El Gobierno encarga a REE y CNMC inspeccionar a las eléctricas para rebajar el coste antiapagón del recibo de luz

El Gobierno da entre tres y seis meses a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica para que inspeccionen y analicen la operativa de las grandes generadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) con el objetivo de que informen de cómo está siendo la operativa de las eléctricas. A partir de ahí, el Ministerio para la Transición Ecológica pide tanto al regulador como al operador del sistema que propongan soluciones novedosas que puedan reducir el coste en la factura de la luz para evitar otro apagón, que se ha disparado desde el histórico incidente del pasado 28 de abril.

Así se desprende del borrador de real decreto aprobado este martes por el Ejecutivo para dar estabilidad al sistema eléctrico y al que ha tenido acceso este medio. Dicho decreto entrará de forma inminente en vigor en su versión definitiva con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dicho borrador da una serie de mandatos relacionados con la crisis de electricidad vivida en España la pasada primavera, y que, según el Gobierno, “hizo evidente que la garantía del suministro afecta a funciones tan básicas para el bienestar y seguridad del conjunto de la sociedad, tales como la salud, el transporte, la actividad comercial e industria, la seguridad y la defensa”.

Entre las medidas propuestas, el borrador consultado solicita a la CNMC que, en el plazo de seis meses, “haga un informe de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los sujetos del sector obligados a las mismas”. Para este informe, el regulador podrá requerir datos a las eléctricas. La cuestión es fundamental, ya que el propio Gobierno y Red Eléctrica señalan que la causa del apagón fue la falta de control de tensión por parte de las compañías, algo que estas rechazan de plano. Además, pide inspeccionar sus capacidades de reposición. La recuperación del sistema tras la desconexión masiva es otra de las cuestiones que se están investigando. No obstante, el Gobierno finalmente da seis meses en lugar de tres, como señalaba el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública este verano.

Pero uno de los puntos clave que incluye el real decreto es la búsqueda de soluciones para reducir el coste extra que pagan en la factura los consumidores por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica desde el 29 de abril, y que está incrementando la factura durante estos meses en los hogares.

En este sentido, la nueva regulación pide al operador del sistema que, “en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, se analizará la regulación de los servicios de ajuste y la programación de las restricciones técnicas para incorporar las nuevas situaciones del sistema y soluciones novedosas para su resolución desde una perspectiva de neutralidad tecnológica y de optimización de costes para el conjunto de los consumidores”.

Este es un tema de preocupación dentro del sector energético, ya que tanto Eurostat como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros agentes privados están constatando que la factura de la luz está subiendo más en España por esta cuestión. El Ejecutivo, después de que las eléctricas le reconocieran que las centrales nucleares no son idóneas para realizar control de tensión ante potenciales inestabilidades como las advertidas recientemente por Red Eléctrica, quiere que las renovables puedan entrar a esos servicios de ajuste para controlar tensión. Una aportación que creen que aportará a la estabilidad y puede evitar la planificación masiva de ciclos combinados para este fin, que han disparado las emisiones de CO2 desde el apagón.

El aumento del coste por la operación reforzada es significativo. Según un informe del grupo ASE, los costes del sistema han pasado de 1,51 euros por MWh en 2019 a 16,59 euros en lo que va de 2025. El año pasado, este coste era de 11,53 euros por MWH. Dicho gasto se carga directamente sobre el recibo de la luz de los alrededor de nueve millones de consumidores que tienen la tarifa regulada y todos aquellos que han optado por estar indexados al mercado mayorista.

Las comercializadoras que cobran un precio fijo a sus usuarios no han podido repercutirlo por prohibición de la CNMC, pero las renovaciones anuales de los contratos sí contemplan esta subida. Iberdrola y Endesa, las dos principales comercializadoras del país con cerca de 20 millones de usuarios, han acusado un impacto de unos 360 millones de euros por esta causa y advierten que lo irán repercutiendo sobre la factura en los próximos meses. Sin embargo, estas compañías y otras como Naturgy están aumentando significativamente sus ingresos de generación por el mayor uso de los ciclos combinados de gas. En sus últimos resultados, Naturgy ya advirtió que esta partida era la que más había aumentado su ebitda.

Evitar oscilaciones como las del 28-A

Otro objetivo incluido en el decreto es evitar oscilaciones, otro de los factores que según Red Eléctrica pudo contribuir de manera decisiva al incidente de hace ya más de seis meses. El operador del sistema y los investigadores europeos ubicaron una oscilación anómala poco antes del blackout procedente de una gran planta fotovoltaica en Extremadura, aunque evitaron desvelar el dueño de esta infraestructura.

Ante esta situación, ahora la normativa da “un plazo no superior a tres meses para analizar la instalación y correcta configuración de sistemas de estabilización PSS y POD (en generación síncrona y asíncrona respectivamente) para reforzar la robustez y amortiguamiento del sistema frente a oscilaciones”. También le da seis meses para que definir los requisitos mínimos de oscilografía y otros parámetros a monitorizar.

Baterías y evitar la especulación en redes

El real decreto incluye otra serie de regulaciones que venían siendo demandadas por el sector energético desde hace años y que se paralizaron este verano, ya que el Real Decreto-ley 7/2025 decayó en el Congreso de los Diputados ante la falta de apoyos parlamentarios.

Para poder avanzar, el Ejecutivo ha incluido aquellas medidas que no necesitan rango de ley. En este paquete normativo ha incluido regulación para la instalación de baterías, una hoja de ruta de repotenciación, incluye normativa eólica marina o para evitar la especulación en el acceso y conexión al escaso espacio que aún queda abierto a la demanda de grandes consumidores de electricidad en las redes de transporte y distribución con la fijación de la actividad a desarrollar a través del CNAE. Además, modifica aspectos técnicos sobre proyectos renovables (definición de potencia en módulos bifaciales, limitación de potencia máxima, plazos de revisión de subsanación de proyectos).