La firma del convenio para contratar a 1.091 profesores desemboca en una bronca entre el Gobierno central y el de Ayuso

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, representado por Diana Morant, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, han firmado en la tarde de este jueves su acuerdo de cofinanciación del sueldo de 1.091 profesores ayudante doctor en un ambiente tremendamente crispado. Irrespirable. Ambos ni se miraban a la cara. El consejero ha dicho: “Pedro Sánchez invita y las comunidades pagan. Es un chantaje...”. Silencio en la sala. Morant, que jugaba en casa y sonreía, solo ha empezado su discurso con una pequeña pulla en el acto: “No sabemos si los que lo han firmado están o no en el convenio”. Y una hora después, ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que estaba en el acto en el ministerio, quien ha respondido: “[Isabel Díaz] Ayuso muestra su verdadera cara: mientras coge el dinero te intenta apuñalar”. No podía esperarse un acto distendido en el ministerio después de que Viciana acusase al Gobierno central de “extorsión” y “convenio trampa”; y después de que Morant enviase una dura carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso: “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.

La bronca se ha trasladado después desde el ministerio, donde se ha celebrado el acto, a las redes sociales. Ayuso ha acusado a Morant en X de “instrumentalizar la Universidad”. Y la ministra ha contestado: “El éxito de hoy es que, a pesar de lo que dice, se ha visto obligado a firmar la estabilización de 1.091 profesores investigadores en las seis universidades públicas madrileñas. Hoy ha vencido la Universidad pública y han perdido usted y su sectarismo”.

“Es una hipoteca de 2.000 millones de euros en 35 años, a 57 millones por año hasta que se jubilen”, había asegurado en el previo acto de firma Viciana, orgulloso de haberse formado en la Universidad pública (la Complutense). “Denunciamos antes y lo volvemos a hacer, que este convenio no es un convenio. Es una imposición, es un chantaje, es una cacicada. Es un Pedro Sánchez invita y las comunidades pagan”, continuaba su tanda de reproches ante una sala muda. “Se quiere librar de un tipo de profesor. No se quiere atraer talento, sino pagar los gastos de la LOSU [Ley Orgánica del Sistema Universitario]. Es una cacicada, un trágala más con el dinero de todos”. Nadie le había aplaudido.

El ministerio, que no está obligado a financiar los salarios de los docentes porque las competencias en Universidad están transferidas a los gobiernos autonómicos, va a desembolsar en estos seis años 169 millones (para 656 profesores) y la Comunidad otros 112 millones (para 435 ayudantes). Como el Gobierno autónomo se resistía a firmar ―en junio dijo que lo haría, con peros legales―, el jueves pasado el Gobierno regional se vio obligado a incluir en los presupuestos una enmienda. La cuantía saldrá de un fondo para “imprevistos e insuficiencias”, como si fuese un problema sobrevenido a lo largo de 2025.

“A pesar de la aportación económica, [el Gobierno] envenena las universidades vulnerando la autonomía universitaria e imponiendo una única figura de profesor. Se quiere acabar con la figura del profesor asociado, que es el que permite que los profesionales compartan su experiencia en el mundo universitario”, ha criticado el consejero Viciana. En realidad con la contratación de estos ayudantes doctores se quiere paliar la precariedad laboral, porque muchos son falsos asociados que no tienen otra ocupación.

Ola de jubilaciones

La ministra Morant, durante el acto, optó por obviar las palabras del consejero y centrarse en el programa. “La mitad de catedráticos y el 25% de los profesores titulares en las universidades públicas de Madrid tienen más de 60 años”, ha recordado. “Esta incorporación [de ayudantes doctor] no es un capricho, sino la medida de supervivencia en unas universidades que lo necesitan”. Porque estos investigadores que se jubilan “son los que lideran la captación de recursos y por eso se debe de garantizar su relevo de calidad”. Y ha querido subrayar: “Entre 2018-2022 las universidades públicas madrileñas han recaudado 1.139 millones en concursos de investigación nacionales e internacionales y las privadas 38 millones. El liderazgo recae en la Universidad pública. Nos jugamos, pues, el ascensor social y la capacidad investigadora”.

Apenas unas horas después de que la presidenta regional asegurara que Pedro Sánchez “le ha declarado la guerra a una parte de los españoles”, la firma del convenio ha sido la excusa perfecta para dar un paso más en la estrategia de choque institucional del Ejecutivo regional con el central. Según la versión difundida por un portavoz de la Comunidad, el consejero había pedido firmar telemáticamente el convenio pero el ministerio de negó, informa Juan José Mateo.

El Gobierno central primero ha contestado a Viciana a través de su delegado en Madrid. Francisco Martín, después de haber abandonado el acto, ha asegurado: “Ni cacicada ni chantaje”. “El Gobierno de España vuelve a mostrar su total compromiso con la Universidad pública madrileña y Ayuso muestra su verdadera cara: mientras coge el dinero te intenta apuñalar”, ha recalcado. Luego ha sido la ministra la que ha entrado al trapo para acusar a Ayuso de sectaria.

Este bronco choque de este jueves venía precedido por otras palabras del portavoz del Gobierno la Comunidad de Madrid el miércoles en las que sostuvo que el Gobierno central es “muy solícito a la hora de negociar con los partidos independentistas y con aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña o con los herederos políticos de ETA”; y, sin embargo, no “atiende a razones y no es capaz de negociar absolutamente una sola coma de un convenio que se firma entre distintas partes y una de esas partes era la propia Comunidad de Madrid”. Ayuso pretendía no estabilizar, es decir hacer fijas, las 1.091 plazas pasados seis años ―hasta entonces el ministerio sufraga el 60% de los salarios y la Comunidad el otro 40%―, contratar también a otras figuras laborales y hacer otro reparto distinto de las plazas entre las universidades madrileñas.

Al acto en el ministerio han acudido los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, Alcalá y Carlos III) y ha tomado la palabra en nombre de todos ellos Ángel Arias: “Es un día de alegría, de acuerdo y compromiso. Un hito en la incorporación de joven talento”. Pero también ha resaltado: “Las universidades son una cuestión de Estado, porque representan el bien común, y deben ser apoyadas por la clase política y la sociedad”.

En septiembre, firmó este mismo programa la primera comunidad, Asturias, y desde entonces han ido rubricando el convenio el resto de gobiernos autonómicos, incluidos los del PP. Pero mientras esas firmas se sucedían, para desesperación de los rectores la consejería de Viciana comunicó a la oposición que aguardaba, antes de aceptar los fondos, los informes jurídicos encargados a la Abogacía de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Economía y Hacienda. Estos no se han hecho públicos en ningún momento.

En paralelo, se sucedían declaraciones en contra del pacto, como las de el director general de Universidades, Nicolás Casas: “es un plan para tapar los estragos milmillonarios de la LOSU [Ley Orgánica del Sistema Universitario] en materia de dedicación docente. También para su ingeniería social, primando un tipo de profesor, para minar la autonomía universitaria a cambio de dinero, para intervenir de facto la autonomía de cada región”. El diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas hacía, sin embargo, un análisis contrario en esa comisión de Educación: “Quieren que las universidades no puedan rejuvenecer sus plantillas y se vean abocadas a una disminución sensible de su PDI [Personal Docente Investigador] por las jubilaciones. Y a los jóvenes investigadores no les va a quedar otra que ponerse en manos de la Universidad privada”.

El 31 de octubre se conocieron los Presupuestos de la Comunidad de 2025 y se cumplieron los peores presagios: la partida para las universidades públicas solo subía un 0,9%, cuando los rectores reclamaban un 18% para subsistir ―han estado viviendo de 456 millones ganados en sentencias al Gobierno de Esperanza Aguirre―, y no se iba a destinar un euro al programa María Goyri. Estas dos pésimas noticias terminaron de movilizar a los rectores, siempre comedidos, en contra del Gobierno de Ayuso y publicaron una carta abierta en la que, entre otras cosas, pedían la firma del programa María Goyri. Luego la consejería se ha escudado en que estos gestores no estaban de acuerdo con contratar a ayudantes doctor, en contra de lo reclamando en su misiva. Tras las presiones públicas, el presupuesto subirá un pírrico 4,2% (47,3 millones de euros), que no resuelve la asfixia financiera, y el programa ya es un hecho. Este viernes, terminaba el plazo.