California: un año de experimento con el salario mínimo

Lesvia Arias usa pocas palabras para describir el histórico aumento de 25% al salario que entró en vigor el año pasado en California para los empleados de las cadenas de comida rápida. “No es suficiente”, señala esta salvadoreña de 41 años. Trabaja desde hace dos años y medio en un atareado Jack in the Box al sur de Los Ángeles. A mediados del año pasado la hicieron asistente del gerente, lo que le permite ganar casi 22 dólares por hora (unos 20 euros). Tiene en promedio un sueldo mensual de algo más de 3.500 dólares. Esto sin contar el complemento que ingresa manejando un Uber los días que no trabaja en el restaurante de hamburguesas. “Yo es que no sé estarme quieta”, asegura Arias. Por las noches, cuando llega a casa todavía con energía, se pone a tejer ropa para vender. Si el día tuviera más horas, Lesvia se ocuparía en algo más.

El aumento entró en vigor el 1 de abril en California, la mayor economía de Estados Unidos. La fecha significó un hito para las negociaciones iniciadas en 2022, cuando el Legislativo local y el gobernador demócrata, Gavin Newsom, aprobaron un mínimo de 22 dólares para el sector de la comida rápida. Un intenso lobby de las compañías forzó una negociación a la baja que fijó el piso en 20 dólares por hora trabajada, cuatro dólares por encima del entonces mínimo estatal. La medida benefició a nueve de cada diez trabajadores entre los 750.000 que hay en estos restaurantes, la mayoría de ellos negros y latinos. Algunos establecimientos no habían incrementado salarios desde 2009.

La subida solo afecta a las cadenas nacionales con más de 60 sucursales. Pero provocó un intenso debate entre los sindicatos, quienes empujaban la medida desde hace varios años, y las empresas y los propietarios de las franquicias de las cadenas nacionales de comida rápida. Estos agoraban un oscuro panorama después de la lenta recuperación de la pandemia. El primer balance se dio a conocer apenas cinco meses del incremento.

“Encontramos que la medida subió en promedio la paga por hora un notable 18% sin reducir el empleo”, señalaron en un artículo académico de septiembre un par de economistas de las universidades de Berkeley y Davis, de izquierdas. Las compañías calificaron el informe de parcial y pidieron otro análisis a Stephen Bronars, un economista de la Universidad de Chicago y socio principal de la firma Edgeworth Economics. Este concluyó que la iniciativa ha frenado el crecimiento del sector debido al despido de entre 9.600 y 19.300 trabajadores en los primeros seis meses de ajuste.

Bronars estima que la subida llevó a un callejón sin salida el debate sobre el mínimo en el bastión progresista. El Estado rechazó en noviembre mediante un referendo, conocido como Proposición 32, un incremento generalizado del 9,1% (a 18 dólares), vigente desde 2025, que debía ser adoptado por todo empleador con más de 26 trabajadores. El 50,7% votó no en lo que es la primera negativa a un aumento salarial desde 1996 en California.

A pesar de la votación, el punto final de la discusión no ha llegado. “El 1 de abril fuimos víctimas de un ataque discriminatorio que elevó el mínimo. ¿Cómo puede ser esto justo? Encajamos un incremento de cuatro dólares cuando en el resto del Estado fue de 0,50 céntimos", señala Harris Liu, hijo de inmigrantes asiáticos, que tiene 18 McDonald’s en el área de Sacramento, la capital del Estado.

Liu tiene cerca de un millar de empleados. Critica la medida porque la considera injusta. California, con 40 millones de habitantes, tiene 38 ciudades con un mínimo por encima del estatal (16,5 dólares en 2025). Estas ciudades votaron en noviembre por el incremento generalizado. Una de ellas es San Francisco, donde el 71% votó sí a la Proposición 32. En la cuna de las tecnológicas la renta promedio de un apartamento con una recámara es de 2.995 dólares.

Liu señala que el incremento lo obligó a subir los precios. Los economistas de la Universidad de California calculan que el aumento trasladado al consumidor fue modesto, de un 3,7%, unos 15 céntimos en una hamburguesa de cuatro dólares. “La demanda por la comida rápida hace que su precio sea inelástico, por lo que un incremento a los precios se tradujo en mayores ingresos a los dueños de las franquicias, que pagan una cuota fija para mantener los royalties de las compañías matrices”, indican los economistas. Los sindicatos subrayan que ocho de los nueve conglomerados propietarios de las cadenas de comida rápida han registrado incrementos de dos dígitos en sus ingresos desde la pandemia.

Liu declara que, junto a las presiones inflacionarias, se ha visto obligado a reducir unas 100 horas que antes estaban disponibles para sus trabajadores. “Eso es alrededor de 2.000 dólares menos por empleado al año, ¿de dónde los sacamos?“, señala. ”Muchos de ellos han tenido que tomar un segundo trabajo", indica el empresario, quien ofrece como beneficios de empleo clases de inglés, fondo de retiro y asesoría legal para tramitar la ciudadanía.

Este empresario, junto a muchos otros, se encuentra en medio de una intensa campaña para frenar una nueva subida al salario. Liu contó recientemente las dificultades de su situación al Consejo de comida rápida de California, un organismo creado con la legislación y conformado por empleados, dueños de restaurantes y funcionarios. Este debe seguir de cerca la implementación de la política salarial. Sus integrantes no descartan elevar el mínimo a 20,70 dólares. La decisión no ha sido tomada todavía y la seguirán debatiendo en reuniones en abril o mayo.

Cada junta del consejo, no obstante, da inicio con dueños de establecimientos que piden “no repetir el error del pasado”. Un empresario que se identificó como CR May, en la industria desde 2002 y con dos restaurantes en el este de Los Ángeles, dijo que la medida provocó algo “nunca antes visto”. “Dejamos ir a 30 personas. Y en octubre abrimos un segundo restaurante, donde tuvimos la mitad de las ventas que pensábamos por los precios que fijamos. Simplemente, no tuvimos demanda suficiente y cortamos a 50 empleados de 100 puestos. Resumiendo, es un despido de 80 personas”, señaló vía telefónica.

Los restauranteros afirmaron en una carta que el 70% de los establecimientos de comida rápida en la entidad ha despedido personal. Su demanda, hecha pública al gobernador Newsom, es un grito de auxilio: “Simplemente no podemos sobrevivir otro incremento al salario”.