España rechaza la propuesta de Orbán sobre la directiva de prácticas laborales

España va a mostrar su rechazo frontal a la propuesta de la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea (UE) para la directiva de prácticas laborales en la reunión de ministros de Trabajo que se celebra este lunes. Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, va a tratar de bloquear la iniciativa del Gobierno del ultraconservador populista Viktor Orbán reuniendo un grupo mínimo de países que impidan que se alcance la fumata blanca en el Consejo. Defienden que el texto que promueven los húngaros para negociar con el Parlamento Europeo la redacción definitiva de la directiva fuerza “una peor calidad de las condiciones laborales de las personas en prácticas con contrato de trabajo”, según fuentes del Ministerio de Trabajo español.

Para frenar este lunes la posición de Hungría, Díaz necesita que al menos otros tres Estados rechacen la propuesta. Si al final cuatro países votan que no, dará igual que Budapest logre la mayoría cualificada en el Consejo (el voto afirmativo del 55% de los Estados que representen al menos el 65% de la población de la UE) porque se habrá armado lo que se llama una minoría de bloqueo.

La Comisión Europea presentó en marzo de este año una directiva “para la mejora y control del cumplimiento de los trabajadores en prácticas”. Después llegaron las elecciones europeas y ahora el Parlamento y el Consejo están tratando de fijar su posición, cada uno por su lado, para después pasar a negociar entre ambos colegisladores comunitarios la versión definitiva del texto legal, que posteriormente deberá trasponerse a la legislación estatal. La directiva planteada por el Ejecutivo de la UE pretende, al menos, fijar un suelo legal para distinguir con más claridad las prácticas formativas de las relaciones laborales formales. Las competencias comunitarias en regulación laboral son escasas, su capacidad de aprobar directivas y reglamentos en este campo está muy limitada, de ahí que en el tema de los becarios, por ejemplo, la directiva propuesta haga, más bien, una definición de qué no son las prácticas para becarios.

Para Trabajo, lo que ha puesto sobre la mesa Hungría, que preside el Consejo de la UE durante la segunda mitad de este año, supone “pasos atrás” y desvirtuar el objetivo final de la directiva que, a solicitud de la Eurocámara, buscaba una regulación para unas prácticas con más calidad. “El objetivo inicial se ha diluido y no acaba de ser una relación laboral con una formación. No se tiene en cuenta calidad, horas o tipo de formación, a diferencia de lo que ocurre en España, que en el denominado Estatuto del Becario reguló estos aspectos”, señalan en el ministerio de Díaz.

Trabajo confía en lograr el respaldo de otros países para que la propuesta húngara no avance. Si tiene éxito, lo más probable es que sea Polonia, el siguiente Estado que asume la presidencia semestral del Consejo de la UE, el que tenga que hacerse cargo del expediente y de buscar una posición común entre las capitales para llegar a la negociación con el Parlamento.

Lo que busca España, según apuntan en Trabajo, es que no se diluyan aspectos como los incluidos en la legación nacional, como que estos contratos formativos solo puedan celebrarse cuando hay unos estudios oficiales detrás, y cuando obedecen a un plan de estudios en el que se incluye una tutoría sobre el trabajador en prácticas.

Concluye Díaz que con la propuesta de Orbán los trabajadores contratados para hacer prácticas laborales “pueden sustituir a personas trabajadoras a través de una regulación clara, que además permita actuar a las inspecciones de trabajo en este área” y el objetivo es evitarlo.

No es esta la primera vez que Díaz choca con una de las propuestas de la presidencia del Consejo de la UE. La ministra de Trabajo española ya frenó hace un par de años la posición que planteó la República Checa, entonces al frente del Consejo, sobre la propuesta de directiva de los trabajadores de plataformas digitales. Finalmente, se armó una posición acerca de la que España mantuvo una postura crítica. Al final le tocó negociar la norma con el Parlamento Europeo, ya que se cerró a finales de 2023, cuando era el Gobierno español quien presidía el semestre.