Andalucía destina de manera indirecta fondos europeos para la compra de la sede de Abengoa

La Junta de Andalucía ha destinado de manera indirecta 78.045.000 euros provenientes de los fondos europeos REACT —aprobados para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia por coronavirus― a la compra del campus de Palmas Altas, sede de la compañía Abengoa, que entró en concurso de acreedores el pasado 22 de febrero, para la creación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. La transferencia de créditos, adelantada por Público.es, se autorizó el 4 de marzo y la compra se aprobó el 16 de marzo en Consejo de Gobierno, el mismo que declinó aportar 20 millones en avales imposibilitando la viabilidad del último plan de rescate, que precipitó la actual situación de la tecnológica sevillana.

En la memoria que explica la transferencia de crédito, la Consejería de Hacienda señala que se tramita una modificación presupuestaria “para dar cobertura a determinadas actuaciones prioritarias no incluidas en el presupuesto de 2021 y que pueden llevarse a cabo reorientando los recursos gracias a los créditos adicionales procedentes del REACT EU”. En este sentido, en el documento se indica que “conforme a las memorias aportadas por las consejerías competentes en materia de educación y salud respectivamente, resulta un volumen de crédito del que puede disponerse como consecuencia de la financiación con los fondos REACT EU de parte del coste de las nóminas del personal sanitario y educativo, así como determinados costes indirectos asociados a este último”.

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Con esta operación las partidas de los fondos europeos permiten cubrir un coste que posibilita al Gobierno andaluz destinarlos a la adquisición de la sede de Palmas Altas. “Los fondos REACT EU nos permiten cubrir parte del presupuesto y reorientarlo a otras actuaciones que consideramos prioritarias y que, por necesidades de ese presupuesto, no se encontraban dentro de sus previsiones”, abunda un portavoz de la consejería.

La finalidad de los fondos REACT EU es “reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos” y deben destinarse “a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia”, de acuerdo con la información facilitada por la Unión Europea y el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía, con la “reorientación” de estas partidas, no estaría “reforzando” o destinando “partidas adicionales” a estos ámbitos, sino sustituyendo una cantidad por otra para poder financiar otra actividad. Hacienda justifica la transferencia en la necesidad de “reactivar la economía, puesto que la construcción de la Ciudad de la Justicia genera un trabajo de infraestructuras y reactivación económica que entra dentro de los criterios de REACT”, según explica el portavoz.

La UE explica que, en aras de la recuperación económica, estos fondos podrían destinarse apoyar “inversiones para impulsar la transición digital y la economía verde así como para infraestructuras que provean de servicios básicos a los ciudadanos o a medidas económicas en aquellas regiones que dependan de los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, la cultura o los servicios hoteleros”. Andalucía ha recibido 1.880,7 millones de euros del total de 12.436 millones de los fondos REACT que le han correspondido a España (10.000 se reparten entre las Comunidades Autónomas).

La Ciudad de la Justicia es un proyecto largamente acariciado por la Junta de Andalucía. El campus de Palmas Altas cuenta con siete edificios y zonas ajardinadas que se extienden a lo largo de una superficie de 42.190 metros cuadrados. El Gobierno andaluz prevé que el nuevo proyecto supere los 215.000 metros cuadrados y una inversión de 128 millones de euros. La construcción quiere terminarse en cuatro años y su puesta en marcha permitirá, según los cálculos de la Consejería de Justicia, ahorrar cinco millones de euros en arrendamientos.

La adquisición de Palmas Altas supone un desembolso superior a los 20 millones en avales a los que se había comprometido la Junta de Andalucía para apoyar el último plan de salvación de Abengoa, que contemplaba una financiación de 230 millones de euros con aval del ICO, una línea de avales de 300 millones con respaldo del Cesce y una quita del 50% de la deuda en manos de acreedores financieros. El Gobierno andaluz alegó que no contaba con mecanismos jurídicos para dar una ayuda directa a una gran empresa y defendió que no facilitaría a la empresa esa cantidad sin un “aval jurídico”. En la decisión del Ejecutivo de PP y Cs ha pesado la gestión y las consecuencias de la concesión de ayudas directas en el caso ERE o para la empresa Isofotón, actualmente investigado por la justicia.