No más oportunismo contra la ciudadanía

La complejidad de la legislatura y de la composición parlamentaria son evidentes. No hay que lamentarse, es lo que hemos votado y en un sistema democrático hay que asumir el resultado electoral y desplegar la capacidad necesaria para conformar mayorías parlamentarias, lo más estables posible. Cuando no lo es, hay que tener la flexibilidad de buscar, si pueden darse, mayorías alternativas, para evitar vetos injustificados, no fundados en razones objetivas, sino en mero oportunismo político, inventando falsas justificaciones e ignorando el interés de la ciudadanía.

Esto, en grandes dosis, hemos visto y estamos viendo en la ratificación del real decreto ley 9/2024, no convalidado y anulado por una torpe lectura que hace converger al PP y Junts con Vox (además de la inocua abstención de Ábalos), atraídos por el intento de castigar al Gobierno, aunque perjudique a más de la mitad de la población española con una menor renta disponible y recortes inaceptables que deben volverse en contra de sus causantes.

No ha ocurrido lo mismo con el real decreto ley 11/2024, ratificado con una mayoría alternativa a la de investidura, en este caso incluyendo al PP, que ha convalidado, afortunadamente, el último acuerdo alcanzado en el marco del diálogo y concertación social. De esta forma, se impidió un movimiento similar de bloqueo por parte, en este caso, de alguna fuerza del campo progresista que se empeña en justificar su posición con falsedades sobre la edad de jubilación y que deberían revisar ese planteamiento, por justificado que esté, y lo está, su enfado derivado de no aprobarse un impuesto a las energéticas que, efectivamente, habían acordado y se ha visto frustrado.

Ahora llega el momento de las consecuencias de tan erróneas y torpes decisiones en relación con las medidas de protección y escudo social que contenía el real decreto ley 9/2024. Algunos de los protagonistas del desaguisado, ahora intentan trasladar la culpa a otros, una vez acreditada su metedura de pata. Se disponen a recoger firmas o presentan proposiciones de ley para pedir lo que han impedido, o exigen intentando sacar pecho cuando han quedado más que retratados, que les traigan los contenidos del también denominado decreto ómnibus fragmentados para poder elegir como menú de restaurante, lo que desde la oposición, sea de 7 (Junts) o 137 (PP), no tienen capacidad de determinar por sí solos.

Llamativo resulta también que fuerzas políticas que han aprobado o no se han opuesto a las reformas de Seguridad Social pactadas entre 2021 y 2023 (la derecha nacionalista catalana voto a favor en 2021 y se abstuvo al 50% en 2023, Junts abstención y PdCat aprobó) e incorporadas a la Ley General de Seguridad Social, voten en contra de un necesario real decreto ley, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, para implementar aquellas reformas en 2025, impidiendo revalorizar pensiones y seguir mejorando ingresos y equidad de cotizaciones a la Seguridad Social.

Pero la respuesta debe ser también inteligente y proporcionada para no multiplicar daños y consecuencias políticas. De momento, CCOO y UGT han anunciado ya movilizaciones para el 2 de febrero, y han invitado a sumarse a fuerzas políticas y sociales que compartan la necesidad de corregir este desaguisado. Espero que la respuesta social ayude a todos a asumir la mejor de las soluciones posible.

El Gobierno debe aprobar de inmediato un real decreto ley que vuelva a activar el paquete de medidas de protección social y desarrollo de los acuerdos previamente alcanzados en el ámbito político y en la concertación social, sin interrupción en su ejecución.

Citaré dos ejemplos (aunque hay más): millones de personas pueden ver disminuida de forma inmediata su renta disponible de forma significativa por la desaparición de las ayudas al transporte; 12,5 millones de personas que van a ver sus pensiones y prestaciones del IMV revalorizadas en enero como estaba acordado, las verán descender en febrero si no se aprueba un nuevo real decreto ley inmediatamente.

No pueden tener que soportar los errores de bulto de Junts, PP y Vox, con otro error grave. Si alguien piensa que eso le puede dar algún rédito y castigar a esos partidos sin que vaya a verse afectado el Gobierno, puede equivocarse y mucho.

Si esta decisión no se toma en los próximos días, las consecuencias en la nómina de febrero de la Seguridad Social serán inevitables y la lectura de la sociedad española podría volverse en contra de quienes no han sido causantes de este despropósito, pero no lo remedian pudiendo hacerlo.

En cualquier escenario, la respuesta ciudadana es necesaria, para forzar a corregir esta lamentable situación de forma inmediata y, una vez se produzca la aprobación de un nuevo real decreto ley, exigir a las fuerzas políticas que deben convalidarlo en el nuevo plazo de 30 días que se piensen bien si tienen que seguir equivocándose contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía española.

Carlos Bravo es Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO