Tribunal de Cuentas, lo que sitúa al Consejo en una posición de "trueque", según Jueces por la Democracia.

Esta asociación, que ha pedido hoy a los actuales miembros del CGPJ que dimitan de sus cargos una vez venza el periodo para el que fueron elegidos -el próximo 24 de julio-, considera "inadmisible" que se posponga la renovación, "máxime cuando se nos obligó a las asociaciones judiciales y a los jueces no asociados a llevar a cabo un proceso electoral para designación de candidatos en un tiempo muy reducido con el argumento de que los plazos tenían que cumplirse".

El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, ha hecho un llamamiento al PSOE para que cumpla "un acuerdo que ya estaba cerrado" y a que renuncie a utilizar la designación de miembros de órganos constitucionales "para resolver cuestiones internas", mientras que el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha atribuido la actitud del PSOE a presiones de Felipe González.

Dirigentes del PSOE como el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o Alfonso Guerra consideran que la dirección de su partido debería mantenerse firme en las negociaciones y no aceptar, por ejemplo, el "escándalo" que, según Guerra supone la candidatura al Constitucional de García Calvo.