MiCA en España: una regulación exigente, con liderazgo bancario y oportunidades aún por activar

Diez meses después de la entrada en vigor del Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), España muestra un avance firme pero desigual en la construcción de su nuevo ecosistema financiero digital. MiCA regula los servicios sobre criptoactivos en la UE, buscando seguridad jurídica, protección al inversor y estabilidad financiera.

A comienzos de noviembre, España cuenta con 54 proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) autorizados, de los cuales solo tres son de origen nacional, y todos, excepto uno, pertenecen al sector bancario.

Los bancos han sido los primeros en obtener licencias MiCA por tres razones clave: solidez de capital, experiencia regulatoria e infraestructura de custodia. Entidades como BBVA, Cecabank y Openbank han aprovechado su condición de supervisadas por la CNMV para agilizar el proceso, mientras que el resto de las entidades no financieras deben superar evaluaciones técnicas y jurídicas más complejas. Esta diferencia genera una asimetría de acceso: los bancos solo notifican su intención de ofrecer servicios cripto, mientras que las empresas no financieras deben presentar una solicitud completa y detallada. El resultado es una ventaja operativa para las entidades de crédito en la fase inicial de implementación de MiCA. Un ejemplo ilustrativo es Bit2Me, que anunció su intención de obtener la licencia hace meses, pero solo fue autorizada oficialmente en julio. Este desfase temporal plantea una cuestión de fondo: ¿está el marco regulatorio dificultando la entrada de nuevos competidores?

En cualquier caso, todas las entidades, sean financieras o no, deben garantizar que las personas físicas que informen, asesoren o presten servicios en nombre del proveedor de servicios de criptoactivos posean los conocimientos y la competencia necesarios. ESMA, el supervisor bursáitl europeo, ha publicado unas directrices que establecen exigentes criterios mínimos de formación: 80 horas para personal informador y 160 horas para asesores, junto con requisitos de formación continua y comprensión técnica del ecosistema cripto.

En paralelo, los EMTs (tokens de dinero electrónico regulados por MiCA) se perfilan como una pieza clave en la arquitectura financiera digital europea. Bancos como CaixaBank han desarrollado pilotos de EMTs, anticipándose al euro digital previsto para 2029. Frente a las stablecoins denominadas en dólares, los EMTs regulados ofrecen una vía para reforzar la autonomía estratégica europea en pagos digitales. Este movimiento, alineado con la visión expresada por el gobernador del Banco de España, responde no solo a una lógica de innovación, sino también a una necesidad geoeconómica: Europa busca soberanía monetaria en un entorno donde los criptoactivos globales están dominados por actores estadounidenses.

El avance es estructural, pero no exento de desafíos. La supervisión es exigente, los procesos son lentos y persiste la incertidumbre sobre el régimen transitorio, que en España finaliza el 31 de diciembre de 2025, tras haber adelantado seis meses la fecha máxima indicada por el Reglamento europeo. El objetivo: crear un marco regulatorio y supervisor estable que proporcione seguridad jurídica y proteja a los inversores en la provisión de servicios de criptoactivos.

Para que MiCA cumpla su promesa de integración financiera europea, será necesario mayor claridad normativa, un enfoque práctico y una colaboración público-privada decidida. Desde Afi, concluimos que MiCA es una oportunidad histórica para Europa, pero su éxito dependerá de cómo se gestione la tensión entre ambición regulatoria y dinamismo competitivo.