Ahora toca cumplir con la ciudadanía

Desde el 1 de mayo de 2020, la ciudadanía española ha sufrido mucho como consecuencia de la covid-19. Una pandemia que ha provocado la enfermedad y la muerte de centenares de miles de personas, que ha provocado la destrucción de empresas y puestos de trabajo, que ha puesto al descubierto las carencias de nuestro tejido productivo y de nuestros servicios públicos y sanitarios.

Pero también ha sacado lo mejor de nosotros mismos. Una situación en la que los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y esenciales han sido claves. Por eso, este Primero de Mayo debe ser un reconocimiento explícito a todas las personas trabajadoras sin excepción. Un reconocimiento moral que debe ir acompañado de actuaciones concretas que mejoren las condiciones de trabajo y supongan una mejora de todos los servicios públicos.

Tenemos que aprender de lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para lograr una recuperación económica y social eficiente que llegue a todas las personas y no deje a nadie atrás. UGT y CC OO reclamamos que la recuperación económica tiene que ser también social, precisamente ahora, cuando el Gobierno está debatiendo los proyectos de reconstrucción con la Comisión Europea.

El reconocimiento a los servicios públicos pasa por la mejora de condiciones laborales”

Ya ha quedado suficientemente claro que sin salud no hay recuperación económica y que el debate para elegir una prioridad entre una y otra era falso. En primer lugar, hay que acelerar el proceso de vacunación para emprender una reconstrucción efectiva de nuestro país, de su economía, de los puestos de trabajo y de nuestro sistema social.

Los fondos de reconstrucción, transformación y resiliencia europeos son una oportunidad para impulsar el cambio de modelo productivo que necesitamos. Ello debiera acompañarse de la participación imprescindible de los agentes sociales en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. La concesión de esos fondos a esos planes tiene que estar supeditada a la creación de empleo de calidad y con derechos. No podemos permitir que el dinero público sirva para destruir puestos de trabajo o no responda a los intereses del país.

CC OO y UGT hemos demostrado nuestra corresponsabilidad haciendo propuestas y negociando otras, alcanzando acuerdos y desarrollando medidas sociales para salvaguardar el empleo y el tejido productivo. El máximo exponente han sido los distintos acuerdos sobre los ERTE. Gracias a ello, por primera vez en la historia de nuestras crisis económicas la caída del empleo ha sido inferior a la caída general de la economía (PIB). Pero no estamos satisfechos. Muchas personas se encuentran en situación de necesidad porque la pobreza y la desigualdad han crecido. Por eso, en tercer lugar, es urgente poner en marcha la agenda social y reformista pendiente y comprometida por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos con los agentes sociales y con la ciudadanía. Ahora toca cumplirla.

La concesión de fondos europeos debe vincularse a crear empleo de calidad

Alcanzar los objetivos de esa agenda pasa por que el Gobierno cumpla tres de sus compromisos: aumentar el SMI y derogar la reforma de las pensiones y la laboral.

Es injustificable la negativa del Gobierno a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Subir el SMI es un compromiso del Ejecutivo y es una cuestión de justicia social, porque afecta a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables —muchos de ellos de sectores esenciales— y además tiene una lógica económica: el aumento del salario mínimo tiene un efecto inmediato sobre el consumo, lo que ayudará a la recuperación económica. Por ello, no renunciamos a la subida de este salario en 2021. No hay ningún país europeo con SMI que no haya subido este concepto en 2021.

El Gobierno tiene que derogar la reforma de las pensiones que el Gobierno del PP implantó unilateralmente en 2013 con el objetivo de debilitar el sistema público de pensiones y de reducir las actuales y futuras prestaciones. Además, tiene que seguir las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo, para asegurar que la Seguridad Social no paga los costes que no le pertenecen —que han llevado a hablar indebidamente de un concepto impropio como es el “déficit” de la Seguridad Social— y que se aumentan sus ingresos. Hay que recordar que España dedica un porcentaje de su PIB mucho menor a pensiones que países como Francia, Alemania o Italia.

Es urgente que el Ejecutivo derogue la reforma laboral de 2012 y sea sustituida por una legislación más equilibrada. Que sirva para acabar con la dualidad del mercado de trabajo, es decir, la temporalidad y la precariedad instaladas en amplísimas capas de la clase trabajadora, y que afectan de una forma especial a las mujeres y a las personas jóvenes. Es igualmente urgente equilibrar la negociación colectiva y promover una legislación con más garantías y control de las inaplicaciones de los convenios colectivos, aprobar un plan de choque contra la siniestralidad que frene las inaceptables cifras de accidentes laborales e impulsar decididamente la igualdad salarial. Además, hay que incorporar medidas de flexibilidad interna negociadas con la representación legal de las personas trabajadoras, que eviten que, ante problemas coyunturales, las empresas utilicen el despido como el principal y primer recurso, contribuyendo a la estabilidad en el empleo.

En definitiva, España debe avanzar hacia una transición necesaria a un nuevo modelo de relaciones laborales e impulsar políticas activas de empleo que dinamicen mejor las relaciones socioeconómicas en un momento en el que las transiciones de empleo, la velocidad de los cambios productivos y los itinerarios de formación permanente van a ser una constante en la trayectoria laboral de millones de personas trabajadoras. Y, por último, hay que mejorar las prestaciones por desempleo.

Vivimos un momento histórico que solo el tiempo dimensionará adecuadamente. Las políticas económicas impulsadas en Europa distan mucho de las que se emplearon en la anterior crisis. Pero el riesgo de volver a los estrechos márgenes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento —con sus objetivos de déficit y deuda pública— podría conducir a España a problemas serios si no emprendemos una política fiscal más ambiciosa. No podemos tener una diferencia de más de 70.000 millones de euros de recaudación fiscal media con los países de la Unión Europea. Nuevos recortes en el medio o el largo plazo alimentarían derivas sociales imprevisibles y seguramente reaccionarias.

Y, por último, queremos recordar que la salida a la crisis de la covid-19 solo será efectiva si sale el mundo entero, en su conjunto. Ambos sindicatos exigimos a todos los Gobiernos —regionales, nacionales y supranacionales— que garanticen que las vacunas y los medicamentos lleguen a todo el planeta. No solo será injusto, sino que no será efectivo si el mundo entero no consigue alcanzar la deseada inmunidad.

Estos son los compromisos y las exigencias de los sindicatos de clase en este Primero de Mayo de 2021.