La ministra Maroto se inhibirá en la valoración de la opa de IFM sobre Naturgy
La titular de Industria argumenta que su marido trabaja en la empresa energética española y podría ser causa de conflicto de interés
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, se inhibirá en la decisión de autorizar la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy para evitar poder incurrir en un posible conflicto de interés al trabajar su marido como ingeniero en esa compañía, según ha adelantado la Cadena Ser. La decisión de Reyes Maroto responde a una decisión personal de la ministra, ya que ni siquiera los servicios jurídicos han determinado si incurriría en un conflicto de intereses que le obligara a ello, ya que su marido no es ningún cargo con capacidad de decisión en la compañía, han señalado fuentes del ministerio. Maroto ha comunicado su propósito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“No quiere ser parte de ninguna decisión desde que se reciba el expediente. De hecho, se ha apartado preventivamente de todo lo que tiene que ver con Naturgy”, han insistido Industria a este diario tras avanzarlo la Cadena Ser.
En marzo pasado, el Ejecutivo estableció, mediante real decreto, la obligación de que determinadas operaciones requirieran de autorización por parte del Consejo de Ministros para evitar que sociedades extracomunitarias aprovechen la crisis de la covid-19 para tomar el control de empresas españolas en sectores estratégicos, como puede ser el energético.
La Secretaría de Estado de Comercio, dependiente precisamente de la ministra, tiene un periodo de seis meses para tramitar el expediente de IFM para la autorización y elaborar un informe sobre el que Gobierno debe pronunciarse. En el análisis que se lleve a cabo, podrá requerir nueva documentación y argumentar por qué es estratégica Naturgy.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya dijo el pasado 2 de febrero que el Ejecutivo será “muy prudente y cauto” a la hora de pronunciarse sobre la opa y señaló que cuando el fondo australiano haga su solicitud se analizará “con detenimiento el expediente”. La opa ha originado distintos pareceres entre los miembros del Gobierno, lo que augura un intenso debate antes de decidir si supone una toma de control por parte del fondo de pensiones australiano.
IFM lanzó la opa el pasado 26 de enero ofreciendo 23 euros por acción para una participación del 22,69%, lo que resulta un monto total de 5.060 millones. La opa va dirigida a inversores institucionales y minoritarios supondría convertirse en el segundo accionista en importancia de la energética, en la que actualmente Criteria cuenta con el 24,8%. Además los fondos de inversión CVC y GIP cuentan con una participación del 20,4% y 20%, respectivamente, y la firma estatal argelina Sonatrach, el 4%.
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