Telefónica propone el ERE para 5.124 trabajadores, la tercera parte de la plantilla

Telefónica ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 5.124 trabajadores, que afectará a sus principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y se prolongará hasta 2026, según ha comunicado este lunes la dirección de la compañía a las centrales sindicales mayoritarias (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) en la constitución de las mesas negociadoras, informaron fuentes sindicales. El número de personas que emplea Telefónica en España asciende a 20.947, aunque solo 16.000 trabajadores están bajo el paraguas del convenio colectivo, por lo que el ERE afecta a cerca de un tercio de la plantilla de las citadas filiales y a una cuarta parte del total de los empleados en España.

En concreto, la propuesta inicial que la empresa ha trasladado a los sindicatos es de 81 despidos en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España. La afectación está prevista para personas nacidas en 1968 y años anteriores (con 55 años de edad o más) y una antigüedad mínima de 15 años. Las salidas se producirán hasta 2026.

Los sindicatos demandan la voluntariedad de los despidos y confían en rebajar notablemente el número de afectados. Asimismo, desean ligar la negociación de los despidos a la firma de un nuevo convenio colectivo, ya que el actual vence el 31 de diciembre. Las mismas fuentes indican que los 5.100 trabajadores cuya salida plantea la empresa es un objetivo máximo pero que en la negociación se rebajará notablemente esa cifra, para lo que se propondrán medidas como la recualificación, el cambio de actividad y la internalización de tareas para gran parte de los afectados. Los sindicatos estiman que las salidas finales pueden alcanzar en torno a los 3.000 efectivos.

La empresa, en cambio, ha vinculado la voluntariedad del ERE a que se alcancen los objetivos de bajas planteados, según fuentes de la mesa de negociación. La compañía ha justificado el ERE por “causas organizativas”, y argumenta que tiene un “excedente funcional” de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.

Tanto en el anterior ERE de 2011 como en los sucesivos planes de bajas individuales se pactó que todas las salidas fueran voluntarias. Telefónica cambió a partir de 2015 el método para realizar las reducciones de plantilla y optó por los planes de salidas incentivadas (Plan de Suspensión Individual o PSI). Desde ese año y coincidiendo con la llegada de José María Álvarez Pallete a la presidencia de la operadora, la empresa ha ejecutado la salida de 11.300 trabajadores mediante tres planes de bajas voluntarias.

Ambas partes tendrán ahora un mes para llegar a un acuerdo sobre el despido colectivo, que no precisa de la autorización del Ministerio de Trabajo aunque debe ir precedido de un informe de Inspección de Trabajo. La próxima reunión de las mesas será el día 11. Pese a no necesitar el permiso del Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que estudiará la propuesta cuando se concrete. “Cuando tenga el ERE encima de mi mesa lo voy a evaluar y me reuniré con las partes para conocerlo, tengo que estudiar la propuesta que se hace”, ha afirmado en declaraciones a La Sexta.

Aunque la intención de los sindicatos es rebajar considerablemente el número de afectados y en sus comunicados oficiales no han elevado el tono, fuentes de la negociación han señalado que la propuesta de la empresa ha sentado como un “jarro de agua fría”, ya que esperaban una cifra sensiblemente menor —tras la reunión de la semana pasada lo cifraron en unas 2.500 salidas— y el reconocimiento desde el principio de la voluntariedad de las bajas.

En cuanto al coste de la medida, dependerá del número de afectados. Si finalmente alcanzan los 5.000 empleados, el gasto se dispararía por encima de los 2.000 millones de euros, a los que habría que sumar las compensaciones para el Estado.

Sin coste para el Estado

La última vez que Telefónica aplicó un ERE fue en 2011. El ajuste, que afectó a 6.830 empleados y se prolongó hasta 2013, provocó una gran polémica por el coste que iba a tener para el Estado pese a los cuantiosos beneficios que presentaba entonces la compañía. La repercusión en la opinión pública fue tal que motivó incluso una modificación de la ley mediante la llamada cláusula o enmienda Telefónica. Por la misma, se obligaba a las empresas con beneficios de más de 500 empleados a sufragar el coste de las prestaciones públicas por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en caso de ERE.

Debido a esa norma y a modificaciones posteriores, el ERE no tendrá ningún coste para el Estado. Desde entonces, esta normativa ha experimentado diferentes cambios, de forma que ahora se exige esta compensación a las empresas con despidos colectivos en los que concurran estas tres circunstancias: compañías con al menos 100 trabajadores o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número; si el ERE afecta a trabajadores de 50 o más años (incluyendo los despedidos de esas edades en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo), y en empresas que obtengan beneficios no solo en los dos años anteriores al inicio del despido colectivo, sino también en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio anterior al inicio del ERE y los cuatro años posteriores.

Telefónica entra de lleno en todos esos requisitos. Las tres filiales en las que va a aplicar el despido (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) pertenecen al grupo, obtuvieron beneficio en los últimos ejercicios (al menos ebitda positivo porque la compañía no facilita el resultado neto) y tienen más de 100 trabajadores. Así, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete deberá incluir previsiblemente esta compensación al Tesoro para paliar los costes sociales de los despidos (prestaciones de desempleo y cotizaciones). La cuantía que deberá desembolsar se podrá calcular cuando se conozcan el número e identidades de los trabajadores de más de 50 años incluidos en el ERE. En el de 2011, la operadora abonó al Estado en torno a 350 millones de euros.

Momento delicado

El ERE planteado por Telefónica se produce en un momento delicado para la operadora, pendiente de la consolidación como segundo accionista de Saudi Telecom Company (STC), que tras comprar un 4,9% del capital tiene la opción de elevar ese porcentaje hasta el 9,9% y pedir una representación en el consejo de administración. Para ello, debe contar con el permiso del Gobierno. Este, a su vez, se plantea volver al accionariado de la empresa, privatizada hace 26 años, mediante la toma por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, de en torno a un 5% del capital, lo que le daría derecho a un sillón en el consejo.

Estos movimientos han causado la inquietud de CaixaBank que, junto a Criteria, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa, posee el 7,3% de la operadora. El presidente de la Fundación del banco y miembro más antiguo del consejo de administración de Telefónica, Isidro Fainé, mantuvo una reunión la pasada semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se abordaron, entre otros temas, la situación de la operadora.

Además, las primeras salidas del ERE, cuyo plazo de negociación vencerá el 4 de enero de 2024, se llevarán a cabo coincidiendo con el centenario de la compañía, que tendrá lugar el 19 de abril y para el cual el grupo ha preparado numerosos actos conmemorativos a lo largo de todo el año que viene.

Duro arranque de la negociación del convenio

Paralelamente a la discusión sobre el ERE, la dirección y los sindicatos han abierto este lunes la negociación del el tercer convenio colectivo de Telefónica y empresas vinculadas (III CEV), precisamente las tres filiales afectadas por los despidos. Y el arranque ha sido más enconado  de lo que se esperaba ya que la operadora quiere introducir dos cambios sustanciales: la movilidad forzosa y la supresión de la antigüedad como criterio de ascenso.

UGT, sindicato mayoritario del comité, ha rechazado frontalmente estas propuestas. El sindicato  "se opone frontalmente a los recortes en estos derechos". El primero es abrir la movilidad geográfica forzosa interprovincial e interinsular, al plantear la eliminación de la cláusula de garantía que impedía el carácter forzoso de la misma. Además, plantea la eliminación del cobro de dietas en el caso de que los movimientos forzosos no conlleven cambio de domicilio (excepto si el desplazamiento fuese de más de 90km) y la eliminación de los días de incorporación existentes en convenio actualmente. En el caso de la movilidad geográfica voluntaria, también proponen la eliminación de la compensación de gastos (dietas) así como los días de incorporación." UGT ha rechazado estas modificaciones ya que el mantenimiento de las garantías y derechos "es una línea roja para nuestra organización pues consideramos que la empresa dispone de mecanismos suficientes para garantizar la empleabilidad en las provincias".

Igualmente, la empresa plantea una modificación del actual modelo de clasificación profesional, eliminando la progresión profesional basada en la antigüedad y proponiendo otro fundamentado en la gestión diferencial y la productividad de las personas. Por ello, proponen que le la progresión entre niveles de adscripción y salariales en sentido ascendente sea para aquellas personas con "desempeño excepcional"; la reducción de los bienios al 2% y la limitación de los bienios hasta los 24 años. UGT rechaza el recorte de derechos planteado por la empresa, "negándose a cualquier modificación que suponga un lastre en la progresión profesional y a la pérdida de derechos de la plantilla".

Por el contrario, el sindicato señala que ha avanzado en otros temas planteados para el III CEV como el modelo de Productividad: "únicamente valorable bajo acuerdo con la representación de las personas trabajadoras"; la "formación obligatoria, siempre que se realice en la jornada laboral independientemente de su modalidad"

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