La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas

Las nuevas leyes europeas contra el blanqueo de capitales ya tienen el sello definitivo de los Veintisiete. Solo falta su publicación en el diario oficial para que la regulación entre en vigor. El paquete, que consta de tres reglamentos y dos directivas, ha sido ratificado este jueves por el Consejo de la UE en el que es su paso definitivo, puesto que ya había pasado por el filtro del Parlamento Europeo. Estas normas llevan aparejada la creación de una agencia europea contra el blanqueo de dinero y estrechan el control sobre sectores en los que potencialmente hay más riesgo de que se desarrollen estas actividades, como los criptoactivos, la industria de productos de lujo o los clubes de fútbol.

El punto que más atención mediática atrajo de toda la tramitación se decidió a finales de febrero. La ciudad alemana de Fráncfort fue elegida sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) por delante de Madrid. La capital española pujó fuerte por hacerse con este nuevo organismo de la Unión, pero la presión alemana acabó por derrotarla.

En lo que respecta a las criptomonedas, las nuevas normas europeas obligarán a que todas las empresas que sean proveedoras de este tipo de activos se consideren instituciones financieras. Así, tendrán que cumplir con obligaciones de control, como identificar a los clientes y asegurarse de que son quien dicen ser, especialmente cuando las transacciones superen los 1.000 euros. Los proveedores de estos servicios también deberán hacerse cargo de que detrás de sus clientes no hay empresas pantalla o extremar el control en las transacciones transfronterizas, teniendo que asegurarse de que la entidad corresponsal está registrada o autorizada para realizar esas operaciones.

A la AMLA le corresponderá un papel decisivo en el control de riesgo de entidades y grupos financieros de la UE, ya que tendrá que desarrollar una metodología para determinar ese riesgo. En la misma, deberá tener en cuenta el volumen de servicios prestados de criptoactivos, así como el de clientes a través de entidades ubicadas en países fuera de la UE y en los que la entidad comunitaria no tiene una sucursal.

“Las nuevas normas, más estrictas, reforzarán nuestros sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, ha explicado el ministro de Finanzas belga, Vincent van Petegem, a cuyo país le corresponde la presidencia del Consejo de la UE durante este semestre. “Se garantizará que los defraudadores, la delincuencia organizada y los terroristas no tengan margen para legitimar sus ganancias a través del sistema financiero”, ha añadido.

Además de estrechar el cerco sobre las criptomonedas, los reglamentos y directivas fijan un límite de pago en efectivo de 10.000 euros. Esta cantidad es sensiblemente superior a la que se permite en España, 3.000 euros, y muestra también la dificultad con la que suele encontrarse la UE cuando trata de homogeneizar leyes. Países como Alemania, tanto por razones culturales como por defensa de la privacidad, se aferran todavía al pago en efectivo y, de hecho, este es uno de los puntos en los que más acento suele ponerse ahora cuando el Banco Central Europeo está avanzando hacia el desarrollo del euro digital: una y otra vez se ve obligado a subrayar que esta modalidad de moneda no viene a sustituir el dinero en metálico.

Una de las directivas aprobadas busca mejorar la organización de los sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, estableciendo normas claras sobre la colaboración entre las unidades de inteligencia financiera (UIF, organismos nacionales que recopilan información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales en los Estados miembros) y los supervisores nacionales.

Pero, sin duda, la estrella de la nueva reglamentación es el AMLA, entidad que tendrá que impulsar la lucha contra la delincuencia financiera transfronteriza. A esta agencia le corresponderá “impulsar la eficacia del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante la creación de un mecanismo integrado con los supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan las obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero”, explica el comunicado del Consejo de la UE que ha seguido a la aprobación de toda la normativa.

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