Baterías extraíbles y cargador único para el móvil, el difícil sueño de la UE

Hace poco más de diez años, uno de los gestos más habituales del usuario era abrir la tapa trasera de su móvil y extraer la batería. Era la mejor manera de resetear el aparato cuando se atascaba. Otros llevaban una batería en el bolsillo y cuando se le agotaba la carga a la original la podían reemplazar en un minuto, sin necesidad de llevar el cargador encima y buscar un enchufe. Pero desde hace más de 15 años, los fabricantes han eliminado esa posibilidad. Los móviles son compactos y la batería va incrustada en su interior, de forma que solo los servicios técnicos pueden acceder a ella. La consecuencia es que si la batería falla —y es uno de los elementos que antes se deteriora junto con la pantalla— el consumidor opta generalmente por cambiar de móvil. Justo lo que quieren las marcas y lo que quiere evitar ahora la Unión Europea.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado marzo por abrumadora mayoría un proyecto legislativo para negociar con los gobiernos las nuevas normas sobre pilas y baterías, que regulará desde el diseño hasta el final de su vida útil. El objetivo último es garantizar que para 2024 las baterías de dispositivos como los teléfonos inteligentes (smartphones), y las de los de transporte ligeros (LMT, por sus siglas en inglés), como patinetes y bicicletas eléctricas, puedan ser retiradas y reemplazadas por los mismos consumidores de forma fácil y segura “utilizando herramientas básicas y comúnmente disponibles” y “sin causar daños al aparato o a las baterías”, con la responsabilidad de los fabricantes de proporcionar la documentación para la extracción y el reemplazo de las baterías.

El informe también establece unos niveles mínimos de recuperación de cobalto, plomo, litio y níquel para su reutilización en nuevas baterías y unos objetivos de recogida más estrictos, y plantean la introducción de una declaración y una etiqueta que especifiquen la huella de carbono de las baterías. El propósito es que se reciclen un 45% de las baterías de los móviles usadas para finales de 2023 y el 80% para finales de 2030, y del 85% para 2030 para patinetes y bicis eléctricas.

El Parlamento pide que la industria asegure que la cadena de valor de las baterías cumpla plenamente con las obligaciones en materia de derechos humanos y diligencia debida. En concreto, hay que abordar los riesgos en torno al abastecimiento, el procesamiento y la comercialización de las materias primas, que a menudo se concentran en uno o en pocos países.

Una normativa muy ambiciosa inspirada en la protección medioambiental y la economía circular, pero que va a chocar con importantes dificultades prácticas. En los estudios preliminares realizados, los fabricantes ya han avisado a la Comisión que las baterías selladas que se generalizaron a partir de la segunda década no son un capricho, sino una necesidad para que los teléfonos sean más delgados, ligeros y herméticos para evitar la entrada de polvo y líquidos.

Además del diseño, que cada vez juega un papel más importante como diferenciador de marca, volver a poner una tapa trasera aumentaría las averías por la introducción de suciedad al interior del terminal y facilitaría a los cacos a labor de evitar el rastreo de los móviles robados, señalan en fuentes de los fabricantes.

Baste señalar que en 2021 apenas se lanzaron al mercado una decena de móviles con batería extraíble y casi todos de marcas poco reconocibles (Nokia 01 Plus, Fairphone 4, Nokia C1 2nd Edition, Cat S22 Flip, Blus C5L Max, Blu View 2, Yezz Go 3, Yezz Liv 3 LTE y Samsung Galaxy Xcover 5). Otro escollo no menor para implantar la normativa europea sería la tentación de las marcas de producir móviles con batería extraíbles solo para la UE, sorteando la prohibición mediante importaciones.

Lo que esconden los fabricantes es que, pese a que como defienden los smartphones son cada vez más perfectos, su ciclo de vida se ha reducido desde los tres y cuatro años a los 18 meses. Si la batería deja de cargar o no ofrece la suficiente autonomía, el usuario puede llevarlo a reparar, pero el coste le va a desincentivar el arreglo y preferirá en muchos casos renovarlo. Solo en España se desechan cada año 20 millones de teléfonos, lo que supone un total de 2.000 toneladas de residuos. Las cantidades de residuos electrónicos han aumentado de forma exponencial. La generación mundial se estimó en 41,8 millones de toneladas en 2014, alcanzó el récord de 53,6 millones en 2019 y se espera que para 2030 se llegue a 74 millones. A nivel europeo, la cantidad de residuos electrónicos que produce cada persona al año es de 15,6 kilogramos. No obstante, la Fundación Ecolec, que promueve el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), estima que en España ya se reciclan el 60% de los aparatos.

¿Y el cargador universal?

Pero no esta la única iniciativa que persigue un uso más racional de los aparatos electrónicos. Otra vieja aspiración europea es la de establecer un cargador universal para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como tabletas, portátiles, cámaras digitales, auriculares o videoconsolas. Bruselas lleva impulsando el proyecto desde hace más de una década y hasta 2014 logró reducir de 30 a 3 los cargadores existentes en el mercado gracias a un acuerdo voluntario con los principales fabricantes de dispositivos móviles: el USB Micro B, el USB-C y el Lightning, exclusivo de Apple.

Pero ahora quiere dar un paso más. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el pasado miércoles la propuesta de la Comisión Europea para que exista un único cargador universal en la Unión Europea, y aboga también por explorar una estrategia que permita avanzar en la misma línea con los cargadores inalámbricos en los próximos años.

“El objetivo del proyecto legislativo es evitar que los consumidores necesiten cargador y cables nuevos cada vez que adquieran un aparato electrónico. De este modo, podrán utilizar un único cargador para todos sus dispositivos de pequeño y mediano tamaño”, según el Parlamento. La iniciativa busca reducir las entre 11.000 y 13.000 toneladas de basura electrónica que generan los cargadores obsoletos

Comisión, Parlamento y Consejo de la UE podrán iniciar ahora la negociación final sobre la normativa, que pretenden finalizar con un acuerdo antes de que acabe el año 2022. Esta legislación dejaría fuera los ordenadores portátiles y también dispositivos pequeños como relojes inteligentes o dispositivos que miden la actividad física. Los europarlamentarios pretenden que Bruselas presente una estrategia para finales de 2026 sobre los sistemas de carga inalámbrica, de forma que cualquier dispositivo sea compatible con cualquier fabricante y evitar así “una nueva fragmentación del mercado”. El objetivo es seguir reduciendo los residuos medioambientales, garantizar que las soluciones se adecúan a las necesidades de los consumidores y evitar que estos acaben dependiendo de un único proveedor.

En realidad, la obligación será que el puerto de conexión de todos los aparatos sea del tipo USB-C, el que ya usan los móviles de todas las marcas que utilizan el sistema operativo de Android como Samsung, Huawei o Xiaomi. Pero, como siempre, Apple se opone rotundamente y defiende que su conector Lightning para iPhone es mucho más innovador y ha presentado un informe para frenar el cambio de la directiva. Una posición curiosa si se tiene en cuenta que nuevos modelos de iPad y MacBook de Apple ya emplean el conector USB-C.

La normativa pretende asimismo que la venta de cargadores se disocie de la venta de dispositivos electrónicos, lo que hará que en la compra de un nuevo dispositivo no esté necesariamente incluida la de un nuevo cargador, reduciendo así la basura electrónica.