El PP defiende la conducta "irreprochable" del Gobierno y el PSOE considera "indignante" la decisión del tribunal

Ollero ha expresado su "respeto" de su grupo a la decisión del Tribunal de Conflictos y se ha congratulado de que no haya prosperado la pena de 15 años de inhabilitación a la que fue condenado por delito de prevaricación, como acordó el Supremo.

"Acogemos la decisión del Tribunal de Conflictos como hubiéramos acogido otra de diverso signo, con el máximo respeto", ha subrayado el dirigente popular quien ha asegurado que lo que hizo el Gobierno fue "defender sus legítimas prerrogativas y evitar un precedente muy grave" que, según ha explicado, afectaría también a futuros Ejecutivos.

"Como jurista, debo reconocer que no me ha sorprendido su contenido lo más mínimo -ha añadido- porque la conducta del Gobierno había sido irreprochable desde el punto de vista legal y el intento de distinguir entre lo que es indultar y lo que es fijar el alcance del indulto parece una cuestión bizantina", porque, según ha explicado si se hubiera establecido esa diferencia se habría reconocido que son los tribunales y no el poder Ejecutivo los que indultan.

"El Tribunal de Conflictos ha dejado bien claro que quien fija el alcance del indulto es el Gobierno", ha recalcado el portavoz del PP, quien ha incidido en que, a la hora de indultar, "el tribunal es oído siempre", pero ha recordado que sólo en el caso de que se trate de un indulto total su dictámen es vinculante.

"Indignante" y "muy grave"

El grupo socialista a través de su portavoz parlamentario, Jesús Caldera, considera "indignante" y "muy grave" la decisión del Tribunal de Conflictos y cree que provocará "desconfianza" en los ciudadanos respecto al funcionamiento de la Justicia.

Caldera ha vinculado directamente al Gobierno con la decisión adoptada por el Tribunal de Conflictos, contra cuyo funcionamiento ha arremetido al afirmar que "no es un verdadero tribunal" y que está integrado por "tres miembros ultraconservadores nombrados por el Gobierno".

Tras exigir "responsabilidades" al Ejecutivo, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que el PP y el PSOE firmaron el pacto de Estado para la reforma de la Justicia "para dar confianza, no para introducir desconfianza".

En este sentido Caldera cree que el Tribunal de Conflictos va a traer "mucha más conflictividad" al abrir la posibilidad de que el Tribunal Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

También dijo que puede provocar un conflicto de competencias por parte del Consejo General del Poder Judicial, "que ha visto violadas sus competencias por esta decisión", ha apuntado.

El portavoz socialista ha recordado que es el Tribunal Supremo el único que "tiene capacidad para interpretar la ley penal" y el CGPJ el único órgano que puede nombrar a un juez, y en ningún caso ambas competencias corresponden al Tribunal de Conflictos.

Caldera ha subrayado el comportamiento del Gobierno que demuestra, a su juicio "ese afán totalitario de imponer a toda costa sus puntos de vista". En este sentido cree que "es la primera vez que se toma una resolución de este tipo, porque el juez Liaño es un juez culpable y así lo habían determinado los tribunales".

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha valorado la resolución del conflicto que deja en manos del Consejo General del Poder Judicial el reintegro de Liaño como una fórmula que podría conllevar "más tensión" y "rapidez" en la elección de los vocales del Consejo.

"Mucho me temo que el Gobierno tomará buena nota de esta decisión y que intentará presionar para que el CGPJ se renueve lo antes posible -ha señalado-. A juicio de Llamazares el Ejecutivo tratará de influir en la selección de sus miembros, ahora que tiene en sus manos el tema Liaño".

El líder de IU ha subrayado que, "a pesar de sus intentos de sobrepasar los límites que separan a los tres poderes", el presidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a recibir "calabazas" de un órgano judicial.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, ha mostrado su respeto por la resolución adoptada y ha destacado la resolución por unanimidad, "sin perjuicio de que se anuncien votos concurrentes". En este sentido ha aclarado que la decisión de aplicar el indulto a Javier Gómez de Liaño supone que ésta "corresponde al Gobierno, que es lo que se discutía".

"Como es lógico, esta decisión pasará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que adoptará una resolución y se remitirá al CGPJ, para que determine si se dan las circunstancias y condiciones adecuadas para el reintegro en la carrera judicial" de Javier Gómez de Liaño.

La portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Monserrat Comas, ha expresado su disconformidad y ha tachado esta resolución como un "ataque" a la independencia del Supremo.

Comas ha destacado que este ataque lo protagonice el Tribunal de Conflictos, "un órgano no jurisdiccional y de dudosa constitucionalidad", puesto que no está recogido en la Carta Magna.

La portavoz de JpD ha añadidoque la resolución es un "dislate jurídico" y contraria a lo que establece la propia ley de indulto, que otorga al tribunal sentenciador la competencia para ejecutar los indultos concedidos por el Gobierno.

En este sentido este colectivo de jueces espera que el Consejo General del Poder Judicial no decida el reingreso de Liaño en la carrera judicial hasta dentro de cinco años, puesto que será entonces cuando se cancelen sus antecedentes penales. Esto es así, según JpD, porque un indulto "perdona la pena, pero no deshace el delito ni cancela los antecedentes penales".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, ha confiado en que con esta decisión el caso "totalmente zanjado y despolitizado" y ha expresado que esta resolución "contribuya a superar un ambiente enturbiado en la administración de Justicia".

Para Requero el 'caso Liaño' ha estado "envenenado" desde el primer momento con un "interés que excedía el ámbito judicial" y tras expresar su respeto por las decisiones judiciales, ha recordado que todavía "falta por dilucidar la cancelación de los antecedentes y su rehabilitación".

La decisión del Tribunal de Conflictos coincide con el criterio defendido por esa asociación, según ha manifestado su portavoz de no ejecutar el indulto del Gobierno.