Juicios

Pospuesto el juicio de Andrea Orcel contra el Santander por contactos del juez con una persona con covid

El juzgado retrasa sin fecha la vista oral prevista para el miércoles en la que iba a declarar Ana Botín, presidenta del Santander

Andrea Orcel, a la izquierda, Ana Botín y José Antonio Álvarez, en una imagen de septiembre de 2018, cuando se anunció el fichaje del italiano.
Andrea Orcel, a la izquierda, Ana Botín y José Antonio Álvarez, en una imagen de septiembre de 2018, cuando se anunció el fichaje del italiano.

El juzgado de primera instancia número 46 de Madrid ha suspendido la vista oral prevista para el próximo miércoles 10 de marzo por la demanda interpuesta por Andrea Orcel contra el Santander, tras conocerse que un familiar del juez, con el que convive, ha dado positivo por COVID-19. El directivo italiano reclama a la entidad española una indemnización por el fichaje frustrado por el Santander en 2018.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha informado que se suspende el juicio “después de que el titular del órgano judicial haya sido informado de que un familiar directo con el que convive ha dado positivo en la covid-19 y él tiene la obligación sanitaria de guardar la respectiva cuarentena. En próximos días, este Gabinete de Comunicación informará de la nueva fecha de celebración de la vista oral”. En dicha vista está previsto que comparezcan la presidenta del Santander, Ana Botín, así como el del banco suizo UBS, Axel Weber.

Este caso arrancó en junio de 2018, cuando Botín (Santander, 60 años) quiso remodelar la cúpula directiva del banco para reemplazar a Rodrigo Echenique, que se jubilaba y dejaba vacante la vicepresidencia del grupo y la presidencia de Santander España, la filial española. Pensó en José Antonio Álvarez para ocupar esos cargos y se empezó la búsqueda de un número dos para el grupo.

El elegido fue Andrea Orcel, (Roma, 57 años), que en aquel momento era alto ejecutivo del banco suizo UBS y gran conocedor del Santander, ya que había diseñado buena parte de las compras realizadas en las últimas décadas. Pero el fichaje descarriló —por un elevado pago que reclamaba por abandonar el banco suizo— y el italiano demandó al banco por incumplimiento de contrato. Reclama 112 millones como indemnización por el daño reputacional sufrido tras no haber sido fichado por la entidad española pese a que se anunció públicamente en septiembre de 2018 y pese a haberse comprometido con él, según Orcel.

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Botín, en representación del Santander a petición de los abogados del italiano, mantendrá la tesis del banco que apunta que “la carta oferta no es el contrato que exige la Ley y dicho contrato nunca se materializó”. No obstante, se admitirá que “Orcel fue nombrado consejero delegado el 25 de septiembre de 2018 acelerando el proceso a petición de UBS y el propio Orcel, pero ese nombramiento no fue efectivo”. No hubo, apunta la entidad, “un contrato sino un precontrato o carta de oferta no efectiva porque faltó la aprobación del consejo y la junta de accionistas”.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el caso ha seguido hasta el juicio. UniCredit anunció que ficharía a Orcel como primer ejecutivo de su banco y este ofreció rebajar la demanda a unos 60 millones. El Santander no ha ocultado que está dispuesto a realizar un pago, pero de una cuantía inferior.

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