De la promesa de jugar al polo en Sotogrande a acabar durmiendo en un establo por 500 euros

David (nombre ficticio) sabía que debía dejar atrás su casa, su familia y su pareja si quería prosperar como jugador de polo, un deporte poco común en el país africano del que es originario. El anuncio en internet que le prometía practicar ese deporte y trabajar en España parecía la respuesta perfecta. Lo que menos podía esperar el joven de 25 años es que, nueve meses después, iba a acabar aportando un billete de 50 euros, roído por la rata que visitaba el establo en el que dormía, como prueba de la explotación laboral que estaba sufriendo en un campo de polo de Sotogrande (San Roque, Cádiz). La promesa de jugar a ese deporte ocultaba un supuesto caso de trata de seres humanos, favorecimiento de inmigración ilegal y falsedad documental por el que ya hay tres detenidos, responsables de la empresa que supuestamente explotó a David.

Los policías de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría de Algeciras lo encontraron hace un mes viviendo como podía en una finca dedicada al polo en El Secadero, una pedanía de Casares (Málaga) cercana a Sotogrande. “Estaba humillado y solo. No lo dejaban hacer otra cosa más que limpiar la mierda de los caballos”, asegura a EL PAÍS uno de los agentes que lo localizó. El joven africano era el que estaba en situación de mayor desamparo por desconocer el idioma y seguir alojado en ese establo “en condiciones deplorables” junto a las cuadras de los equinos, según explica la misma fuente, pero no era el único inmigrante supuestamente explotado.

Los investigadores de Algeciras han localizado hasta a ocho víctimas, la mayoría de origen sudamericano, que llevaban de uno a tres años trabajando ilegalmente para el campo de polo en jornadas maratonianas de más de 12 horas, sin apenas días de descanso y por salarios “muy por debajo” del mínimo profesional. Eso sí, las cinco personas localizadas en la finca el día en el que también dieron con David iban vestidas de uniforme con el logo de la empresa.

Todos esos empleados que cobraban ilegalmente habían acudido al reclamo realizado por C. R., un ciudadano de origen británico que figura ahora como principal investigado de la denominada Operación Bocha, de la que la Policía Nacional en Cádiz informó el martes en un comunicado. Junto a él, el encargado de la explotación y el contable también figuran como responsables de estas contrataciones fraudulentas que, en algunos casos, comenzaron con anuncios o contactos en los países de origen, como en el caso de David. Los migrantes llegaban a España en viajes de avión con la colaboración de los sospechosos, “mediante billetes de ida y vuelta y distintos certificados” que amparaban una supuesta estancia temporal de tres meses.

Cuando el plazo expiraba, los migrantes se quedaban trabajando en la finca como petiseros —encargados del cuidado de caballos y cuadras—, sin cobertura legal alguna y en situación de estancia irregular. La promesa “de que los ayudarían a regularizar su situación en España y obtener un contrato formal y justamente remunerado”, como explica la policía, nunca llegaba. En su lugar, solo tenían acceso a largas jornadas laborales, pagadas con un salario de entre 400 y 500 euros que apenas les daba para vivir fuera de la finca y con el temor “a la pérdida de su trabajo ante cualquier accidente laboral”, algo que era habitual.

“No es solo el engaño, es el abuso que sufren los afectados. En estos casos, [los sospechosos] se aprovechan de que no se sienten víctimas de explotación”, apunta uno de los investigadores de la UCRIF de Algeciras. Tanto es así, que los agentes tuvieron que convencer a algunos de los afectados del campo de polo de que su situación distaba mucho de ser legal y justa: “Venían de países en vías de desarrollo en los que trabajar muchas horas y cobrar un salario mínimo de 150 euros puede ser normal. Cuando veían que les pagaban 500 euros, lo aceptaban”. Pero el policía remarca tajante: “Que una persona esté en situación irregular no significa que no tenga derechos”.

C.R., el principal investigado, aseguró a los agentes desconocer supuestamente que lo que estaba haciendo con sus empleados fuese ilegal, aunque el rosario de cargos por el que le imputan puede sumar hasta 15 años de prisión. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona (Málaga) lo investiga a él y al encargado por supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. A su contable, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Tras ser detenidos y pasar a disposición judicial, los tres están en libertad con cargos a la espera de juicio.

La policía ha ofrecido a las ocho víctimas del empresario medidas de protección y humanitarias. El joven africano ha entrado en un programa de protección de testigos. Además, los afectados están ahora “intentando regularizar su situación” en España, un proceso que el Ministerio de Trabajo facilita para personas que han sido víctimas de abusos labores y que colaboren en destapar estos casos. La policía cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana. La denuncia puede ser anónima y confidencial en este tipo de delitos y la llamada no queda reflejada en la factura telefónica.