El Gobierno propone a la UE reforzar los límites a la entrada de capital extranjero en empresas estratégicas

El Gobierno español ostenta este semestre la presidencia europea. Y va a presentar a los líderes de la Unión en la cumbre de Granada que se celebra este viernes una propuesta de autonomía estratégica. Busca fortalecer la posición industrial de Europa y asegurarse la capacidad de producción propia de bienes esenciales tras todas las dificultades sufridas con la pandemia, la guerra de Ucrania, los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos y el plan Biden contra la inflación que entrega miles de millones a sus empresas. “Trabajaremos en nuestra resiliencia y competitividad global a largo plazo, asegurándonos de que la UE tenga todas las herramientas necesarias para asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo y un liderazgo global”, dice el borrador de la declaración que se espera que los líderes de los Veintisiete rubriquen este viernes en la ciudad andaluza y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El objetivo de la propuesta española es, por un lado, no quedarse atrás en parcelas que son juzgadas esenciales en el futuro, como la energética, la tecnológica, la sanitaria o la agroalimentaria. Y por otro, mantener el liderazgo europeo del comercio mundial en un entorno en el que se están poniendo en duda las reglas de reciprocidad y en el que, cada vez más, abundan las fricciones comerciales. En este mismo documento, el Gobierno español ha incluido un apartado en el que propone a Europa reforzar la limitación y el seguimiento de las entradas de capitales procedentes de países no afines en empresas, sectores e infraestructuras europeas consideradas estratégicas.

Al hilo de esta propuesta es inevitable la conexión con el caso de Telefónica, donde, como adelantó El PAÍS, el Gobierno valora la posibilidad de poner condiciones a la entrada de la saudí STC. Al Ejecutivo no le gustó la forma en que se produjo la operación sin enterarse. Se recela de las intenciones de los saudíes. Y se hacen comparaciones con lo que sucedió en Vodafone, donde la operadora de Emiratos Etilsat entró de forma muy parecida a los saudíes y ha acabado dando un vuelco a la dirección de la compañía. En ningún caso se quiere la pérdida de una empresa tan emblemática como Telefónica. Aunque Italia sea un país socio, todavía escuece cómo Endesa ha sufrido un vaciamiento de sus inversiones latinoamericanas a manos de los italianos de Enel.

Este es un asunto también muy candente ahora en Alemania a raíz de la reciente compra de una terminal del Puerto de Hamburgo por la naviera china Cosco, que ya había entrado en los de Rotterdam y el Pireo. Máxime cuando además los chinos no permiten lo contrario. Los servicios de inteligencia alemanes han informado de que puede entrañar riesgos y que incluso podría facilitar el espionaje chino. Así que Berlín ha limitado al 24,99% la entrada de Cosco para evitar que tomase decisiones relevantes. En medio de esta polémica, el Gobierno alemán ha prohibido la adquisición de dos compañías alemanas de chips por parte de empresas con capital chino. Precisamente en Alemania fue donde empezó esta preocupación, cuando allá por 2017 los chinos compraron Kuka, una empresa de robótica con tecnología puntera y que atravesaba dificultades financieras. Al mismo tiempo, cerca de un tercio de la facturación de las compañías automovilísticas germanas procede de China. Y en países como Italia o Grecia también ha aterrizado un número significativo de empresas chinas.

La propuesta de España, que ha hecho de la autonomía estratégica una de las claves de su presidencia, va en línea con los reglamentos y directivas de la Comisión Europea ya en vigor. En 2020, Bruselas ya lanzó un sistema de “escrutinio” de las inversiones internacionales en Europa para someter a una especial vigilancia la entrada de capital extranjero en infraestructuras esenciales relacionadas, sobre todo, con los sectores de defensa, energía y tecnología. El reglamento de la UE para el control de la inversión extranjera directa permite restringir las inversiones extranjeras en la Unión si están controladas por el Gobierno de un tercer país; suponen una amenaza para el orden público del país; causan un impacto en infraestructuras cruciales, como las energéticas, de telecomunicaciones o tecnológicas; o suponen una amenaza para la seguridad nacional, algo que debe decidir cada Estado miembro. En junio de 2023, la Comisión Europea presentó además una propuesta de estrategia de seguridad económica europea que avanza en estas mismas líneas.

De modo que todos los países cuentan ya con mecanismos comunes para restringir la entrada de capital extranjero si es necesario. Y todos reforzaron estos instrumentos con la pandemia para evitar que compañías extranjeras se hiciesen con las europeas a precios de saldo aprovechando las caídas en Bolsa.

En este nuevo contexto, España ha introducido en su documento de autonomía estratégica un capítulo sobre el seguimiento de la propiedad extranjera y el control de sectores estratégicos. En este, señala que la presencia de empresas extranjeras trae enormes beneficios a la UE. Han creado más de 24 millones de puestos de trabajo y representan el 16% del empleo total en la Unión, dice. Y añade que proveen bienes y servicios que las empresas europeas necesitan para ser competitivas y son un catalizador de la innovación. “La presencia de empresas extranjeras es una consecuencia inevitable de la reciprocidad comercial. (...) Esto es particularmente cierto en el caso de Estados Unidos. Las grandes tecnológicas estadounidenses dominan el mercado europeo. Pero no debería olvidarse que, visto con una mayor perspectiva, la UE acumula un superávit comercial en bienes de 150.000 millones de euros con EE UU”, razona.

El papel argumenta que, por tanto, a Europa le interesa mantener la presencia de compañías foráneas e, incluso, aumentar sus ventajas para atraerlas. Este es el importante equilibrio que quiere introducir España en el debate, justo en un momento en el que diversos países están clamando por posiciones muy proteccionistas.

Compañías con vínculos a países no afines

Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo español admite que “la UE debería tratar de mitigar el riesgo, limitando gradualmente el dominio de compañías foráneas con vínculos a países no afines en sectores estratégicos e infraestructuras críticas”, concluye el documento elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva de La Moncloa. Para su redacción, este departamento ha realizado extensas consultas con los ministerios del resto de países de la Unión.

El Gobierno español sugiere que este objetivo se puede perseguir fomentando la regulación; reforzando instrumentos como el establecimiento de un mecanismo común de seguimiento de las inversiones extranjeras directas, y con una nueva legislación para asegurar la resiliencia de entidades críticas. “Un problema que tenemos es que muchas veces no sabemos realmente quién está detrás de las compañías, no existe una base de datos europea sobre quién tiene el control de las empresas”, subraya una fuente gubernamental.

No obstante, el informe insiste en un matiz importante: el mantenimiento debe hacerse idealmente a través de la competencia y respetando los principios del orden internacional. Debe realizarse, concluye, fomentando el desarrollo de empresas europeas en sectores críticos. “Es importante asegurar que las grandes compañías foráneas que operan en el mercado único sean facilitadoras de la innovación europea y el emprendimiento, en lugar de impedirlo”, recuerda.

En paralelo, España recomienda que la UE mejore los requisitos de seguridad y predictibilidad a las empresas que suministran servicios estratégicos, por ejemplo, aumentando los estándares de ciberseguridad. Si bien todo ello debería hacerse con cuidado para no impedir el desarrollo de las pymes, que poseen menos recursos y, en consecuencia, una menor capacidad para cumplir con las regulaciones.

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