El Gobierno baraja permitir la entrada del grupo saudí STC en Telefónica con estrictas condiciones

El presidente Pedro Sánchez ha dejado muy claro que la operación saudí para comprar casi el 10% de Telefónica está siendo sometida a un intenso escrutinio del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo apuntan que lo más probable es que se acabe autorizando, pero con unos límites estrictos, que incluso podrían hacerla inviable. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya había pedido que se impida al grupo STC que tenga voz y voto en el consejo de la empresa española. Sánchez no ha sido tan claro, pero en un acto en la CEOE, un lugar simbólico para tocar esta cuestión, el presidente ha hablado por primera vez de la operación y de sus palabras se deduce que la están mirando con lupa para ponerle condiciones muy estrictas. “El límite a la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales”, ha resumido.

En primer lugar, Sánchez ha abierto la puerta a la inversión extranjera, incluida la saudí, que ya está presente en varios sectores en España como la de otros países del Golfo. La gran preocupación del Ejecutivo es que rechazar de plano la operación pudiera ahuyentar a otros inversores internacionales. “Quiero señalar que el interés de los grandes inversores por España siempre es una buena noticia, porque demuestra que nuestro país cuenta con un tejido de empresas de primer nivel y gran potencial”, ha arrancado el presidente. Pero enseguida han surgido las cautelas y los avisos a los saudíes. “El Gobierno cuenta con mecanismos para proteger la soberanía. La legislación española es una de las más rigurosas de Europa. Todo ello de forma alineada y coherente con las directrices que emanan de la Unión Europea. El Gobierno está analizando la operación. Garantizaremos que en todo momento estén a salvo la defensa y la seguridad nacional, y que no trascienda los límites de una influencia indebida”, ha rematado Sánchez.

Preocupación por las represalias

El Gobierno se reserva un botón nuclear para detener la operación si esta toma unos derroteros que no le gustan. Dispone de una legislación, el artículo 7 de la Ley 19/2003, que le permitiría suspender, casi a voluntad y sin ningún límite, la entrada de los saudíes en el capital de Telefónica. Este artículo no se ha usado nunca y debe argumentarse muy bien jurídicamente para evitar que más adelante se tumbe en los tribunales.

Se trata del as en la manga que se guarda el Ejecutivo. Sin embargo, existe un problema de reciprocidad: se teme que si se veta la operación, los saudíes puedan tomar represalias con los contratos de empresas españolas, sobre todo de defensa. Compañías como Navantia, Maxam o las constructoras españolas podrían verse golpeadas. Así que lo más probable es que, según fuentes conocedoras, el Gobierno decida dar la autorización con condiciones, igual que sucedió con la entrada de los australianos de IFM en Naturgy. Esa operación se condicionó al mantenimiento de la actividad nacional, el empleo, una política de dividendos prudente y el apoyo a las inversiones renovables. Esta es la opinión por la que se inclina una parte del Ejecutivo. Con los australianos las exigencias fueron pactadas. Ahora no está claro si sería posible negociar con los saudíes o si serían una imposición del Gobierno, lo que podría poner en riesgo la operación.

En cualquier caso, fuentes gubernamentales subrayan que todavía hay que estudiar en profundidad la operación y que se está dando tiempo al análisis del Ministerio de Defensa. “Solo nos pronunciaremos cuando dispongamos de todos los detalles. Se busca un equilibrio entre incentivar la inversión extranjera y que no te compren empresas a precios baratos”, explica una fuente del Ejecutivo.

En un principio los departamentos económicos del Gobierno consideraban que la entrada de la saudí STC podría ser una mera operación financiera en una compañía como Telefónica que precisa reforzarse. No obstante, al mismo tiempo existía mucha preocupación porque Sumar y el resto de los socios de investidura pudieran orquestar un revuelo mediático que obligara a actuar al tratarse de una inversión controlada por un Estado con dudosas credenciales. Además, la forma en que se comunicó, sin avisar al Ejecutivo, ha levantado importantes suspicacias y molestado al Gobierno.

También despierta recelos el paralelismo que se ha trazado con Vodafone, donde la operadora de Emiratos Etilsat entró de una forma muy parecida y ha acabado dando un vuelco a la dirección de la compañía. En ningún caso se quiere la pérdida de una empresa emblemática como Telefónica.

La operación de los saudíes ha sido cuidadosamente diseñada para saltarse los dos principales escollos que le puede plantear la legislación española, un escudo antiopas que fue reforzado con la pandemia a fin de evitar que empresas de otros países pudieran aprovechar las caídas en Bolsa para quedarse a precios de saldo con las multinacionales españolas. Uno es el límite del 10% a la compra del capital. De ahí que STC solo haya anunciado la adquisición del 9,9% y que no tiene intención de tomar el control de la teleco española. El otro es una barrera del 5% del capital, a partir de la cual se activa la necesidad de una autorización previa de Defensa en la que se determina si la operación pone en riesgo los intereses nacionales. En este punto, Telefónica sí que tiene contratos con el ministerio para las redes 5G de las Fuerzas Armadas, las telecomunicaciones de Defensa y la ciberdefensa, entre otros.

La propia Yolanda Díaz admitía en sus primeras declaraciones que había que reforzar las herramientas para poder intervenir. Sin embargo, hay otra vía mucho más poderosa de la que el Gobierno se sabe poseedor, pero de la que nunca se ha hecho uso.

La Ley 19/2003 declara la libertad de movimientos de capitales y de transacciones con otros países de acuerdo con los tratados de la UE. Sin embargo, señala en su artículo 7 que el Gobierno puede suspender este régimen de liberalización cuando las operaciones o negocios puedan afectar, aunque solo sea de modo ocasional, el ejercicio del poder público, la defensa nacional, el orden público, la seguridad pública y la salud pública.

La palabra ocasional implica que no hace falta siquiera que afecte ahora. Podría bastar con el riesgo para invocarla. Es por tanto mucho más fuerte legalmente que el informe de Defensa y se extiende a cualquier ámbito de los poderes del Estado. El problema es que no se ha usado nunca, se desconoce cómo activarlo y bajo qué procesos. Y hay que evitar un varapalo judicial en el futuro. Por esa razón, es imprescindible que, en el supuesto de usarlo, se justifiquen muy bien los motivos. Los tribunales no permitirían una utilización indiscriminada de esta legislación.

En este sentido, los expertos apuntan a una sentencia europea que puso algunos límites al empleo de este mismo artículo en Francia debido a que puede ser contrario a la libertad de capitales establecida en el derecho de la Unión. Este dictamen explica que, al ser una norma tan ambigua, podría ser desproporcionada en tanto que el inversor necesita saber de antemano qué autorizaciones necesita. En concreto, era una solicitud de la Iglesia de la Cienciología de que se eliminase la autorización previa para invertir, y la Corte europea indicó que no se podía alegar el orden público con fines puramente económicos.

Desde entonces abunda la jurisprudencia en este sentido: la justicia europea ha tratado de encontrar un equilibrio entre las razones imperiosas de estrategia nacional y la libertad de empresa. Pero diversas fuentes jurídicas creen que esta línea doctrinal podría cambiar mucho ahora. En un contexto en el que la autonomía estratégica está cobrando tanta importancia tras la pandemia y la guerra de Ucrania, el Tribunal de Luxemburgo probablemente se muestre bastante más indulgente con las intervenciones por patriotismo económico. De hecho, la UE ya ha anunciado una nueva estrategia de seguridad económica que, entre otras cosas, busca dotar a la Unión de los mismos instrumentos de los que ya disponen en esta materia países como Estados Unidos y China.

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