El nuevo registro de viajeros fuerza a 104.000 empresas a darse de alta en los cuatro primeros días de diciembre

La lucha por el relato entre hoteles y agencias de viajes frente al Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, que entró en vigor el pasado lunes, continúa y promete nuevos episodios. Si en los días previos a su puesta en marcha fueron los empresarios los que intensificaron sus denuncias, alertando de que el cambio les obligaría a facilitar hasta 42 datos diferentes y que si no lo hacían se expondrían a sanciones que van desde 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad de la falta, en las fechas posteriores a la entrada de la norma es Interior es el que trata de controlar la narrativa asegurando que, con los datos recabados en los cuatro primeros días de diciembre (uno con el anterior esquema legal y tres con el nuevo), tan solo se están pidiendo ocho datos de identificación del cliente (nombre, primer apellido, segundo apellido, DNI, número de soporte del documento, tipo de documento, teléfono fijo, móvil o correo electrónico y relación de parentesco si viaja un menor de edad) y cinco sobre la transacción económica (número de referencia del contrato, fecha del contrato, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida e identificación del medio de pago)

En ese período se han dado de alta, según el balance al que ha tenido acceso Cinco Días, 104.005 empresas, de las que 98.789 pertenecen al sector del alojamiento (un 94,5% del total), 3.412 a las agencias de viajes (3,3%), 1.482 al alquiler de vehículos (1,4%) y 322 a plataformas digitales (un 0,3%). En el caso del alojamiento, la cifra de los cuatro primeros días de diciembre (casi 99.000 unidades), supera con holgura la cifra acumulada registrada hasta antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento (61.000 compañías de forma voluntaria). Entre el 1 y el 4 de diciembre, tan solo 6.252 hoteles (un 6,3% del total de la parte de alojamiento) se dieron de alta en el citado registro. Muy destacados y superando por mucho a los hoteles aparecen los apartamentos, con 36.886 nuevas inscripciones (un 35,2% del total), seguidas por las viviendas de uso turístico, con 22.277 (un 21,3%). Por debajo de los hoteles, aunque a poca distancia, figuran las casas rurales, con 5.836 altas.

Frente a las críticas del sector turístico, Interior ha priorizado la entrada en vigor del nuevo registro por los importantes resultados que se han obtenido en materia de seguridad ciudadana en los dos años en los que lleva en vigor la plataforma para que los propietarios de alojamiento, las agencias de viajes y las plataformas que comercializan viajes compartan datos de forma voluntaria. “En ese tiempo se identificaron 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor, mientras que se han registrado 4,7 millones de datos de usuarios. Todos estos datos se han traducido en operativa policial que ha permitido identificar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos o en el sistema de información Schengen para activar órdenes de búsqueda y captura”.

En el otro lado, hoteles y agencias de viajes ultiman su ofensiva legal para tratar de frenar el registro de viajeros. Antes tendrán la oportunidad de comparecer en los próximos días ante los medios de comunicación para presentar sus balances de cierre del año, en el que mostrarán unas cuentas saneadas, superando niveles prepandemia tanto en facturación como beneficio, y en los que darán a conocer sus siguientes pasos en la batalla con el Ministerio del Interior por el registro de viajeros. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) lo hará el viernes 13 de diciembre y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha reservado el día 16 de diciembre.

Las principales líneas de defensa que están trabajando con sus asesores legales se centran en que los datos personales que se exigen vulneran algunas normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre las que se encuentran los incluidos en los medios de pago, o que el informe en el que la Agencia Española de Protección de Datos avala que el registro de viajeros no conculca ninguna norma es previo al decreto en el que se fijó la nueva normativa, con lo que carece de validez jurídica.