La pelea de los deportistas de élite por su jubilación: cuando las medallas no cotizan

Todo arrancó una tarde en un Starbucks, donde se tomaron un café la exgimnasta y medallista olímpica Almudena Cid con la esquiadora también olímpica Lola Fernández Ochoa. Allí, ambas deportistas de élite decidieron ponerse en marcha para luchar por la protección social de este colectivo que en su inmensa mayoría dedica una buena parte de sus años de vida laboral al deporte de más alto nivel, como prefieren denominarlo, sin cotizar a la Seguridad Social. La falta de un encuadre claro dentro del sistema o la ausencia de información sobre las ayudas que pueden recibir para ser autónomos han llevado a que la mayoría de estos deportistas se encuentren con una carrera de cotización mermada y unas pensiones exiguas, en el caso de lograr el derecho a tenerlas.

Esta lucha, a la que se unió más tarde otro grupo de deportistas, en este caso contratados de manera profesional pero en una época en la que no cotizaban, y capitaneados por el exbaloncestista y también medallista olímpico Fernando Romay, ha llegado esta semana al Congreso de los Diputados. Allí se celebró este martes una jornada impulsada por UGT sobre La carrera profesional de los deportistas de alto nivel: cotizaciones y jubilación. En una sala abarrotada y ante el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, atletas, gimnastas, ciclistas o baloncestistas relataron cómo, tras varias décadas de dedicación exclusiva a sus carreras deportivas, sus carreras de cotización han comenzado cuando se retiraron, con las dificultades que eso supone para lograr una carrera laboral completa y, por tanto, una pensión digna.

“Estos profesionales dan parte de su vida para estremecernos a toda la sociedad, para hacernos brillar y con 35 años de profesión no han cotizado. El haberse entregado en cuerpo y alma no puede estar desprovisto de una cotización a la Seguridad Social”, expuso Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT y negociadora del sindicato en materia de pensiones. “Nos sacan de nuestras casas para que las federaciones obtengan resultados”, se lamenta Cid, para quien muchos medallistas olímpicos sienten “que aquella medalla está en el último cajón porque no ha solucionado nada de tu vida ni consta ese esfuerzo en ningún sitio”.

Pero ¿cuál es el problema? ¿por qué no cotizan estos profesionales del deporte? Entre las claves para encontrar respuesta a estas preguntas está, entre otras cosas, la diferenciación entre un deportista profesional y uno de alto nivel. En los primeros, suele estar claro que mantienen una relación laboral con un empleador o relaciones mercantiles con sus patrocinadores, pero en el caso de los deportistas de alto nivel, la inmensa mayoría de ellos no tienen un empleador. En ese caso, parece que sería fácil que tuvieran que cotizar como autónomos, pero esto no siempre ha sido posible según la legislación.

“En los años 80, la ley, aunque nos mencionó, no nos permitía cotizar por cuenta ajena ni por cuenta propia y por aquel entonces aquello no era tan trascendental, no se le daba importancia porque no hacían falta tantos años ni para cobrar la pensión ni para recibir el 100% [de la base reguladora]”, explicaba José Rodríguez García, quien hizo carrera como ciclista profesional y olímpico. Sin embargo, ahora se exigen 15 años para tener derecho a cobrar pensión de jubilación y para calcular su cuantía se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados y se exigen 36,6 años cotizados para cobrar el 100% de la pensión a la que se tiene derecho.

Estas condiciones son poco menos que imposibles de alcanzar para un deportista de élite si no comienza a cotizar desde el principio de su carrera deportiva. “La idea es que todos los profesionales tienen que contribuir a la Seguridad Social. El problema con el mundo del deporte es en qué momento se les considera profesionales, pero si es una profesión, tienen que contribuir al sistema”, dijo Nicole Marco, asesora de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Marco, que ha sido letrada de la Seguridad Social durante más de 25 años, explicó en una didáctica ponencia que aunque la normativa permitiría crear un nuevo régimen especial de cotización, “la tendencia es la contraria, que converjan todos los regímenes para que todo el mundo tenga los mismos derechos”.

Ayudas que no se agotan

En cualquier caso, esta asesora del Gobierno en materia de Seguridad Social defiende la necesidad de “precisar el régimen jurídico de los [deportistas de élite] que desempeñan sus servicios por cuenta propia, a los que habría que incluirse como autónomos, creando un registro específico”. En la actualidad, el Gobierno aprueba ayudas por valor de tres millones de euros anuales para ayudar a estos deportistas de alto nivel en el pago de sus cuotas de autónomos para aquellos que las soliciten. “El problema es que se deben adelantar las cuotas de todo el año y luego reclamar su cobro al Consejo Superior de Deportes y hay mucha gente que no puede adelantar ese pago [de unos 3.000 euros mensuales]”, se queja Álvaro Martín, quien viene de ganar un oro y un bronce en los juegos de París.

Este atleta está a punto de retirarse con 30 años y está dado de alta en la Seguridad Social desde 2018. Pero lo achaca a que ha tenido fortuna con su federación: “Me avisa cómo tengo que hacer para darme de alta, el proceso, las ayudas... pero no todo el mundo tiene esa suerte, otras federaciones no lo hacen”. De hecho, de los tres millones de euros de los que dispone el CSD anualmente, solo se han gastado 1.700 millones. La asesora del gabinete de la presidencia de ese organismo, Nerea Huete, que también participó en la jornada entona el mea culpa: “Los deportistas no conocen estas ayudas lo suficiente. Tampoco conocen otras ayudas muy buenas a la conciliación; a veces tenemos herramientas y no son lo suficientemente eficaces”.

No obstante, según los datos aportados por el ciclista retirado José Rodríguez, hay casi 4.100 deportistas de alto nivel de un total de 5.781 que no han cobrado estas ayudas. Es decir, que si las solicitaran todos ellos, con el actual presupuesto de tres millones de euros solo daría para que cada uno se costeara tres meses de la cotización de autónomos.

En este escenario, los asistentes a esta jornada coincidieron en la necesidad de crear, tal y como prevé la Ley del Deporte de 2022, un Estatuto del Deportista, que regule jurídicamente todas estas cuestiones e incluya, si así lo aceptara el legislador, algún tipo de solución para los deportistas más próximos a la jubilación, a los que ya no les da tiempo a cotizar para conseguir una pensión o mejorarla. Lo que sí tendrá que aclarar este estatuto es de quien es la responsabilidad de la cotización: del deportista en exclusiva, de las instituciones públicas, de las federaciones o de los clubes.

Las impulsoras de este movimiento en defensa de la protección social de los deportistas de alto nivel, Almudena Cid y Lola Fernández Ochoa lo tienen claro y apuntan directamente a las federaciones como principales responsables de la cotización de estos deportistas de élite de una u otra forma. “La mayoría mantenemos al club al que pertenecemos pagando cuotas”, asegura Cid, “y luego pertenecemos a una federación que no revierte nunca nada en los deportistas, ¿y tenemos que pedir al club que pague nuestras cotizaciones? Eso es imposible”. “Lo único que pedimos es que se cuantifique nuestro esfuerzo y que aparezca en nuestro historial de vida laboral”, añade.

Por su parte, la esquiadora Lola Fernández Ochoa aseguró que también pelean por los que están en activo ahora: “No sé quien es el empleador, yo creo que es la federación, deberían estar todos los presidentes de federación aquí y solo hay uno”, reprochó. En definitiva, instó a que las federaciones “se impliquen un poco más”.

Pero esta lucha no solo es por los deportistas en activo, sino que los exdeportistas, sobre todo los de más edad, también demandan soluciones a su situación y en su caso con mayor urgencia. Romay se autodenominó en esta jornada como representante de “la generación de plata” y dijo burlonamente que “no por la medalla que ganó la selección española de baloncesto en los juegos de Los Ángeles sino porque todos sus integrantes peinamos canas”. Y reclamó: “Pedimos que los años tributados —porque precisó que a Hacienda sí pagaban “como artistas y toreros porque no había otro epígrafe” pero no se les permitía cotizar— de alguna u otra manera se puedan computar como cotizados, porque eso nos permitirá poder llegar al 100% y no solo a la pensión mínima”.

Varios asistentes coincidieron en que la posibilidad de mejorar las pensiones, así como la de conseguir los 15 años que se exigen como mínimo para cobrar una pensión contributiva de jubilación, se podría conseguir con un modelo similar al aprobado para los becarios, según el cual pueden “comprar” durante un tiempo los años de cotización en los que disfrutaron de la beca pero la empresa no cotizó por ellos.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, presente en todas las intervenciones, consideró que la protección social para estos profesionales del deporte “es un deber moral”. “Tenemos que conseguir que se concrete en decisiones con la creación del Estatuto del Deportista, que recoja una protección íntegra”, concluyó.