La Fiscalía se pronuncia a favor de la ilegalización de EKIN
El juez considera que esta organización sustituyó a KAS como aparato político de ETA
En el informe entregado hoy al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, el fiscal considera probada la "sucesión" de KAS por EKIN y que esta última es una asociación ilícita y, por tanto, se muestra a favor de su ilegalización al amparo de lo establecido en el artículo 520 del Código Penal.
El citado artículo dice que "los jueces y tribunales (...) acordarán la disolución de la asociación ilícita" en los supuestos previstos en el artículo 515, que afirma que una asociación ilícita es cualquiera que tenga por objeto "cometer algún delito" o promover "la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias".
El pasado jueves, Garzón pidió al fiscal que, en el plazo de quince días, "alegase lo que considerase oportuno sobre la eventual ilegalización de la organización alegal EKIN, como en su día lo fue KAS y como parte de la codirección subordinada de ETA-EKIN".
La ilegalización de EKIN supondría que sus miembros no podrían convocar actos, concentraciones o reuniones en nombre de la organización, aunque no afectaría a sus cuentas bancarias porque no hay constancia de que la organización tenga la titularidad de una cuenta corriente concreta.
El pasado mes de septiembre, el magistrado acordó el ingreso en prisión de dieciocho presuntos integrantes de EKIN, organización que, según el juez, se sirve de la doble militancia de sus miembros, que son "comisarios políticos" de ETA en las diferentes organizaciones sectoriales del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), para desarrollar sus actividades ilícitas.
Entre ellos destacan el abogado de Gestoras Pro Amnistía, José María Matanzas, la ex portavoz de Jarrai Ana Lizarralde, el ex portavoz de KAS Xabier Alegría, y el concejal de EH Jaime Iribarren; estos dos últimos, según Garzón, los responsables del denominado "núcleo nacional" de EKIN.
No obstante, de estos dieciocho sólo permanecen en prisión catorce, ya que la Audiencia Nacional ordenó en enero la libertad bajo fianza de un millón de pesetas para cuatro de ellos, Oiakue Azpiri Robles, Marta Pérez Echeandía, Imanol Iparraguirre Arretxea y Pedro Jesús Martínez de Lahidalga, cuyo grado de responsabilidad es menor, según alegó el fiscal al apoyar su puesta en libertad.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que adoptó esta decisión, tiene todavía pendiente de resolver el recurso contra la prisión de los otros catorce, que el fiscal pidió que se mantuviera porque considera que éstos son los principales responsables del aparato político de ETA.
Según el juez, la dirección de EKIN está "integrada por personas que ya eran responsables de KAS, algunas con carácter de aforados y respecto a los cuales se resolverá en resolución aparte y en el momento procesal oportuno", ya que la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar a parlamentarios.
EKIN se encarga de la dirección política del conjunto del MLNV, "de la 'construcción' nacional de sus estructuras entre las que se incluye Herri Batasuna (HB)", según Garzón, que afirma que tras la ilegalización de KAS, ETA decide crear una nueva estructura sustitutoria, que después de adoptar diversos nombres, termina llamándose EKIN.
Para el magistrado, existen "evidencias" de que EKIN "controla políticamente y planifica actividades de organizaciones 'ajenas', tales como Herri Batasuna-EH, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai Hika y sus organizaciones satélites".
