La jueza archiva el caso por el rescate de Plus Ultra

El juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investiga el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas otorgado a la aerolínea Plus Ultra, atendiendo al recurso contra las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y Vox contra la empresa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público a través del cual se otorgaron las ayudas. Este nuevo auto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto del pasado mes de noviembre, rechazara la querella al haberse vencido el plazo para la instrucción del caso.

En esta nueva sentencia, fechada el pasado 5 de enero, la jueza Esperanza Collazos señala que “no aparece debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo. En este sentido, rechaza que el consejo gestor de la SEPI cometiera los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían los demandantes.

Sin capacidad decisoria

Par la jueza, los directivos de la SEPI que autorizaron el desembolso no fueron los máximos responsables del rescate porque fue una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. “El Consejo Gestor de la SEPI no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de marzo de 2021, no se autorizó”, indica el auto.

“De esta forma, con lo datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”, concluye. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Provincial de Madrid ya habían solicitado el archivo al considerar que no constaba indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

Plus Ultra no ha tardado en valorar la nueva sentencia señalando que ha quedado claro que no existen indicios delictivos de ningún tipo ni contra los consejeros de SEPI ni contra Plus Ultra Líneas Aéreas, y que compañía “no ocultó información ni tuvo ninguna intención de defraudar al solicitar la financiación concedida”.

La aerolínea, al que se relacionó con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, recuerda que también el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Unión Europea ya habían fallado con anterioridad a su favor. “Para Plus Ultra Líneas Aéreas las cuatro decisiones vienen a demostrar, cada una en su ámbito, la falta de fundamento de las acusaciones, así como las tergiversaciones que se han estado vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española, utilizada injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver, con el resultado de daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía y de algunos de sus miembros y/o accionistas”, ha indicado la empresa este lunes en un comunicado.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. En abril de 2022 el juzgado inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.

En su auto, la magistrada indicaba que “los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa). También el entonces secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.