Los fondos de Celsa inician el proceso para tomar el control de la compañía

Los fondos acreedores de Celsa se están moviendo para tomar efectivamente el control de la compañía siderúrgica después de que la justicia aprobase su plan de reestructuración, que le permite convertir parte de la deuda que atesoran del grupo en el 100% de las acciones. El cambio de manos no se ha producido todavía, ya que el Gobierno está analizando la situación y pide garantías de que los fondos, de origen extranjero, mantengan el empleo y la producción de la compañía hasta ahora controlada por los Rubiralta, la familia fundadora. Para protegerse de este escudo antiopas, los fondos han anunciado este jueves que inician el proceso para obtener la autorización de inversiones extranjeras en España. Este movimiento, según afirman fuentes cercanas al caso citadas por Bloomberg, es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los acreedores, y da inicio a un proceso de toma de control que se puede alargar tres meses.

Tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, en la que se dio visto bueno al plan de los fondos para quedarse con el total de las acciones de la compañía, los propietarios de Celsa vieron en el decreto sobre inversiones exteriores —el mecanismo de escudo antiopas— la única salida para conservar la siderúrgica. Celsa, como la principal empresa del sector en España, está considerada estratégica, y prueba de ello es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la calificó así al concederle un crédito de 550 millones para hacer frente a los estragos de la pandemia (una ayuda que nunca llegó a ejecutarse precisamente por la falta de acuerdo entre la empresa y los fondos). El escudo antiopas prevé medidas para evitar el control extranjero de determinadas empresas estratégicas, y los Rubiralta confiaban en este mecanismo para mantener la propiedad pese a la sentencia judicial.

Pero los fondos, entre los que se encuentran Deutsche Bank, Goldman Sachs, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital, ya han pactado con el Gobierno las condiciones para hacer efectivo el control. Estas condiciones, según han anunciado los fondos en un comunicado, son las siguientes: asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo; la toma de decisiones del grupo en España; y la protección del empleo y de las capacidades productivas. El Gobierno también ha instado a los acreedores la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial “que fortalezca la gestión de la compañía”.

En el comunicado, los fondos explican que han manifestado al Gobierno “su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el de mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España y con el resto de los objetivos señalados”. Entre los compromisos adquiridos con el Gobierno que ya están en marcha están precisamente el de hacer la solicitud de autorización de inversión en España y el de nombrar a un empresario español, Rafael Villaseca (quien fuera primer ejecutivo de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy), como presidente.

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