España confía en que los socios den en julio el sí a las reformas para desembolsar este año 19.000 millones

Tras la aprobación del plan de recuperación de España por parte de la Comisión Europea, el foco se traslada al Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin). Los Veintisiete tienen ahora un mes para dar su visto bueno a los programas nacionales de reconstrucción. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se mostró convencida de que el Ecofin del 13 de julio dará la luz verde definitiva a un documento que abre la puerta a recibir hasta 140.000 millones de euros en los próximos seis años. “No tengo ninguna indicación de que vaya a haber algún problema para la aprobación en julio”, sostuvo Calviño.

Los ministros de Finanzas de la UE se reúnen desde este miércoles en Luxemburgo en la primera cita formal en la que participan desde el estallido de la pandemia. Lo hacen con los planes de Portugal, España, Grecia y Dinamarca aprobados, a los que probablemente el viernes se unirá el de Luxemburgo. En este Ecofin no habrá ninguna decisión formal. La Comisión Europea dará cuenta de las evaluaciones efectuadas hasta ahora, que pasarán a los técnicos de los países para posteriormente volver a adoptar una decisión política y pasar al Consejo del 13 de julio.

Tampoco habrá una presentación formal por parte de Calviño, que el pasado enero ya expuso las líneas maestras de su plan al resto de socios de la UE. Sin embargo, la vicepresidenta explicó que durante estos días tendrá ocasión de reunirse con varios colegas para “tomar el pulso a la situación”. Calviño cree que el plan español pasará el filtro del Ecofin sin problemas. Tampoco entre los halcones del norte de Europa, que exigieron incluir el mecanismo del llamado freno de emergencia para poder parar un plan que, a su juicio, no cumpla con el espíritu del reglamento del fondo europeo de recuperación. Es decir, que carezca de reformas estructurales.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, avaló esa tesis al considerar que el trabajo de la Comisión Europea ya ha sido “muy riguroso”, por lo que gozará de la credibilidad de sus colegas. El irlandés, además, añadió que la mayoría de los ministros de Finanzas creen que “la velocidad” en el despliegue de los planes “importa” y se mostró confiado en que la próxima presidencia de turno, que será asumida por Eslovenia el 1 de julio, sabrá combinar la necesidad de liberar rápidamente los fondos con un “buen debate” en el seno del Consejo. “La Comisión ha sido realmente clara en su agenda de reformas, muy rigurosa, muy persistente y muy ecigente a veces, de modo que ha asegurado que los planes que van a la Comisión cumplen los criterios para una transición verde y digital”, afirmó.

Bruselas ha bendecido el plan con el que España se impone deberes desde el principio, si bien también acepta que las reformas más controvertidas —las del mercado laboral y pensiones— queden sin concretar a la espera de los resultados del diálogo social. Además de la prefinanciación de 9.000 millones de euros, Calviño dio por hecho que recibirá en diciembre otros 10.000 millones al considerar que el Gobierno ya tiene “prácticamente” concluidos los hitos comprometidos para “mediados de este año”.

El ministerio trabaja, pues, con la vista puesta en el pago del primer semestre de 2022, que ascenderá a unos 12.000 millones de euros. Para poder reclamar ese desembolso, España deberá haber cerrado varias reformas laborales, entre ellas, la de la negociación colectiva, la de los ERTE, la que aborde la reducción de la temporalidad o la de la mejora de los trabajadores subcontratados. Bruselas respetará la decisión de la negociación colectiva, aunque ha buscado fórmulas para asegurar que se cumplen los compromisos adquiridos.

Jóvenes y mujeres, los más perjudicados por la crisis

“La reforma laboral es, sin duda, una de las más urgentes desde el punto de vista estructural en nuestro país”, afirmó la vicepresidenta, que abogó por modificaciones legales que mejoren “la calidad del empleo” que se cree en la nueva fase expansiva que espera vivir España en los próximos años. “Por eso, se ha establecido que el objetivo es llegar a ese nuevo marco de normas laborales a finales de 2021. Y ese hito se corresponde con el pago que se producirá en el primer semestre del año próximo”, sostuvo la vicepresidenta.

Además de esa reforma, Bruselas también espera al resultado de la negociación colectiva en el terreno de las pensiones. En los documentos de evaluación, la Comisión acepta las medidas compensatorias para mitigar los efectos de volver a vincular las pensiones con la subida de los precios. Sin embargo, advierte de que, si estas no son suficientes, serán necesarios ajustes. Y en todo caso, requerirá de una reforma fiscal que el Ejecutivo se ha comprometido a ejecutar en 2023. “Los jóvenes son, junto a las mujeres, el colectivo más perjudicado por esta crisis económica. Y ya fue el más perjudicado por la anterior crisis financiera”, recordó Calviño al apelar a realizar cambios legales para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar, incluyendo el sistema de pensiones.

Calviño abogó, eso sí, por trabajar “en el marco del diálogo social”. “Queremos que las reformas tengan el máximo apoyo del conjunto de la sociedad”, razonó la titular de Economía, que consideró que solo así estas “perduran en el tiempo y son eficaces”.