Bruselas reabre el expediente a España por la morosidad de las comunidades y los ayuntamientos

Bruselas ha amenazado este miércoles con llevar a España a la justicia europea por los “excesivos retrasos” de los pagos a proveedores por parte de las administraciones públicas, en particular comunidades autónomas y ayuntamientos. Seis años después de que se abriera el expediente, la Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado al gobierno tras constatar que persisten los incumplimientos. Si la respuesta de España no es satisfactoria, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

La máxima prioridad de Bruselas es ahora salvar el tejido productivo de la UE. La brutal recesión sufrida a raíz de la pandemia ha puesto contra la cuerda a las empresas, en especial a las pymes. Y ahora, estas pueden verse perjudicadas por una retirada a destiempo de las ayudas a los gobiernos, lo cual dispararía también la tasa de paro. Por ello, Bruselas ha llamado la atención a Italia y España sobre los retrasos que siguen sufriendo los proveedores de las administraciones públicas.

El Ejecutivo comunitario ha decidido enviar a España un dictamen motivado por “los retrasos excesivos en los pagos por parte de las autoridades públicas”. “En opinión de la Comisión, esa demora constituye una infracción de las obligaciones derivadas de la directiva 2011/7 [sobre morosidad]”, aseguran fuentes del Ejecutivo de Ursula von der Leyen. La legislación comunitaria obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en 30 días (60 días, en el caso de los hospitales). “Los pagos atrasados tienen un efecto negativo en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impiden crecer, dificultan su resiliencia y su capacidad para volverse más verdes y digitales”, añade Bruselas.

El expediente a España se abrió en 2015, si bien se dejó en suspenso en 2018 a petición del gobierno español para permitirle identificar y ejecutar medidas para abordar el problema. Además, se incorporó una nueva metodología para calcular esos periodos de pagos a instancias de Bruselas, puesto que el sistema empleado por la Administración no cumplía con las reglas europeas. Fuentes comunitarias explican que durante ese periodo las autoridades españolas entregaron informes regulares. “Después de dos años de suspensión, sin embargo, la situación no ha mejorado”, añaden.

El Ejecutivo comunitario considera que no hay una tendencia constante hacia “una reducción sistémica e irreversible” de esas demoras. Y si bien reconoce los esfuerzos hechos por las autoridades centrales, cree que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no se han empleado de igual manera. “Las medidas puestas en marcha por las autoridades españolas [en esas administraciones] no han dado los resultados esperados”, agregan.

Según las estimaciones de la Comisión, en noviembre de 2020 la deuda comercial de las autonomías siguió escalando hasta los 5.093 millones de euros. El periodo de pago era de 66 días en el caso de los gobiernos regionales, y de 68 en el de las corporaciones locales. En ambos casos, casi duplicaban lo admitido por la ley comunitaria. Aun así, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad indica que la media de pago del sector público fue de 77 días en 2020. Bruselas da dos meses a España para contestar. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, podrá ir ante la Corte de Luxemburgo.