Vivienda: errores que matan

La falta de viviendas sociales es una de las carencias más graves de este país. La OCDE indica que en España las viviendas sociales representan entre el 2% y el 3% del total. Estamos a años luz de Holanda, donde estas viviendas representan el 34% del total, o el Reino Unido y Francia, que significan un 15%.

Resulta insoportable constatar que han sido políticas erróneas las que han conducido a esta situación. La insensata venta de las viviendas de protección social, la mínima inversión pública durante años, una legislación desalmada y la ausencia de la participación de las empresas privadas en proporcionar vivienda social. Se ha corregido la legislación, pero a pesar de su prohibición, siguen los desahucios. Algunos costaron vidas.

Los años de la euforia de la privatización han sido catastróficos. En España se han vendido más de siete millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO), ha recordado Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. La historia de Barcelona es elocuente. La economista Carme Trilla, una de mejores conocedoras de esta realidad social, ofrece cifras inquietantes. Durante el siglo XX en Barcelona se construyeron 606.2019 viviendas, de las cuales un 41% eran de protección oficial. El parque actual es de 785.757 viviendas y si se hubieron mantenido las protegidas hoy representarían el 38% del total, muy por encima de la media europea. En el caso de Madrid, la liquidación de viviendas sociales por los Gobiernos del Partido Popular ha sido sangrante. Las ventas de la Comunidad (2.953 viviendas) y del Ayuntamiento (1.860) a fondos especulativos han sido traumáticas para miles de familias.

El abandono de la inversión pública ha agravado el problema. Durante el último mandato del PP, (2012 -2018), la inversión del Estado en vivienda cayó hasta los 820 o 481 millones de euros anuales. El Gobierno de coalición ha multiplicado esta cuantía hasta los 3.295 y 3.472 millones para 2022 y 2023, respectivamente. A pesar de ello, es muy insuficiente. En España: misión vivienda, La contribución de Barcelona a la convergencia con las buenas prácticas europeas, Javier Burón sostiene que “en España hacen falta al menos 11.000 millones de euros al año durante no menos de un par de décadas”. Ha destacado que Barcelona está doblando su parque público hasta 15.000 viviendas, un ejemplo que deberían seguir las demás administraciones. Ello ha sido posible gracias al derecho de tanteo y retracto de la administración para las viviendas desahuciadas, establecido en Cataluña en 2015. Una medida seguida con éxito en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Un tercer error a corregir es la necesidad de implicar a la empresa privada ante los límites del sector público. Trilla propone la “concertación”. La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, recordó el sábado en Barcelona en el acto de Sumar, que la “vivienda es un derecho fundamental” y apeló a los fondos de inversión a “que pongan pisos sociales, porque estamos seguras de que si negociamos con estos señores lo van a entender”. Visiones realistas para desafíos enormes.