Gobernanza en la gestión de riesgos financieros

No es la primera ocasión en la que hacemos referencia a la necesidad de contar con protocolos o políticas de gestión financiera en la empresa que sirvan como mecanismo de gobierno de la toma de decisiones y de control de los efectos potenciales de las medidas adoptadas. Esta es una cuestión de permanente actualidad, y no solo debería ser objeto de reflexión para compañías de gran tamaño. En los últimos meses, han visto la luz diversos conflictos relacionados con el empleo de instrumentos derivados por parte de empresas, hecho que ha constatado, una vez más, la necesidad de establecer medidas de protección que eviten resultados no deseados. Y este es un elemento que no solo interesa a la empresa, sino también a las entidades financieras, puesto que contar con protocolos internos de gestión otorga visibilidad y ayuda a comprender la realidad de los riesgos a los que se enfrenta el negocio, y cuál es el enfoque de mitigación de ellos.

Porque la gestión solo puede entenderse desde la óptica de la atenuación del riesgo y nunca desde la pretensión de obtener un beneficio extraordinario. Este último constituye un objetivo también, pero no de la política de gestión de riesgos, sino de los procedimientos de inversión financiera. Y ambos mundos, gestión de riesgo e inversión especulativa, no suelen tener puntos de encuentro porque sencillamente sus fines son diferentes. El disponer de una política de gestión no supone que el riesgo va a desaparecer por completo. Lo mismo podría plantearse en el caso de los protocolos de prevención de riesgos laborales: el hecho de que existan no los elimina al 100%, pero previene de forma sustancial los comportamientos arbitrarios, y que en ocasiones pueden constituir una fuente de peligro para los ciclos de producción.

En este sentido, la política de gestión de riesgos financieros debería establecer un marco de actuación (qué debe proteger la empresa), explicitar cómo debe ser el proceso de contratación con entidades financieras, y determinar con claridad qué requisitos deben cumplir los instrumentos contratados para tal fin. Representa además un mecanismo de alineación de los objetivos de la gerencia con los de la propiedad, en aquellos casos en los que los responsables implicados en la toma de decisiones no forman parte de los dos grupos.

Esta manera de proceder permitirá a la empresa anticipar problemas, valorar alternativas para mitigar los efectos de situaciones de riesgo y, por encima de todo, prevenir que las decisiones se tomen una vez ha sucedido el escenario de riesgo. No se puede concebir un proceso de expansión o consolidación en el exterior si la organización interna de la empresa no cuenta con un adecuado conocimiento de los problemas que ello conlleva, y de las decisiones que deben tomarse para su prevención.

Pablo Guijarro y Carlos Díez son profesores de Afi-Escuela de Finanzas.