El rescate bancario fue una doble estafa

Estos días se cumple el décimo aniversario de la formalización del rescate bancario. Una operación que no tenía que costar un euro a los contribuyentes, según el Gobierno del PP. No obstante, la factura crece sin cesar y ya va por los 73.261 millones de euros, la mayor de Europa, según Eurostat. Al mismo tiempo, los tribunales siguen dictando cientos de sentencias por las preferentes aunque algunos de sus posibles beneficiarios ya fallecieron.

Todo el rescate bancario español fue anómalo. El documento que lo estableció, el Memorando de Entendimiento de 2012, no fue debatido en el Congreso, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Finlandia y Holanda. Fue un rescate que bajo el eufemismo de “reparto de cargas” impuso a los ahorradores con preferentes unas quitas que no fueron legales en Europa hasta 2016.

En contra de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que propuso “solo pequeños recortes”, a los tenedores de preferentes se les quitó hasta el 60% de los ahorros. “Un ejercicio sin parangón en Europa”, como señaló el profesor Daniel Manzano, socio de AFI. Así, los ahorradores fueron los primeros rescatadores forzosos del sistema financiero, al que aportaron 13.638 millones de euros, según el FROB. Una cuantía que pudo haber llegado a 18.000 millones de no haber sido por las movilizaciones, como explicó en el Congreso, Xesús Domínguez, representante de los afectados gallegos.

Las preferentes dieron un primer paso en falso en 1998. Durante años fueron fabricadas en paraísos fiscales (18.693 millones de euros), hasta que el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, descubrió el fraude y obligó a su regularización.

Tras la crisis financiera de 2008, los inversores institucionales dejaron de adquirir preferentes por su alto riesgo. Entonces, bancos y cajas, necesitados de capital, las colocaron entre su clientela de ahorradores sin advertirles de los riesgos. Todo acabó en noviembre de 2011, cuando la operativa fue prohibida por la CNMV. Cientos de miles de afectados descubrieron la estafa al ver sus ahorros bloqueados.

Unos meses después llegó el rescate bancario promovido por Alemania, Francia y Países Bajos, que apremiaron a España a solicitar la ayuda europea. Perseguían que sus bancos recuperaran el dinero que había prestado a las entidades financieras españolas. El Estado español respondería así de un dinero que volvería a la banca europea. La UE ofreció 100.000 millones. Tras varias reticencias, el Gobierno aceptó 41.025 millones del dinero europeo. Parte de la rebaja se logró gracias al capital que aportarían los preferentistas.

Para frenar las protestas, el Ejecutivo organizó un arbitraje. Para el fiscal general de Galicia, Carlos Varela, “el arbitraje tenía un inconveniente y es que el banco elegía a las personas”. Los resultados del mismo en Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa son ilustrativos. De los 537.150 clientes con preferentes, solicitaron el arbitraje 421.290 (78%). Los bancos rechazaron a 125.795 afectados. Los que fueron aceptados, recuperaron 3.125 millones de euros, el 47% de lo reclamado. Doble estafa. Perjudicados como contribuyentes y como particulares. Y sin contar con la Sareb, el llamado banco malo, que ha aumentado la deuda pública en 34.000 millones. Difícil una gestión peor.