Balas que acallan la esperanza birmana

Tres meses después del golpe de Estado que depuso al Gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y con más de 750 muertos por la represión militar, la economía birmana se encuentra en caída libre. La incertidumbre que pende sobre el futuro del país, con el sistema financiero paralizado debido a las masivas huelgas convocadas por los opositores a la violenta respuesta de los generales, entre otros muchos factores, puede llevar al país a contraerse hasta el 20% en 2021. Un pronóstico que devuelve a Myanmar (la antigua Birmania), una de las promesas del sureste asiático cuando comenzó su transición democrática en 2011, a la época más oscura y empobrecida de las décadas de dictadura castrense.

Igual que durante medio siglo (1962-2011) los militares llevaron al país a la ruina con políticas económicas de efecto nefasto sobre su crecimiento, los años de apertura siguientes fueron un rayo de esperanza para Myanmar. El Gobierno civil de Suu Kyi, líder de facto desde 2015 y reelegida en los comicios de noviembre —que los militares declararon fraudulentos como excusa para dar el golpe—, llevó a cabo reformas económicas, ayudando a atraer inversiones a un país que había vivido aislado de la comunidad internacional hasta entonces. Según el Banco Mundial, la pobreza se redujo casi a la mitad: de un 42,2% en 2010 a un 24,8% en 2017. Y desde que Estados Unidos y los países europeos levantaron las sanciones contra la antigua Birmania en 2012, el crecimiento anual se había situado entre el 5% y el 8%.

Un panorama radicalmente diferente del actual; si Myanmar ya había sufrido la sacudida de la pandemia de la covid-19 en 2020, el golpe de Estado del 1 de febrero le ha dado la estocada definitiva. Fitch Solutions, filial de la agencia homónima, predice una contracción del PIB del 20% este año, el doble que lo anticipado por el Banco Mundial. Un estudio de finales de abril del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alerta de que, si no se hace nada para remediarlo, la combinación de los efectos del coronavirus y las consecuencias del golpe de Estado podrían empujar a la pobreza a 12 millones de birmanos, lo que resultaría en un total de 25 millones —casi la mitad de la población del país— viviendo por debajo del umbral de la pobreza en 2022, algo no visto desde 2005.

Protestas callejeras

Son muchos los factores que están llevando a la antigua Birmania a la bancarrota. El golpe disparó las protestas callejeras en todo el país, reprimidas con violencia por parte del Ejército y la policía, haciendo que muchas empresas suspendan sus servicios por la inseguridad. Las protestas también van acompañadas de un movimiento de desobediencia civil que ha convocado huelgas de masivo seguimiento, paralizando muchos servicios, desde los más básicos hasta los más sofisticados. La crisis ha colapsado el sistema bancario, cerrando sucursales e impidiendo a las empresas pagar a sus trabajadores, o a los propios clientes sacar dinero de los cajeros automáticos. Muchos trabajadores se niegan igualmente a pagar impuestos porque consideran que el Gobierno militar es ilegítimo y no quieren contribuir a su permanencia, advierte en una nota Romain Caillaud, experto en política económica birmana del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS-Yusof Ishak).

La lista continúa: internet está prácticamente cortado en el país por órdenes de la Junta, con el objetivo de frenar la convocatoria de protestas y controlar la narrativa de lo que ocurre, haciendo casi imposible el funcionamiento de muchos negocios. El comercio exterior se resiente (reportando 13.031 millones de euros entre octubre y abril, por debajo de los cerca de 17.000 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales). Asimismo, un número creciente de multinacionales evalúan su presencia en Myanmar, como la japonesa Kirin o la australiana Woodside Petroleum, que han anunciado la reducción de sus actividades. La moneda local, el kyat, se ha depreciado un 14% desde la intervención militar.

La inseguridad alimenticia también es acuciante. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), hasta 3,4 millones de personas tendrán dificultades para abastecerse en los próximos seis meses, casi un millón y medio más que los 2,8 millones en riesgo antes del golpe. “Más y más personas están perdiendo su trabajo y no pueden permitirse comprar comida. Se requiere una respuesta colectiva para aliviar el sufrimiento inmediato y prevenir un deterioro aún más alarmante”, ha advertido Stephen Anderson, director del PMA en Myanmar, en un comunicado.

Entre las huelgas y la violenta represión de las fuerzas de seguridad, hacer negocios se ha hecho prácticamente imposible en Myanmar, pese a los forzados intentos de la Junta de dar apariencia de continuidad nombrando a figuras conocidas del sector privado para puestos ministeriales clave. “Hasta que algún tipo de democracia regrese, la economía birmana se enfrenta a un futuro muy difícil, quedando cada vez más aislada por parte de las multinacionales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También existe un riesgo significativo de que haya más sanciones económicas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otras democracias”, advierte Rajiv Biswas, economista jefe para Asia Pacífico de la consultora IHS Markit.

Sin que haya visos de que los militares vayan a ceder el poder o hacer concesiones de peso en el corto o medio plazo, con Suu Kyi y miembros de su Gobierno detenidos, Myanmar se dirige sin freno hacia el precipicio. Un grupo de economistas independientes birmanos (IEM, por sus siglas en inglés) ha publicado un estudio en el que recomienda maneras de presionar a los generales para que den marcha atrás. Según sus análisis, la mayor vulnerabilidad de los militares —detrás de poderosos conglomerados en sectores clave— radica en bloquear su acceso a reservas extranjeras a través de sanciones y otras medidas, además de atacar sus ganancias en sectores como el gas natural y las piedras preciosas. Los economistas calculan que los militares controlan reservas en divisas extranjeras de al menos 4.000 millones de dólares (3.303 millones de euros), alrededor de dos tercios del total.

Los autores del estudio, citado por el medio nipón Nikkei, concluyen que, de hacerlo, la Junta podría reducir sus ganancias anuales en hasta 2.000 millones de dólares (1.650 millones de euros). “Esto podría presionarles para que cambien sus prioridades y, en vez de buscar cubrir sus necesidades, antepongan el servicio público”, subraya.