El Gobierno calcula que reforzar la seguridad de las redes de las telecos ante apagones costará 73 millones

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado a consulta pública el texto del real decreto para mejorar la seguridad y garantizar el funcionamiento de las redes de telecomunicación en caso de emergencias, como el apagón de finales del pasado abril o una dana, unas medidas cuya implementación tendrán un coste de hasta 73 millones de euros para los operadores, según los cálculos del Gobierno.

Uno de los puntos principales del borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales es garantizar que el 85% de la población española disponga, en caso de emergencia, de continuidad en el servicio de telecomunicaciones -entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencias- durante al menos cuatro horas.

En ese sentido, el Ejecutivo apunta que en torno al 30% de los 10.400 emplazamientos de red que serían necesarios para dar cobertura al 85% de la población del país ya disponen de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante 4 horas, de manera que el número total de emplazamientos que habría que reforzar se sitúa en alrededor de 7.280.

“Según el análisis realizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el coste vinculado al despliegue adicional de baterías o equipos electrógenos para el conjunto de las redes de comunicaciones móviles a través de las cuales se proveen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en bandas armonizadas europeas, en España es de una horquilla entre 50.960.000 euros y 72.800.000 euros”, subraya el borrador de la normativa que propone el Gobierno.

Los cálculos apuntan que la inversión unitaria necesaria por emplazamiento, con un 30% de descuento por volumen, es de unos 7.000 euros, por lo que, en base a estas estimaciones, el Gobierno considera que el coste de entre 51 y 73 millones de euros es “proporcional y equilibrado”.

Por otro lado, el Ejecutivo remarca en el texto de la propuesta normativa que el impacto presupuestario derivado de la implementación de estas medidas para el Estado sería “nulo” dado que las funciones de supervisión, coordinación y respuesta pueden apoyarse en estructuras ya existentes.

No obstante, matiza que “conviene prever costes marginales en herramientas de gestión de incidentes, elaboración de guías técnicas y campañas de verificación o auditoría”, aunque recalca que no se prevén compromisos de gasto público, salvo que se articule un programa de cofinanciación o ayudas.

El texto que se somete desde hoy y hasta el próximo 8 de enero a audiencia pública también recoge que las redes y servicios de telecomunicaciones, así como determinadas infraestructuras digitales, son calificadas como instalaciones y servicios de “carácter esencial en situaciones de emergencia”.

“Por tanto, en una emergencia, todas las autoridades, órganos administrativos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán y contribuirán para facilitar su recuperación o mantenimiento”, ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital en un comunicado.

Nuevas obligaciones

Las obligaciones del real decreto afectan, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España (como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Digi, por ejemplo) y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.

La nueva normativa también afectará a aquellos que estén designados como operadores críticos o presten servicios de emergencia, entre otros, si bien no se aplica a las redes vinculadas a la seguridad nacional ni a defensa.

“Todos los sujetos mencionados deberán presentar un Plan General de Seguridad con análisis de riesgos y medidas prioritarias, así como planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente”, ha detallado el Gobierno.

De este modo, cada operador clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías y en caso de que haya una interrupción del suministro eléctrico las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.

En tanto, las instalaciones de nivel intermedio deberán estar operativas durante al menos 12 horas y el resto deberá tener garantizada la operatividad durante un mínimo de cuatro horas.

“En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población. Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social”, ha remarcado la cartera que dirige Óscar López.

El proyecto normativo también se centra en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas.

Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, también debearán confeccionar y presentar planes de seguridad.

Notificación de incidentes

“Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas”, ha detallado Transformación Digital.

Además, se definen criterios para clasificar incidentes como “significativos” o “menores” en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica y el tipo de servicio.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, comunidades autónomas y con entidades europeas e internacionales.