La ‘ley Uber’ enciende a los conductores en Chile

Uber lleva nueve años operando en Chile. Fue la primera empresa de este tipo de servicios a la que se han sumado otras como Cabify y Didi. Siempre bajo las quejas de los taxistas tradicionales, que reclaman tener que cumplir un estándar mucho mayor para trabajar. Con el objetivo de regular las aplicaciones que ofrecen de manera informal el traslado de pasajeros, el Gobierno de Gabriel Boric está ad portas de implementar una ley, conocida como ley Uber, para nivelar las condiciones que deben cumplir las plataformas digitales que ofrecen estos servicios. Y, por supuesto, el debate con los conductores está encendido. Desde la academia, hay quien cuestiona la normativa por las consecuencias que podría tener en las tasas de empleo.

La inminente entrada en vigencia del reglamento de la Ley 21.553 ha tenido a los conductores de estas aplicaciones de transporte batallando con la Administración de izquierdas para que flexibilice las condiciones y retrase su aplicación, prevista para este año. A los conductores se les exigirá contar con una licencia de conducir profesional, estar inscritos en el Registro Oficial y que el coche utilizado cumpla una serie de características relacionadas principalmente con su antigüedad. El Gobierno entregó a primeros de enero el documento legislativo a la Contraloría, órgano que fiscaliza a la Administración del Estado, para su revisión y aprobación, lo que puede tardar hasta seis meses.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, ha intentado poner paños fríos a la discusión, comunicando una serie de modificaciones la semana pasada en el Congreso. La cilindrada de los coches, que antes era de 1,4 litros, ahora se añadió “o su equivalente”, bajo el argumento de que hay vehículos de combustión interna que, teniendo una cilindrada un poco menor, muestran una potencia similar. La antigüedad de los coches para una primera inscripción pasó de exigir que sean nuevos a un año. Respecto a los que actualmente operan con las aplicaciones, el reglamento cambió de máximo siete años a 10. Por último, el congelamiento en las inscripciones de los coches, que operará desde la entrada en vigor de la ley, afectará solo a conductores, y no a vehículos y conductores, como inicialmente.

El Sindicato de Conductores de Aplicaciones (Sincapp Chile), que reúne a cerca de 600 socios, ha solicitado que se retirara el documento de la Contraloría y se extendieran los plazos para cumplir con los eventuales nuevos requisitos. Informó que cerca del 40% de sus socios quedaba fuera del registro por no cumplir con los futuros estándares y que el 67% de sus socios trabaja a tiempo completo y el 33% restante lo utiliza como ingreso complementario.

El 89% de los chóferes

Un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) estimó que, al aplicarse el nuevo reglamento, un 88,9% de quienes hoy se dedican a transportar pasajeros a través de estas aplicaciones deberán dejar de trabajar. Serían 35.992 personas, de las que 18.787 son chilenas y 17.135, extranjeras. Además, calcula que la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales. Estos cálculos se realizaron antes de las modificaciones presentadas la semana pasada, por lo que la cifra debería disminuir.

Para tranquilizar al sector sobre la velocidad de los tiempos, el ministro Muñoz dijo que una vez que la Contraloría apruebe el documento, existe un mes para tramitarlo y que entre en vigencia. Luego, las empresas contarán con seis meses para inscribir a sus conductores en el Registro Oficial y que durante los primeros 12 meses no se exigirá licencia de conducir profesional a los inscritos, lo que debiera darles tiempo para regularizar su situación.

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