La UE lanza una nueva propuesta para una ‘tasa Tobin’ en diez países

Una década después de la primera propuesta para crear la llamada tasa Tobin, la UE vuelve a hacer un nuevo intento para fijar una tasa a las transacciones financieras. La presidencia de turno de la UE, que este semestre recae en Portugal, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que aboga por una tasa a medio camino entre la que ya aplican Francia e Italia que grave no solo la compraventa de acciones, sino también de derivados. La tasa se aplicará de forma coordinada en diez países, aunque cinco de ellos —como Francia o España— han decidido no esperar y han empezado a implantarla.

La tasa para las transacciones financieras, conocida como tasa Tobin, sigue avanzando con pies de barro. Diez años después de la primera propuesta de Bruselas, una decena de países busca un consenso para implantarla mediante una cooperación reforzada. La presidencia portuguesa trata de dar un empujón a los trabajos para que a finales de 2022 pueda haber un acuerdo que permita la entrada en vigor de un impuesto transnacional en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.

La Comisión Europea quiere cerrar un pacto entre esos países en un plazo máximo de dos años. Si no es posible, Bruselas hará un rediseño radical del tributo ya de cara al tramo final de la legislatura, en 2024. Sin embargo, cinco países —Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España— miran al resto por el retrovisor tras haber decidido empezar a aplicarlo por su cuenta. Y eso, de acuerdo con el documento, ha permitido que el impuesto pase de ser casi una utopía a “gozar de una relativa madurez técnica y política” que facilita la formulación de una nueva propuesta.

Portugal cree que el “enfoque más sensato” sería empezar a probar ese tributo a escala europea lo más pronto posible, empleando los modelos ya existentes en Francia e Italia. La principal diferencia entre ambas es que París grava la compraventa de acciones, mientras que Roma añade también la de derivados.

El documento que Portugal ha remitido al resto de los socios pone énfasis sobre todo en los aspectos técnicos, al considerar que los políticos —los que pueden volver a frenar su aplicación— deben dejarse para otro foro. Y destaca dos de las fortalezas que exhiben los modelos francés e italiano: las salvaguardas para que ningún comprador —aunque se valga de mediadores o instrumentos foráneos, incluso de fuera de la UE— escape del pago del tributo y las disposiciones que protegen la liquidez de los valores fijando exenciones o bien dejando fuera del ámbito del impuesto a pequeñas y medianas empresas.

Alcance tributario

El documento también se detiene a analizar el alcance del tributo. Lisboa ahí se decanta por el modelo italiano, que grava también las transacciones de derivados. El documento expone que si se dejaran fuera del ámbito de aplicación del impuesto, los inversores interesados solo en el “valor económico de una acción, pero no en sus derechos de voto” pueden usar esos productos para burlar el pago del tributo. A pesar de que la legalidad de esa disposición se había puesto en duda, el Tribunal de Justicia de la UE la avaló en un caso que enfrentaba a Italia con Société Générale al considerar que la Administración no viola la libre circulación de capitales con ese diseño de la tasa.

Portugal adjunta al documento, de 20 páginas, un anexo con una explicación detallada de esas dos tasas, realizada por las autoridades financieras de París y Roma. Francia, en cuyo modelo se basa el impuesto español, impone una tasa del 0,3% a empresas que cotizan en sus mercados nacionales y cuya capitalización bursátil es superior a los 1.000 millones de euros. Italia aplica una tasa de hasta el 0,2% a las transacciones de valores, derivados o instrumentos que incorporen o repliquen las participaciones de una empresa con una capitalización de a partir de 500 millones de euros.

Pese a que el documento concierne sobre todo a los diez países que se proponen aplicar el impuesto, Portugal parece no renunciar a incorporar a más miembros y pregunta al resto de socios si la necesidad de hallar recursos para sufragar el fondo de recuperación europeo —que requerirá un endeudamiento de 800.000 millones— incrementará el interés por un acuerdo más amplio.