El Gobierno advierte al PSOE de que la regulación de derechos de la Ley de Extranjería es inamovible

No obstante, el PSOE considera posible seguir negociando con el Gobierno en torno a la política de inmigración y, en todo caso, los socialistas aún pueden decidir el lunes presentar un recurso contra la Ley de Extranjería.

Esta ha sido la segunda reunión que mantienen Rajoy y Caldera desde el relevo en el Ministerio del Interior.

Según Caldera, pese a las diferencias insalvables sobre el fondo del texto legal, Mariano Rajoy ha mostrado su disposición al diálogo, extensiva al resto de las fuerzas políticas, agentes sociales y comunidades autónomas. El portavoz socialista ha "creído entender" que el Ejecutivo está dispuesto a negociar otros aspectos de la política de inmigración, como el reglamento de desarrollo de la Ley de extranjería o la consecución de un acuerdo general sobre el fenómeno de la inmigración.

En concreto, el ministro del Interior se ha mostrado dispuesto a "negociar con quien quiera lo que quiera" sobre inmigración, aunque sin contemplar una reforma de la Ley de Extranjería, que el Gobierno considera ajustada a la Constitución e "instrumento básico" de la política en esta materia".

Rajoy ha entregado el reglamento que desarrolla la ley a los grupos parlamentarios y ha declarado tras el Consejo de Ministros que cuando acabe el actual periodo transitorio en materia de inmigración, en junio, "el Gobierno se esforzará en que el que esté en España como inmigrante, esté legalmente y en el resto, aplicaremos la ley". El lunes se reunirá con empresarios y sindicatos para comentar el nuevo reglamento.

Rajoy también ha expresado su "respeto" por las 624 peticiones que se han presentado al Defensor del Pueblo para que recurra la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional, al igual que respeta a quienes no se lo han pedido y al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, organismos que no consideraron la que la ley fuera incostitucional.

Mariano Rajoy rechazó el pasado miércoles en el Congreso que fuera a mantener una interlocución privilegiada con el PSOE en materia de inmigración, una vez que los socialistas hubieran apoyado la presentación de recursos en algunos parlamentos autonómicos, y enmarcó las conversaciones con el primer partido de la oposición dentro de la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y agentes sociales.