Una nueva protesta por la vivienda recorre el centro de Madrid: “No es un bien de mercado sino un derecho”

Miles de manifestantes han vuelto a recorrer el Paseo del Prado en Madrid este domingo en protesta por la crisis habitacional y las subidas de los precios de la vivienda y para exigir medidas para paliar esta situación por parte de las Administraciones Públicas. El movimiento Hábitat 24, que reúne a casi 40 colectivos en favor del acceso a la vivienda y a asociaciones vecinales, sindicales y sociales convocó a la movilización en Atocha a partir de medio día. Los ciudadanos se han dirigido a la Puerta del Sol, donde se ubica la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La marcha, convocada bajo el lema Por una vivienda digna y sostenible, es la segunda protesta masiva tras la acontecida el pasado 13 de octubre en la capital, que reunió 22.000 personas según la delegación de Gobierno —400.000 de acuerdo con la federación de asociaciones de vecinos y 100.000 según el Sindicato de Inquilinas—. “Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado sino un derecho. Sin embargo, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional”, han lamentado los convocantes en su manifiesto. La movilización de hoy ha reunido a cerca de 15.000 manifestantes, según la Delegación de Gobierno, una cifra que el Sindicato de Inquilinas eleva a los 50.000.

El precio de la vivienda en España no encuentra tope. El INE certificó un nuevo récord en el importe medio de las casas, con 2.086 euros por metro cuadrado, según la estadística registral de 2024. El año pasado fue el más caro de la historia para adquirir una vivienda, al superarse los precios medios de 2006 y 2007. En Madrid, el alquiler de una simple habitación —comúnmente con acceso a las zonas comunes de una vivienda—, alcanzó los 586 euros de media en diciembre de 2024, según los últimos datos que arroja el portal inmobiliario Fotocasa.

“Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los intereses económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para toda la ciudadanía”, reza el manifiesto, leído frente a la sede del Gobierno de Madrid. En tanto, los asistentes que iban llegando por la calle de Alcalá levantaban sus llaves y las hacían sonar a modo de protesta. Este también ha sido un símbolo recurrente en pancartas e incluso ha habido un hinchable de color metalizado en forma de llave a la cabeza de la marcha. Tras dar a conocer sus exigencias, los manifestantes han apuntado al Real Palacio de Correos al grito de : “Estos que hay en frente, desahucian a la gente”. Mientras una mujer levantaba un cartel de poco más de cuatro palmos que llevaba escrito: “Esta pancarta mide los metros cuadrados dos que puedo alquilar en Madrid”.

Gabi Biancotti y sus amigos son algunos de los cientos de jóvenes que han acudido a la cita a protestar por “su futuro incierto”. “En mi familia ni mis padres ni yo tenemos casa”, lamenta la diseñadora gráfica de 25 años. Se siente afortunada por tener un contrato indefinido, pero aún así considera que es imposible ahorrar lo suficiente para salir de la casa por la que sus padres pagan un alquiler. “Si tienes cierta edad ya quieres emanciparte, y lo intento a costa de mi salud mental”, relata.

Las generaciones jóvenes tienen menos viviendas en propiedad y acumulan menos riqueza neta, según los últimos datos de la Encuesta Financiera de las Familias publicados por el Banco de España la semana pasada. Esta realidad se vincula con la tasa de emancipación hasta la mitad del año pasado, 14.8%, la más baja desde el primer registro del Consejo de la Juventud de España que dio inicio a esta serie. Se trata de un reducido grupo de menores de 30 años, que para lograrlo han atravesado una serie de obstáculos que van desde inestabilidad residencial (un 45,7% de ellos han pasado por entre dos y cuatro viviendas desde que salieron de su hogar de origen) y la imposibilidad de vivir en solitario (un 87% comparten estancia), según esta misma organización.

Otro de los afectados por los elevados importes del alquiler es Ángel Torres, de 35 años, que explica que no llega a ahorrar lo suficiente para pagar una entrada a un piso. “Se supone que estoy en un convenio digno que es el del metal y no me puedo permitir una casa. Me indigna que llegue gente de fuera con millones y pague a tocateja. Es una impotencia horrible”.

Las organizaciones promotoras han plasmado en el manifiesto varias críticas en contra del Gobierno de la Comunidad de Madrid y han calificado su actitud de “especialmente sangrante” en lo que respecta a la crisis habitacional. Además han denunciado el empeño de las autoridades regionales “por seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores”, por encima de los intereses de la ciudadanía.

A la manifestación han acudido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar; la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre; la portavoz en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot. Por parte del ámbito nacional, han asistido la ministra de Sanidad, Mónica García; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; y la secretaria de organización de Sumar, Lara Hernández. “Desde luego que el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado si no interviene el mercado de la vivienda, baja los alquileres y prohíbe la compra de vivienda que no sea para residir”, ha asegurado a los medios Belarra.

Otro aspecto que ha criticado la plataforma convocante de la marcha es el afán de criminalizar todas las situaciones de ocupación cuando a su juicio, “buena parte de ellas son fruto de la necesidad y la desesperación social ante la falta de respuesta eficaz por parte de las administraciones competentes hacia una ciudadanía cada vez más empobrecida”.

Los colectivos exigen un decálogo de acciones, muchas de ellas ya reclamadas desde el pasado octubre: imponer los topes de precios de la ley estatal de vivienda, aprobar una ley autonómica de vivienda que incluya la creación del un parque público no descalificable del 30%, un plan para la rehabilitación de inmuebles fuera de uso, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional y la suspensión de las licencias de pisos turísticos.

Asimismo, reclaman el acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante, la adecuación de los barrios para hacer frente al cambio climático, los valores medioambientales como eje para futuros proyectos urbanísticos, y la atención inmediata a las demandas de las familias de la Cañada Real y de San Fernando y Coslada.