Competencia investiga a Naturgy por abuso posición de dominio en el mercado de distribución de luz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone la lupa sobre Naturgy. El regulador ha hecho pública este martes la apertura de un expediente sancionador a la filial de distribución de electricidad de la antigua Gas Natural Fenosa (UFD), así como sobre sus matrices, Holding Negocios Electricidad y Naturgy Energy Group, y sobre la subcontrata por un posible abuso de posición de dominio. El expediente fue incoado el jueves de la semana pasada y ha incluido la inspección de dos sedes de la mayor gasista y tercera mayor eléctrica de España.

Competencia sospecha que la empresa que preside Francisco Reynés podría haber llevado a cabo una “estrategia exclusionaria”, a través de “una serie de prácticas de cierre de mercado, así como la imposición de condiciones discriminatorias a terceros competidores en el mercado de instalación de equipos y prestación de servicios de medida en los puntos de suministro”. De confirmarse, estas prácticas vulnerarían la ley de Defensa de la Competencia, así como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La apertura de la investigación por parte de la CNMC se produjo a raíz de una denuncia de dos empresas del sector (las sociedades limitadas Axon Time y Enerlin Ingenieros) contra UFD por “prácticas contrarias a los artículos 2 de la ley de Defensa de la Competencia y 102 Tratado de Funcionamiento de la UE [ambos referidos a la prohibición de la explotación abusiva de cualquier posición de dominio empresarial]”, así como “de la información reservada que llevó a cabo la Dirección de Competencia”.

A partir de ahora, el organismo que preside Cani Fernández dispone de un plazo máximo de un año y medio para dar a conocer el contenido del expediente, en el que se conocerán todos los detalles del proceso. La CNMC recuerda que la incoación de este expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación” y que el camino será largo: “Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución”.

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