El Gobierno lanza el plan antiestafas para bloquear los fraudes bancarios a través de llamadas telefónicas

El Gobierno ha lanzado el plan para poner fin a la oleada de estafas telefónicas. Bancos, operadores de telefonía y el propio Ejecutivo venían manteniendo reuniones desde hace meses para establecer un protocolo que permita bloquear estos fraudes debido a la oleada de casos en los que un hacker suplanta el número de teléfono de un banco, llama a un cliente alertando de que la cuenta está siendo desvalijada para lograr que le ceda las claves de acceso y aprovecha para traspasar el dinero a su propia cuenta.

El Ministerio para la Transformación Digital ha dado un paso más y ha sacado a consulta pública su plan para evitar estos casos en los que los clientes pierden parte o todos sus ahorros y que están resultando casi imposibles de recuperar. Se trata del paso previo a desarrollar la normativa. En el documento, el Ministerio pilotado por José Luis Escrivá propone varias medidas, como restringir estas llamadas, que habitualmente se hacen desde fuera de España, o regular un rango de numeración para las llamadas comerciales. Las propuestas están abiertas a consulta pública y las personas, empresas e instituciones pueden enviar sus comentarios hasta el 8 de marzo.

El Ministerio señala que ha tomado como referencia varias medidas que ya se han implantado en otros países para impedir la manipulación y suplantación de los números de teléfono y los identificadores de correo electrónico, que son las vías a través de las que se canalizan la mayor parte de estas estafas. Aunque la normativa española prohíbe la suplantación de los números de teléfono, tanto los bancos como los operadores y el Gobierno reconocen que existe cierta dificultad técnica para distinguir cuando el identificador de una llamada, correo o mensaje de texto ha sido manipulado.

La idea es establecer un protocolo en el que exista algún tipo de autenticación para dar mayor seguridad a los clientes. Aunque todavía no hay un estándar internacional, en Estados Unidos y Canadá se han desarrollado iniciativas que permiten compartir información entre la persona que inicia la llamada y la que la recibe con la participación de una entidad verificadora. Y la intención del Ejecutivo es acordar un sistema similar.

“Las estafas son de naturaleza dinámica, pueden ser muy sofisticadas, a menudo, implican varios pasos y utilizan de manera complementaria diversas vías de contacto con las víctimas, por lo que la erradicación de estas prácticas requiere la colaboración, tanto a nivel nacional como internacional, de las empresas participantes en todos los sectores económicos afectados y la intervención de diferentes organismos públicos en el marco de sus respectivas competencias”, explica el documento.

Existen muchos tipos de estafas para acceder a las cuentas bancarias y robar los ahorros de la cuenta. Pero las que se están popularizando y más preocupan son las llamadas telefónicas que suplantan el número de una oficina bancaria y la que el pirata informático suplanta a un empleado alertando al usuario de que ha habido movimiento sospechoso para que transfiera los datos a una otra cuenta. Existen variantes como las llamadas que suplantan a un empleado de la Administración pública solicitando el pago de una multa o un impuesto, o las que se hacen pasar por empleados de una empresa de la que el usuario es cliente. La finalidad de todas es que el cliente traspase sus fondos a la cuenta de los estafadores o que proporcione las claves para hacerlo directamente ellos.

Según explican bancos, despachos y asociaciones de consumidores, en la mayor parte de estos casos el cliente no llega a recuperar nunca el dinero. Fuentes jurídicas apuntan que la normativa obliga a los bancos a reembolsar todas las operaciones no autorizadas que se hayan producido en su cuenta, pero siempre que no haya habido negligencia por parte del cliente. Y ahí reside el principal escollo para recuperar el dinero: de forma general, se considera que al ser el propio usuario el que proporciona las claves y contraseñas al estafador, no ha tenido la debida prudencia para proteger sus datos.

Las entidades justifican que estas estafas se producen fuera de su ámbito de alcance porque no se trata de una intromisión a sus sistemas ni de brechas en las barreras de seguridad, por lo que no son responsables de las pérdidas de dinero. En la Unión Europea se está debatiendo una normativa que obligue a los bancos (se plantea incluir a las teleoperadoras y empresas tecnológicas proveedoras de correo electrónico) a reembolsar el dinero perdido. Pero hasta en entonces, la intención de los bancos, operadores telefónicos y Gobierno es dar más seguridad a los consumidores.

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