Las autonomías recaudaron un 10% menos por los impuestos sobre la riqueza en el año electoral

Las comunidades autónomas redujeron sus ingresos por los tributos que gravan la riqueza durante el ejercicio 2023, un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Estas figuras, cuya gestión y recaudación están cedidas por completo a los gobiernos regionales, son el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y el impuesto sobre el patrimonio (IP). En conjunto, las tres aportaron a las arcas territoriales 15.438 millones de euros, una caída de casi el 10% sobre los más de 17.000 millones anotados un año antes.

Los comicios autonómicos —los cuales decidían los gobiernos de 12 comunidades— situaron la fiscalidad en el epicentro de un debate que, en el área económica, estaba mediado por la crisis inflacionista y su impacto en los hogares. En esencia, el bloque de la izquierda defendía consolidar figuras como el ISD y el IP para asegurar los ingresos públicos, mientras que el de la derecha abogaba por reducir la carga tributaria y aumentar las bonificaciones. Ambas posiciones se visibilizaron en la campaña electoral con promesas de rebajas de impuestos por parte de los conservadores. Los resultados tiñeron de azul la práctica totalidad de España y, en consecuencia, dieron paso a una rebaja de calado en el impuesto sobre la herencia y a mayores bonificaciones en que grava el patrimonio, siguiendo la estela de regiones como Madrid y Andalucía.

Los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, referentes al cierre de 2023 y publicados ayer por el Ministerio de Hacienda, muestran que a ejercicio vencido los ingresos por sucesiones y donaciones han caído un 1,25% anual, pasando de los 3.339 millones a los 3.297 millones de euros. En este impuesto, sin embargo, la radiografía territorial refleja una tendencia muy dispar: mientras que nueve regiones anotan caídas anuales de hasta el 34% (como es el caso de Aragón), otras siete registran alzas que llegan incluso al 46% y al 56%, como sucede respectivamente en Canarias y Galicia. Los datos del País Vasco no están incluidos.

Cabe recordar, no obstante, que es habitual que el pago de este tributo se dilate varios meses o años en el calendario, por lo que la liquidación no tiene por qué corresponder en el tiempo con el hecho que ocasiona la base imponible, y que suele ser el fallecimiento del causante.

La misma tendencia se ve en patrimonio, con unos ingresos que en conjunto se elevan hasta los 1.380 millones y anotan un retroceso anual del 8,5%. De nuevo, nueve autonomías ven crecer sus números, si bien en este caso el mayor repunte lo registra Canarias, con una tímida subida del 11%. Por su parte, Andalucía, que fijó una bonificación del 100%, vio caer la recaudación en más de un 80%.

El mayor agujero en las arcas regionales, sin embargo, lo provocaron el ITP y AJD al pasar de los 12.193 millones de 2022 a los 10.761 millones de euros en 2023. Estos dos impuestos de carácter indirecto gravan las transacciones inmobiliarias y financieras, respectivamente, por lo que están estrechamente vinculados al comportamiento del mercado de la vivienda, desde las transacciones hasta las herencias. El primero afecta a las transmisiones de bienes y derechos de carácter patrimonial, entre los que se incluyen en esencia la compraventa de casas, la constitución de préstamos hipotecarios o la cesión de derechos sobre inmuebles. El AJD, por su parte, grava los documentos notariales y mercantiles, como las escrituras de préstamo hipotecario o las pólizas de seguros. Por eso, la fuerte caída en la compraventa de vivienda en 2023 —cuando se registraron 586.000 operaciones frente a las 650.000 de 2022— ha propiciado un desplome significativo de los ingresos, superior al 10%. En este caso, la totalidad de las autonomías pierden fuelle.

La caída de ingresos en todos estos tributos contrasta fuertemente con el comportamiento de otros como el IRPF, cuya recaudación aumentó un 20,2% hasta los 62.000 millones de euros. De hecho, en términos generales crecieron tanto la totalidad de los impuestos directos del sistema (una subida del 18,2% anual) como la de los indirectos (18,1%).

Menos recursos para 2024

La tendencia de caída en los ingresos autonómicos asociados a los impuestos a la riqueza parece que se mantendrá durante este ejercicio. Al menos eso es lo que muestra el último informe de Hacienda en el que se analizan los Presupuestos Generales de las comunidades autónomas para 2024, publicado también ayer por el departamento que dirige la vicepresidenta primera y ministra del ramo, María Jesús Montero. Este documento analiza las cuentas públicas aprobadas por los respectivos parlamentos regionales, así como las prórrogas presupuestarias de Cataluña y Castilla y León, por lo que ofrecen una radiografía completa de lo que será este ejercicio.

Los números que se recogen en todos ellos avanzan que la recaudación irá reduciéndose, de nuevo, en el ISD, en el IP y en el ITP y AJD. En el primero de ellos, las autonomías estiman unos ingresos conjuntos para 2024 de 2.897 millones de euros, lo que supondría una caída del 9,5% si se compara con los cerca de 3.300 millones que se han anotado en 2023. En patrimonio se repite la tónica y el descenso de recursos llegaría al 5%, hasta los 1.200 millones de euros en total. Lo mismo sucedería con las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos: en los Presupuestos de 2023, las regiones estimaban una recaudación de 12.600 millones de euros que finalmente se quedó 2.000 millones por debajo. En 2024 prevén una de 11.000 millones, por lo que, si la tendencia del mercado inmobiliario se mantiene intacta, los ingresos volverían a situarse lejos del objetivo. De nuevo, el resto de las figuras tributarias apuntan a mejoras en los ingresos, siempre según las cuentas públicas.

El desglose de detalles por impuesto permite ver los efectos que los gobiernos autonómicos esperan para este ejercicio. Un claro ejemplo de ello es el gravamen sobre el patrimonio, bonificado parcial o totalmente a partir de este ejercicio por varias de las nuevas autonomías del Partido Popular. Andalucía y Madrid, por su lado, reflejan una previsión de ingresos de 0 euros, pese a que las dos han puesto en marcha diferentes medidas para esquivar el impuesto de solidaridad de grandes fortunas del Gobierno central y dejar en sus arcas la recaudación. Por su parte, otros territorios como Aragón, Extremadura, Galicia o Murcia prevén descensos del 32%, el 100%, el 25% y el 70%, respectivamente.

Algo parecido ocurre con las previsiones en sucesiones y donaciones. La mayor parte de los territorios prevé obtener menos recursos a través de esta figura si se compara el Presupuesto de 2024 con el de 2023. Las mayores caídas se registran en Comunidad Valenciana (-54%), Islas Baleares (-28%) y Extremadura (-17%).

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