La Fiscalía de Portugal investiga al rey del turismo náutico por fraude en la compra-venta de un ferry

El portugués Mário Ferreira es el prototipo de emprendedor de éxito. A partir de cruceros por el río Duero, construyó un exitoso negocio que le ha convertido en uno de los hombres más ricos de Portugal. Su grupo Pluris agrupa ahora a más de 40 empresas, que no solo hacen turismo náutico. En 2020 adquirió a PRISA, editora de EL PAÍS, el 30% del grupo de comunicación Media Capital, que gestionaba la televisión TVI, por 10,5 millones de euros. El año pasado se asoció a la CNN para emitir en Portugal, uno de los pocos países europeos donde la cadena estadounidense tiene un canal local.

Todo fluía bien para Ferreira hasta este miércoles, cuando la Fiscalía registró varios despachos y oficinas en Oporto y Funchal, la capital de Madeira, donde tiene domiciliadas algunas empresas que se acogen al ventajoso régimen fiscal de la región autónoma. Además, se realizaron rastreos en sociedades de Malta. La Fiscalía portuguesa, que tiene unas competencias de investigación mayores que la española, anunció hoy que ha declarado a Mário Ferreira “arguido” (una figura que equivale a “sospechoso oficial”) en la Operación Ferry, que investiga los delitos de fraude fiscal y blanqueamiento en la compra-venta del crucero Atlântida, construido por los astilleros públicos de Viana do Castelo, en el norte del país.

Ferreira adquirió el buque por 8,75 millones de euros en septiembre de 2014 y lo vendió por 17 millones pocos meses después a través de una sociedad que creó en Malta y que se extinguió pronto. El ferry, que estaba valorado en 29 millones de euros, fue construido en los astilleros de Viana do Castelo como un encargo del Gobierno regional de Azores, que finalmente rompió el contrato en 2009 al considerar que no cumplía los requisitos necesarios para el transporte marítimo entre las islas del archipiélago. En la ajetreada vida mercantil del Atlântida se encuentra incluso un anuncio de compra del venezolano Hugo Chávez, que finalmente también renunciaría. Los astilleros públicos se cerraron en 2014. Y es la comisión liquidadora la que vende el navío a Mário Ferreira.

“Los hechos investigados, que han motivado la apertura este proceso, se remontan a los años de 2014 a 2016 y se refieren a una transacción efectuada con el recurso a otra jurisdicción, de forma que disminuyesen los beneficios tributables en Portugal”, ha explicado en un comunicado la Agencia Tributaria, que participa en la investigación. El objetivo, añaden, era reducir los impuestos a pagar en el país, así como “camuflar” los rendimientos obtenidos.

La operación fue denunciada por Ana Gomes, diplomática y eurodiputada socialista hasta 2019, que mantiene una lucha solitaria y tenaz contra la corrupción y los delitos económicos en Portugal. Gomes se enfrentó a una denuncia del entonces ministro de Defensa, José Pedro Aguiar-Branco, por sus críticas al proceso de privatización de los astilleros, y a otra de las empresas de Ferreira por sus “ofensas y calumnias”. Ninguna prosperó en los tribunales. La política socialista alertó sobre la posible corrupción que había tras la venta a Ferreira del Atlântida que, según ella, había recibido ofertas anteriores que triplicaban la propuesta del empresario.

La operación de la Fiscalía contra Ferreira, que el miércoles se ofreció a colaborar en la investigación y llegó a pedir que le declarasen “arguido”, se desarrolla dos días después de que el diario Público informase de que su sociedad Pluris Investments recibirá 40 millones de euros del programa de recapitalización estratégica para las empresas perjudicadas durante la pandemia, que está financiado con préstamos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea. La decisión del Banco Portugués de Fomento, que selecciona las peticiones para acceder a estos fondos públicos, ha sorprendido porque otorga a Pluris Investments una cantidad que cuatriplica la establecida en las normas (se fijaba un límite preferencial de 10 millones de euros). El dinero irá, además, a recapitalizar una empresa del grupo, Mystic Cruises, que ha fichado a Diogo Lacerda Machado, íntimo amigo del primer ministro portugués, António Costa, como administrador no ejecutivo.

En una sesión en la Asamblea de la República, el ministro de Economía, António Costa Silva, aseguró que las decisiones del Banco de Fomento son autónomas, que fueron validadas por un comité de inversiones y que no ha habido intervención alguna del Gobierno para decidir el reparto de las ayudas, informa la agencia Lusa. EPor su parte, el Banco Portugués de Fomento señaló en un comunicado que los programas se rigen por “criterios objetivos” aprobados por la Comisión Europea y que le evaluación de las candidaturas “aumenta de exigencia conforme crece el montante”.

Algunos partidos de la oposición, como el Bloco de Esquerda, han exigido explicaciones por estas ayudas. “Es necesario garantizar que las que reciban estos fondos sean ejemplares desde el punto de vista fiscal. No podemos permitir tener empresas que usan sociedades en Malta para hacer sus negocios y que luego son beneficiadas con financiación pública”, criticó la diputada Mariana Mortágua.

Mário Ferreira inició su actividad turística en 1993 con un simple barco que hacía viajes en el río Duero. El éxito de aquella compañía, Douro Azul, derivaría en un conglomerado empresarial alrededor del turismo con la explotación de hoteles, parques temáticos y diversas actividades relacionadas con los viajes, al que recurren cada año más de 375.000 turistas, según datos de Mystic Invest, el holding que agrupa a estas sociedades.