Fisioterapeutas en Madrid: 30 años sin oposiciones

Susana Valles lleva trabajando como fisioterapeuta de un colegio de Educación Especial de la Comunidad de Madrid desde 1990. Como personal sanitario, actúa con menores con discapacidad cognitiva y todo tipo de patologías motoras, lesiones neurológicas, síndromes y alteraciones conductuales; pacientes que llegan con tres años y se van con 21, y cuyos pesos van desde 10 hasta más de 120 kilogramos. Una labor que incluye rehabilitación, reeducación, prevención y, muchas veces, evitar que esas patologías sigan empeorando, en una rutina laboral como la de cualquier otro colega de profesión. Lo que ya no es tan normal es que lleve desde entonces, 32 años, como interina y que nunca haya tenido la oportunidad de presentarse a unas oposiciones para consolidar su puesto de trabajo. Hoy, por fin, están convocadas, pero ni la forma ni la modalidad han sido bien recibidas: “Después de 32 años de servicio, la Comunidad de Madrid nos dice que debemos demostrar que sabemos trabajar en nuestros puestos, algo completamente descabellado”, reclama.

El suyo no es un caso aislado. Se calcula que, en la Comunidad de Madrid, son más de un centenar y medio de fisioterapeutas profesionales que trabajan bajo el paraguas de la Consejería de Educación, desarrollando su labor en centros de Educación Especial y en colegios de integración con alumnos con diversidad funcional. La gran mayoría son interinas: “Las últimas oposiciones para ocupar nuestras plazas se llevaron a cabo en 1992, y desde entonces estamos trabajando como interinas y sin la posibilidad de estabilizar nuestros puestos”, explica Lourdes González, a punto de cumplir 20 años como fisioterapeuta en el Colegio Público de Educación Especial Guadarrama. Años y años sin seguridad laboral y teniendo que formarse por su cuenta para ejercer su trabajo con efectividad: “Debido a la particularidad de nuestros pacientes-alumnos, todas [la mayoría son mujeres] hemos tenido que especializarnos mediante cursos específicos, revisiones bibliográficas, estudios de casos individuales, búsqueda de profesionales externos con quienes colaborar...”. Una situación irregular que afecta también a los fisioterapeutas que trabajan para los servicios sociales madrileños (AMAS), es decir, residencias de ancianos y centros de discapacidad.

María del Carmen Martínez, por su parte, lleva 29 años (desde marzo de 1993) como fisioterapeuta en un colegio de Educación Infantil y Primaria con integración de alumnos con disfunción motriz. Casi tres décadas sin poder consolidar su puesto “ni disfrutar de las ventajas físicas, psicológicas y económicas que conlleva una plaza fija”, admite. Casi 30 años desde aquella convocatoria de empleo público hasta la que, por fin, se produjo en noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo madrileño se apresuró a convocar toda una serie de oposiciones antes de que entrara en efecto la nueva Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una convocatoria que, lejos de aliviar su situación, solo ha servido para soliviantar aún más los ánimos.

¿Por qué? Para entender el malestar generalizado entre estas profesionales, hay que acudir a los detalles de la convocatoria y compararla con la nueva norma. Las oposiciones se celebrarán con un temario inespecífico, que consideran inadecuado, y en la modalidad de concurso libre (con dos exámenes eliminatorios), en lugar de hacerlo por concurso de méritos simple. “De las formas de oferta pública de empleo reconocidas por la ley (concurso-examen de conocimientos, oposición libre o concurso de méritos simple), la nueva ley realiza el proceso respetando el libre acceso de candidatos, pero en concurso de méritos, lo que pone en valor la experiencia y formación de posgrado adquirida en esos años de interinidad”, explica Aurora Araújo, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Además, reconoce el derecho a una indemnización para aquellas personas en activo que no superen el proceso de selección (compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio y acceso a bolsas de empleo allí donde lo contemple la convocatoria). La de Madrid, sin embargo, se produjo con anterioridad a la aprobación de esta ley, y por lo tanto no está obligada a su cumplimiento.

Otro de los aspectos más criticados se relaciona con lo que consideran un múltiple agravio comparativo. Por un lado, porque en la convocatoria madrileña, cualquier fisioterapeuta recibirá la misma puntuación por su experiencia profesional, independientemente de dónde se haya acumulado esta. Algo que sería justo si no fuera porque, en el caso de las oposiciones para sus homólogos de Sanidad, publicado en el BOCM de 30 de mayo, la experiencia profesional de los fisioterapeutas de Educación contará menos que la de sus compañeros, por el simple hecho de pertenecer a otra consejería. Sandra Ramos, fisioterapeuta interina desde hace 15 años en un centro de discapacitados físicos y psíquicos, se presentó en 2018 a unas oposiciones del Servicio Madrileño de Salud donde el baremo también puntuaba menos por ser personal laboral de un centro no sanitario: “Es una diferencia que carece de sentido, ya que ambos profesionales realizamos el mismo trabajo. Cuando un usuario de mi centro llega con un ictus o una fractura nos piden que hagamos la rehabilitación necesaria, a pesar de ser patologías pertenecientes a la Atención Especializada (red hospitalaria). Y esto es por las características propias de nuestros usuarios y porque nosotros estamos más preparados para atenderles”.

Luego, recuerda Araújo, está también el caso de las personas afectadas que trabajan en residencias para mayores, “que vieron cómo se realizaba un proceso de estabilización de empleo público que sí afectó a otras categorías profesionales, pero que dejó fuera a las de Fisioterapia y Trabajo Social”. “Nos están castigando con unas oposiciones de acceso libre de máxima dificultad, cuando los que están incumpliendo la ley son ellos, sin haber ofrecido nunca la posibilidad de consolidar el puesto. Es humillante que, después de 30 años, te digan que tienes que demostrar tu validez”, denuncia Martínez. La reducción de la temporalidad en el sector público por debajo del umbral del 8 % está marcada por la directiva europea 1999/70/CE, lo que hace que, en la práctica, estas profesionales se encuentren en situación de fraude a la ley. “Si la oposición sigue su curso, muchas de nosotras acabaremos en la calle con una media de edad superior a los 40 años y con pocas probabilidades de reincorporarnos al mercado laboral, por razones obvias de edad, tiempo disponible, temario inespecífico... Y la Comunidad de Madrid perderá un gran capital profesional de fisioterapeutas especializados desde hace años en un sector muy específico”, esgrime González.

La fisioterapia, fundamental

La labor de los fisioterapeutas en el entorno educativo resulta esencial para sus alumnos, menores con diversos grados de discapacidad que necesitan su ayuda para poder acceder al currículum, mejorar su autonomía y, en algunos casos, mantener incluso un grado de salud que les permita acudir al colegio. “Podemos encontrar cualquier tipo de patología motora asociada a la infancia, como puede ser la parálisis cerebral infantil (PCI), y patologías degenerativas como atrofias y distrofias, deformaciones congénitas y muchas otras alteraciones. Y las disfunciones motoras pueden llevar otras patologías asociadas, como las alteraciones visuales, auditivas, del lenguaje, TDAH, TEA y conductuales”, explica Martínez. Una labor que realizan en colaboración con el resto de personal del centro (docentes de Educación Física, logopedas, enfermeras, técnicos educativos y orientadores), además de, por supuesto, las familias de los pequeños.

“La parte más importante de nuestro trabajo [en el centro de discapacitados] pasa por conocer a nuestros usuarios, ya que muchos de ellos tienen patologías como autismo, PCI, síndrome de Down, retraso mental importante, esquizofrenia... que hacen que no puedan expresarse con palabras. Por eso es necesario conocerlos, para saber si están enojados, les duele algo o tienen alguna molestia que les impida realizar alguna actividad”, sostiene Ramos. Después, y junto a un equipo formado por psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, DUE y médicos, vendrá el resto de su trabajo, intentando exprimir el potencial de cada uno y mantener e incluso mejorar su capacidad funcional, rehabilitar patologías agudas e incluso asesorar a los familiares para facilitar de una forma segura los movimientos de sus usuarios en sus propios domicilios. El trabajo es intenso, y no siempre se cuenta con el personal necesario: “En mi centro no hay suficientes profesionales. De hecho, estoy yo sola para 80 residentes y usuarios del centro de día, y no me sustituyen ni en periodos vacacionales ni en bajas”, afirma Ramos.

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