Un despido en el Banco de España

A veces por la vía más insospechada vamos conociendo nuevos elementos de las raíces de la crisis financiera española, la más costosa de Europa, 73.138 millones de euros, según Eurostat. Una sentencia del pasado 7 de julio del Juzgado Social 41 de Madrid, que declara improcedente el despido de Jorge Pérez Ramírez, alto funcionario del Banco de España, arroja luz sobre un aspecto relevante de la crisis: las anomalías contables de ciertas entidades financieras permitidas por las autoridades.

La juez exculpa al ex jefe de la división de normativa contable del Banco de España de las imputaciones que justificaron su despido como “transgresión de la buena fe contractual, inobservancia reiterada de las disposiciones estatuarias y quebrantamiento del secreto profesional cuando pueda causar perjuicio al Banco”, entre otras.

Pero la sentencia recoge también entre “los hechos probados” las diferencias de criterio existentes entre el ex jefe de normativa y sus superiores. Diferencias que se remontan a momentos críticos de la crisis financiera, el 29 de diciembre de 2010. Pérez Ramírez rechazó entonces que “las diferencias entre partidas”, (pérdidas) de las siete cajas que iban a formar Bankia “sean registradas contra las reservas en las cuentas anuales individuales”. Argumentó que “no se encuentran razones mercantiles, contables, financieras, ni regulatorias” para ello y destacó que la petición de las cajas “podría contribuir a su descapitalización en la medida que existan compromisos cuya liquidación está vinculada con el resultado contable”. En su opinión las diferencias tenían que consignarse como pérdidas. A pesar de ello, el Banco de España autorizó la petición de las cajas por razones supervisoras.

La cuestión de fondo es que el cargo a reservas evitaba la declaración de pérdidas que hubiese impedido a las cajas pagar los intereses de las participaciones preferentes. Esta anomalía fue puesta de manifiesto por Jaime Terceiro, catedrático de Análisis Económico y expresidente de Caja Madrid, en La Crisis Financiera, (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, marzo de 2011). El profesor recordó que en el caso de Caja Madrid, pese a una variación negativa de los fondos propios de 4.010 millones de euros, el Banco de España autorizó registrar unos beneficios aparentes de 180 millones de euros, probablemente para poder pagar los intereses de las participaciones preferentes. Precisó que si se hubiera actuado como “todas las instituciones comparables, aparecerían unas pérdidas superiores a los 3.500 millones de euros”. Los inspectores del Banco de España habían cifrado en su informe de 2010 unas pérdidas esperadas de 2.873 millones.

Enseñanzas. Si se hubieran aplicado las normas en 2010, los preferentistas habrían perdido los intereses, pero quizá salvado sus ahorros. La situación era manejable. Luego siguió la fuga adelante con la salida a bolsa de Bankia. Al final en noviembre de 2011, estalló una crisis mayor: los preferentistas perdieron parte de sus ahorros y meses después la UE tuvo que rescatar varias entidades financieras. Teníamos unos excelentes funcionarios que cumplieron y avisaron. Haberles hecho caso habría evitado problemas mayores.