El juez del caso BBVA-Villarejo imputa al auditor jefe del banco por el supuesto espionaje a un abogado

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acordado imputar al actual jefe de auditoría interna de la entidad, Joaquín Gortari, por su posible participación en hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En un auto con fecha de 24 de junio, el juez rectifica así su decisión previa de no imputarle en la causa y atiende el recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, quien está personado como perjudicado en la causa por haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA. Antes de ejercer su cargo actual, Gortari era el responsable del gabinete del presidente del banco, Francisco González, imputado en la causa, y fue uno de los encargados de la investigación inicial de la entidad sobre la conexión con Villarejo, que terminó sin encontrar implicaciones.

El banco ha decidido que siga en su puesto pese a esta decisión judicial. La entidad apunta que ya realizó “los procesos internos necesarios que determinaron la continuidad de Gortari y no hay información nueva o distinta al respecto. La declaración de investigado no supone la acusación formal de ningún delito”.

“A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos”, dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón.

El BCE evaluará si es apto para el cargo

La normativa exige como elemento de valoración de la honorabilidad de un alto cargo el que se tenga en cuenta cualquier investigación penal relevante que pueda afectar a esa persona. La consideración de investigado en un proceso penal (antes imputado) supone que el Banco Central Europeo (BCE) deba analizar la situación de Gortari, porque este sigue al frente de la auditoría interna.

La normativa exige que en un plazo de 15 días Gortari comunique al Banco de España y al BCE su condición de investigado. El Comité de Nombramientos del BBVA deberá emitir una valoración sobre si esa investigación penal abierta afecta o no a la honorabilidad e idoneidad de ese alto cargo, diciendo si la evaluación es positiva o negativa. Esta es la evaluación que el BBVA ya ha realizado sin encontrar motivos para retirar del cargo a Gortari.

Esa valoración se debe remitir a los supervisores para que se proceda a su examen y valoración. Y puede llevar a que se abra un procedimiento formal de reevaluación de la idoneidad de ese alto cargo o que se deje esa decisión hasta que el proceso penal esté más avanzado. El BBVA deberá comunicar todas las variaciones que se vayan produciendo en el mismo.

Asimismo, el Real Decreto 84/2015 del 13 de febrero establece que “no se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general de la entidad, sea objeto de dichas investigaciones”.

Crítica a la Fiscalía Anticorrupción

Volviendo al auto, el magistrado explica que anteriormente no había accedido a su imputación, ya que no se razonaba adecuadamente la motivación. Y recrimina al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición de Izquierdo, alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba sino una “imposición del sistema procesal penal”.

“El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales”, recuerda el juez.

No obstante, en el punto tercero de los razonamientos jurídicos, indica que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión “se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo” y por tanto acuerda la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del expresidente de BBVA Francisco González.

Espionaje ordenado

No obstante, el juez se alinea con la Fiscalía al entender que debe volver a desestimar una fianza de más de dos millones de euros. El abogado quería que respondieran de ese monto tanto Gortari como González y el propio BBVA para que aseguraran las responsabilidades monetarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

Izquierdo alegaba para pedir la imputación de Gortari que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y del ahora investigado. El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.