El Tribunal de Cuentas de la UE señala deficiencias en la supervisión del BCE

La supervisión financiera del Banco Central Europeo tiene “algunas deficiencias”, ha concluido el Tribunal de Cuentas de la UE en su examen. La evaluación general que han hecho los auditores de la UE de las tareas de control de la máxima autoridad bancaria de la zona euro durante 2021 es “positiva”. Sus exámenes a entidades financieras “fueron de buena calidad”, apuntan. “Sin embargo, [...] el BCE utilizó de manera ineficiente los instrumentos y competencias de supervisión existentes para garantizar una cobertura adecuada del riesgo de crédito”, señalan los auditores en el informe publicado este viernes. A este problema, suman que el ciclo de supervisión hace dos años duró mucho tiempo, lo que puede perjudicar la evaluación de los riesgos de los bancos y que hubo “supervisores nacionales [bancos centrales] que “no cumplieron con sus compromisos de proporcionar recursos de personal”.

El Tribunal de Cuentas divulga su tercer informe de evaluación del proceso de supervisión de la banca que ejerce el BCE a través del llamado Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que dirige el italiano Andrea Enria. Su trabajo consiste en vigilar los mayores bancos de la zona euro, unos 110 que vienen a tener en sus balances en torno al 82% de activos del área monetaria. Para este examen, los auditores comunitarios se han centrado “en la actuación de del BCE en el ciclo de supervisión 2021, incluida una muestra de diez bancos que presentaban problemas en relación con préstamos dudosos”, apunta el informe.

“En general, concluimos que el BCE intensificó sus esfuerzos para supervisar el riesgo de crédito de los bancos y, en particular, los préstamos dudosos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para que el BCE obtenga más garantías de que el riesgo de crédito se gestiona y cubre adecuadamente. Es una cuestión importante, ya que unos controles deficientes del riesgo de crédito y una falta de cobertura por parte de los bancos pueden socavar su viabilidad y la del sistema financiero”, reza la primera conclusión del informe.

Durante las 71 páginas del documento, se lee con frecuencia esa valoración general positiva introducida o seguida de un matiz: “En lo que respecta a las evaluaciones del riesgo de crédito real de los bancos, constatamos algunas deficiencias en la forma en que se llevaron a cabo, pero, en su mayoría, se ajustaban a las normas pertinentes”, señala otra de esas conclusiones.

“Para evitar situaciones de inviabilidad bancaria a causa de una mala gestión del riesgo de crédito, el BCE debe garantizar que los bancos gestionen adecuadamente tales riesgos”, ha señalado de forma genérica Mihails Kozlovs, el miembro del Tribunal responsable de este informe, “esto es crucial dada la importancia de la confianza en el sector bancario y las difíciles condiciones económicas actuales”.

La supervisión bancaria ha sido uno de los elementos sobre los que más focos se han puesto después de las últimas quiebras financieras en Estados Unidos, SVB, y en Suiza, Credit Suisse. Y, de hecho, después de estos capítulos más de un responsable de los bancos centrales de la zona euro ha llamado a extremar el control y la regulación sobre el sector: “El éxito de la supervisión es huérfano. Por eso es fundamental que todos acojamos con satisfacción y apoyemos la capacidad de un supervisor para ejercer su criterio y decir a un banco que su apalancamiento o su transformación de vencimientos es demasiado elevado, o que su modelo de negocio es insostenible, o que necesita adoptar medidas rápidas y sustanciales para apuntalar la gestión de riesgos y los fallos de gobernanza”, proclamó en abril el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Las deficiencias de las que habla el Tribunal de Cuentas se centran, sobre todo, en cómo los supervisores calculan los requisitos de fondos propios adicionales de las entidades, es decir, una parte del capital que se les exige a los bancos para afrontar el riesgo crediticio. Según las normas que dicta la Autoridad Bancaria Europea, estos cálculos tienen que hacerse riesgo por riesgo (pérdidas inesperadas, deficiencias de gobernanza o infravaloración del peligro de impago). En cambio, el BCE no sigue este enfoque, concluyen los auditores, y, “por tanto, no es posible vincular directamente los factores de riesgo individuales con los recargos riesgo por riesgo”.

Tampoco acaba de gustar en el Tribunal de Cuentas que desde que arranca el proceso de supervisión hasta que hay una decisión definitiva del órgano de control transcurran 13 meses: “Una duración tan prolongada conlleva el riesgo de que las evaluaciones del BCE no reflejen los perfiles de riesgo reales de los bancos”. Esto lleva a los auditores a proponer en las conclusiones finales que este periodo se reduzca a 10 meses.

Otro elemento que critican los auditores es mucho menos técnico: la falta de personal. “Nueve de los veintidós supervisores nacionales siguen sin dotar de personal a los equipos conjuntos de supervisión de acuerdo con los compromisos asumidos”, lamentan, después de recordar que el propio BCE ha decidido en 2023 “no aumentar los efectivos para su función supervisora a partir de 2023″. La solución que plantean a esta deficiencia es “establecer niveles de niveles de dotación de personal de supervisión del BCE basados en las necesidades, que sean independientes de la estrategia de personal del BCE para sus funciones de banco central”.

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