Un impuesto turístico para combatir la masificación

En estos últimos años la masificación turística se ha convertido en un problema acuciante para muchos destinos en España y Europa. Playas y centros de ciudades abarrotados, atascos en las carreteras y barrios transformados por la turistificación son solo algunos de los síntomas de esta saturación. Ante ello, se deben establecer impuestos turísticos de suficiente envergadura para que el sector no muera de éxito, mitigando así los efectos negativos de este fenómeno, tanto para los residentes como para la misma industria turística.

La masificación turística no solo afecta a la calidad de vida de quienes residen en los destinos, sino que también deteriora la experiencia del visitante, en especial de aquellos con mayor capacidad de gasto, quienes podrían acabar evitando destinos congestionados. Ante la congestión, es decir, la sobreexplotación de los recursos comunes como las playas, ciudades, etcétera, la receta típica y habitual de los economistas son los impuestos. En el sector turístico, sin embargo, este tipo de gravamen ha sido implementado de manera en exceso tímida.

Obsérvese, primero, que el sector turístico se enfrenta a una baja fiscalidad, un IVA reducido del 10% en la restauración, la hostelería y las aerolíneas en lugar del general del 21%. Ello explica en parte su sobredimensión en algunos destinos, y da margen al establecimiento del impuesto. Segundo, la supuesta falta de efectividad del impuesto ante la saturación turística, según el reciente manifiesto de Exceltur, se debe sin duda a su escasa cuantía allí donde existe. El ejemplo de las Islas Baleares es ilustrativo, con una tarifa en temporada alta de entre 1 y 4 euros por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Estos importes están lejos de ser suficientes para impactar significativamente en la demanda turística y reducir la saturación.

En su esencia, un impuesto turístico bien diseñado no solo recauda fondos para reparar daños ambientales y sociales; ni es solamente un mecanismo para redistribuir la riqueza creada en la industria. Un impuesto turístico también debe pretender modificar el comportamiento de los turistas encareciendo el acceso a los destinos más saturados, favoreciendo con ello al turismo de mayor poder adquisitivo, y redirigiendo parte de la demanda a los destinos con menor afluencia. Precisamente esta es en potencia una de sus mayores virtudes, redistribuir la demanda turística por la geografía española, europea y mediterránea, ganando con ello los residentes y las industrias tanto de los destinos saturados como de los emergentes.

Así, una implementación (por ejemplo, gradual) de impuestos turísticos de cuantía muy superior a las tarifas actuales se presenta como una herramienta clave ante la sobredimensión del sector en algunos de los destinos españoles: al reducir la masificación turística y mitigar sus efectos negativos, se contribuiría a su sostenibilidad y competitividad a largo plazo, para bien tanto de los residentes como de las mismas empresas.

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