Batalla judicial entre criptomonedas

El mundo de las criptomonedas va por delante de los reguladores, tiene una complejidad técnica extraordinaria y es una máquina de hacer ricos y pobres sin que se sepa muy bien por qué. Con este panorama es fácil que atraiga a hackers y especuladores, convirtiéndolo en un terreno pantanoso. Pero los supervisores creen que nada frenará su crecimiento —ya hay más de 2.000 monedas virtuales diferentes— y que tienen potenciales ventajas, así que se han propuesto regular el tráfico, pero todavía hay huecos de alegalidad.

La supuesta facilidad y los escasos recursos que exige organizar una aplicación de criptodivisas hace que proliferen, aunque sufren para sobrevivir. En España una de las firmas más conocidas en este mundo es 2gether, una veterana con cuatro años de azarosa vida que ha vivido todos los cambios del sector.

La empresa tiene préstamos convertibles de Abanca, Cecabank y Lanzadera, de Mercadona, Chamberí Ventures (creado por José María Fuster, expresidente de Openbank y ex director general del Santander). Algunas de estas entidades aseguran conocer los problemas, pero dicen que están tranquilos con su inversión.

Pelea entre socios y ciberataque

En estos cuatro años, 2gether ha pasado por dos avatares importantes: un enfrentamiento entre los fundadores, que les ha llevado a querellas cruzadas (el actual consejo de administración de la empresa está investigado por falsedad contable y estafa) y el 31 de julio pasado sufrieron un robo de hackers que afectó a 5.500 clientes que perdieron criptomonedas por valor de 1, 2 millones de euros, aunque su valor de reposición puede superar los 1,5 millones. La plataforma cuenta con 26.000 usuarios activos cada mes y el doble registrados. Para reponer estos fondos han lanzado una emisión de acciones a través de una plataforma de crowdfunding, Fellows Funders, supervisada por la CNMV, con la que han captado ya 1,5 millones y sigue abierta. Los miembros del consejo dicen haber aportado 300.000 euros.

La historia de 2gether comienza en 2016, cuando un experto en tesorería de un gran banco, Salvador Casquero, actual presidente, algunas técnicos informáticos, abogados e inversores con inquietudes en los nuevos desarrollos de las monedas virtuales, como Salvador Carrillo, fundaron la firma. Constituyeron esta plataforma financiera que capta fondos y ofrece a los clientes una tarjeta de débito para pagar contra la cuenta corriente que pueden estar en euros o en criptomonedas al precio que coticen en ese momento. Opera en los 19 países de la zona euro.

En 2018 lanzaron la primera oferta de lo que iba a ser una criptomoneda, el 2GT. Posteriormente, tras comprobar lo difícil que era emitir estas divisas en la zona euro, cambiaron de idea y lo transformaron en un token de utilidad, es decir, un derecho a utilizar con ventajas la plataforma 2gether. “Por eso decimos que es un modelo participativo, porque todos ganamos con el éxito de firma”, comenta Ramón Ferraz, consejero delegado de la empresa, que cuenta con unos 30 empleados. Hasta ahora han captado unos 900.000 euros en token.

‘Token’, fuera de la supervisión

Como el token es un derecho, no se considera un activo financiero ni tampoco una criptomoneda, por lo que no está regulado por nadie, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni el Banco de España. En la página web de 2gether figuraba que el token 2GT “cuenta previamente con el respaldo de la CNMV en su clasificación como un utility token”. A petición de la Comisión, el pasado 18 de diciembre retiraron esta frase.

Todavía no han emitido el token y esperan hacerlo en enero o febrero de 2021, según Ferraz. El token se vende 0,05 euros la unidad y una vez emitido, su valor fluctuará.

Pero las disputas llegaron antes, a principios de 2019, cuando uno de los fundadores, Salvador Carrillo y 12 socios más, que controlaban el 40% de las acciones, decidieron que había que reestructurar la empresa, ya que los gastos se multiplicaban y los ingresos no. Y aquí surgió el debate: seguir creciendo con más inversión o replantearse las cuentas.

Una de las mayores deudas era de Luis Estrada, responsable de tecnológica de Bi Geek Software, que había facturado más de un millón de euros a 2gether. Carrillo cuestionó la factura. Estrada propuso capitalizar su deuda en acciones, lo que le daba el control de la firma y reducía la participación del grupo de Carrillo al 4% del capital.

Tras meses de debate, los actuales dueños tomaron el control; Carrillo y ese grupo de socios díscolos consideraron que era un golpe de mando deliberado en su provecho y en contra de la empresa. El actual consejero delegado, Ferraz, que se unió a los propietarios, porque, asegura, era la única manera de seguir adelante, ya que la alternativa era cerrar la firma. Ambos grupos comenzaron a pleitear y ahora el consejo de administración de 2gether está investigado por estafa y falsedad en documento público y privado. Los acusados pusieron una demanda contra Carrillo, que el juez ha rechazado excepto en el cargo de falsedad en documento, que sigue en pie.

Información sobre los litigios a los inversores

El que salió de la firma, Carrillo, ha logrado una primera sentencia firme que anula todos los acuerdos del consejo que tomaron los dueños actuales en abril de 2019 y condena en costas por mala fe a 2gether.

Carrillo también ha denunciado ante la CNMV que la plataforma no advierte a los inversores de los riesgos judiciales reales que pesan sobre la firma. “Intentan maquillar la realidad ocultando el verdadero alcance de las consecuencias que podrían tener los procedimientos en marcha”, acusa. Y recuerda que en un párrafo se dice que “se estima poco probable la viabilidad” de las demandas. El antiguo socio afirma que son de tanta gravedad que podrían afectar a su solvencia de la empresa.

Desde 2gether, Ferraz asegura que, aunque no consta en la información pública la existencia de los litigios, informan a todos los que compran acciones de los problemas judiciales, a los que resta gravedad.

También está denunciada ante la CNMV la emisión de crowdfunding porque, según Carrillo, en mitad del proceso, en el folleto cambiaron el nombre de la empresa que realiza la operación: pasó de ser 2gether a Salvaria, que es la tenedora del 94% de las acciones de la plataforma. En 2gether lo niegan. Pese a todo, Carrillo reconoce que “confía en llegar a un acuerdo que ponga fin a los conflictos societarios”.

Mientras tanto, la Comisión Europea trata de acabar con este vacío legal. En septiembre publicó una propuesta de Reglamento sobre los mercados de criptoactivos conocida como MiCA, de sus siglas en inglés Markets in Crypto-Assets, que verá la luz en 2021 o 2022. Demasiado tiempo para un sector que circula a la velocidad de la luz y que ya mueve 500.000 millones de dólares (410.000 millones de euros) por todo el mundo.