El jefe de la inspección Fiscal insta a Cardenal a desconvocar la junta de fiscales

En su escrito de tres folios, Martínez Zato señala a Cardenal que como "político y desde su responsabilidad política y como jefe directo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tiene sobradas facultades para, a la vista del proyecto de informe de Bartolomé Vargas y del elaborado por José Aranda, decidir lo que estime conveniente, sin que sea necesaria la celebración de la Junta de Fiscales de Sala". De este modo se dejaría a la Fiscalía, en su opinión, "libre de batallas políticas".

Zato señala que, en relación al caso Ercros, se han dado un cúmulo de circunstancias y acontecimientos "un tanto extraños" desde hace un año, "en lo que puede calificarse de auténtico serial o culebrón que parece no tener fin y que en nada está beneficiando al prestigio del Ministerio Fiscal, que en los últimos tiempos está bajo mínimos, lo que es doloroso reconocer".

En caso de que se mantenga la Junta de Fiscales de Sala del próximo día 10, el jefe de la Inspección Fiscal reclama que se retire del orden del día el 'contrainforme' elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que no encuentra ningún indicio para imputar a Piqué, ya que "ha sido elaborado con el fin de destruir la labor, tras tres años de investigación y estudio de quince mil folios, por parte de Bartolomé Vargas".

Asimismo, Zato insiste en que participe en la reunión de la Junta el fiscal Vargas, de quien destaca su "honradez, integridad, honestidad e intachable trayectoria profesional".

Precedente

Como parte de la batalla epistolar que mantienen los fiscales, el inspector jefe contesta a Cardenal, que, en respuesta a un escrito suyo anterior, estableció que no cabía la comparecencia de Vargas por, entre otros motivos, no existir ningún precedente de asistencia a la Junta de Fiscales de Sala de un fiscal que no forme parte de la misma, que hay un precedente, en la persona de un fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Luis Jordana de Pozas) que asistió a una Junta en calidad de especialista en materia de delito fiscal.

Según Zato, el artículo 14 del Estatuto no se refiere a la posibilidad de que asistan a la Junta de Fiscales de Sala otros fiscales, pero tampoco lo prohibe, "y ha de velarse en todo caso por aquello que sea más positivo y útil para la institución que V.E. preside".

Para el inspector jefe, "la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo no puede ser concebida como hermética y cerrada, como si fuera la reunión del claustro de unos monjes de clausura, aislados no sólo del mundo exterior, sino como algo inaccesible para el resto de los fiscales que a nuestro Ministerio pertenecen".

El escrito añade que el Ministerio Fiscal "es uno", y de la misma forma que nada impediría que el fiscal general, si lo estimase conveniente, asistiera a un juicio de faltas en un Juzgado de Paz, "nada impide que un miembro del Ministerio Fiscal asista a la Junta de Fiscales de Sala".

Respecto a la alegación de Cardenal, para rechazar la presencia de Vargas en la Junta -aparte de por no ser miembro de la misma-, de que Zato nunca había pedido antes que participase algún otro fiscal en las reuniones, Zato se ampara en el cúmulo de circunstancias extrañas que han rodeado a este caso.

Zato explica que el ambiente creado en la institución sobre este asunto "no es el más favorable", a lo que entiende que ha contribuido el informe de la Secretaría Técnica. También se muestra extrañado de que, entre la documentación facilitada para la reunión a la Junta de Fiscales de Sala, figuren las declaraciones de imputados posteriores al nombramiento de Piqué como ministro, o la comparecencia de éste en el Congreso para explicar su gestión en Ercros, "cuya validez judicial es nula".

De celebrarse la Junta, el inspector jefe pide que sus miembros sólo dispongan del informe de Vargas, favorable a la imputación de Piqué, y del punto de vista discrepante de su jefe de Sección, José Aranda, que no encuentra indicios suficientes para sostener la imputación.

Desprestigio

Zato insiste en que "no existe en estos momentos el sosiego necesario para abordar una cuestión tan delicada y difícil" en la Junta de Fiscales de Sala, ya que cualquiera de sus pronunciamientos no beneficiaría al Ministerio Fiscal.

"Si los fiscales de Sala decidieran -señala Zato- que debe prosperar el proyecto de informe de Bartolomé Vargas, nos guste o no -y desde luego a mí no me agrada-, la imagen pública de V.E. (el fiscal general del Estado) resultaría dañada, y, si, por el contrario, se decidiera por V.E. el mantenimiento del informe elaborado al parecer por la Secretaría Técnica que V.E. dirige, se produciría un auténtico enfrentamiento con los fiscales del Tribunal Supremo".

A esta última posibilidad, Zato dice que se opondrá con todas sus fuerzas, "velando por la Institución, que está por encima de nosotros, de la Junta de Fiscales de Sala y de la trascendencia que pueda tener cualquier asunto haya o no en el mismo aforados y ostenten o no los mismos cargos de importante relevancia".

Zato descarta que la decisión en este asunto pueda ser el archivo del caso en lo relativo a Piqué, porque en este momento procesal sería inexplicable, "por no decir escandaloso".

Si se decidiese continuar con la investigación, Zato pide que no vuelva a producirse un debate ante la opinión pública que tenga por protagonista al fiscal Vargas, "por no merecer ello un fiscal tan digno y ejemplar como él". Si no se considera por segunda vez correcta su actuación, el inspector reclama su relevo inmediato, al entender que no puede estar cuestionándose permanentemente su actuación tras tres años de investigación. "Merece mejor suerte", apostilla Zato.

Para el inspector jefe, si, por el contrario, "se argumenta, como yo espero y deseo, la plena confianza que en él se deposita por la Fiscalía General del Estado, debe dejársele actuar libremente, en contacto continuo con V.E. como jefe directo que es de la Fiscalía del Tribunal Supremo". Zato señala que hace todas estas consideraciones "con la intención de contribuir al prestigio del Ministerio Fiscal español en el interior y en el exterior del país".

Respuesta a Villarejo

Por su parte, Jesús Cardenal, ha contestado hoy a la misiva enviada ayer por el fiscal jefe Anticorrupción. Según Cardenal, la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para estudiar la imputación del ministro Josep Piqué responde "estrictamente" a las previsiones estatutarias y a la interpretación que de ese marco jurídico ha realizado el Consejo Fiscal, que el año pasado censuró al fiscal general por no consultar a la Junta de Fiscales de Sala el mismo asunto.

Cardenal ha respondido así, por escrito, a la carta que le envió ayer el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, donde mostraba su criterio contrario a convocar la Junta de Fiscales de Sala, al estimar que no se ajustaba al artículo 17 del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Cardenal explica que "en su condición de miembro de la Junta de Fiscales de Sala, usted conoce el artículo 14.2 del Estatuto, que al describir las funciones que corresponden a la Junta señala que asiste al fiscal general en relación con cualesquiera materias 'que el fiscal general estime procedente someter a su conocimiento y estudio'".

En consecuencia, dice el escrito de Cardenal, no existe ninguna cuestión sustraída al debate de la Junta de Fiscales de Sala, "antes al contrario es voluntad del legislador que esa junta, sin restricción ni límite, asuma el importante cometido de asesoramiento que le ha sido atribuido".

Cardenal no cree que se vaya a producir una desautorización por parte de la Junta de Fiscales a los fiscales de Sección, ya que "la ordenación de los órganos del Ministerio Fiscal no se inspira en un criterio de doble instancia."