Comparecencia de altura

Severidad, temporalidad y globalidad fueron los calificativos que el gobernador del Banco de España empleó la pasada semana en la Comisión de Economía del Congreso para enmarcar la inédita perturbación a la que se enfrenta el conjunto de la economía mundial, y específicamente la española, como consecuencia de la pandemia. Su comparecencia fue de altura, tanto por la visión de alto nivel y largo plazo que trasladó en su intervención sobre las consecuencias de dicha perturbación, como por la claridad y calidad con la que esbozó cuáles, en su opinión, deberían ser las respuestas de las políticas públicas tanto a corto como a medio plazo.

De la severidad, señaló como exponente inicial en el caso español la caída intertrimestral en el primer trimestre de este año (un 5,2%), que duplica la del peor trimestre de la crisis financiera en 2009. Por supuesto, tal caída se quedará muy corta respecto de la que es esperable para el segundo trimestre. Por su parte, la destrucción de empleo acumuló una cifra de prácticamente un millón de ocupados en mes y medio (mediados de marzo-finales de abril), doblando también la destrucción acaecida en duros meses de diciembre 2008-enero 2009. Por supuesto, hay que añadir a todo ello los 3,4 millones de asalariados acogidos a los ERTE, además de los 1,3 millones de trabajadores autónomos solicitantes de la prestación por cese de la actividad.

Dado el desencadenante de la crisis, la temporalidad es (en principio) otro sus atributos relevantes. No habiendo causa económica determinante, la actividad podría ser restaurada en buena medida, si se consiguiese que el confinamiento por razones sanitarias se tradujese simplemente en un proceso de hibernación ordenado del sistema productivo durante el tiempo necesario. No obstante, la incertidumbre sobre el mismo, el convencimiento de que la salida de tal proceso de hibernación no podrá hacerse de una vez ni al tiempo en una economía global, la presunción de que la perturbación tendrá muy probablemente también efectos estructurales, y la propia dificultad de que las medidas que se instrumentan puedan preservar una “hibernación perfecta”, muestran la dificultad de acotar esa temporalidad. Temporalidad cuya duración, por lo demás, no ha hecho sino acrecentarse respecto de las expectativas iniciales.

El atributo de globalidad es una característica esencial de este episodio, en tanto que la recuperación no va a depender solo de las capacidades propias de la economía española, sino que estará íntimamente ligada a la evolución de la economía mundial y, particularmente, de las economías de nuestro entorno.

Parece natural en consecuencia que, sobre la base de este diagnóstico, se concluya que en esta primera fase “las acciones de política económica sean contundentes, acotadas en el tiempo —hasta que el empleo y la actividad económica recuperen el pulso tras el proceso de hibernación inducida— y coordinadas a escala internacional”. Y de hecho así está pretendiendo ser. En la contención del daño inicial se está empleando como nunca antes (1) la política fiscal, la más efectiva y adecuada para alcanzar de manera inmediata esa pretendida hibernación; (2) la política monetaria, que en el marco de la eurozona además facilitar la financiación y liquidez adecuada tiene como reto adicional la fragmentación financiera entre sus miembros que ha surgido como amenaza en otros episodios; y (3) la política micro y macroprudencial del sistema financiero, que asegure su estabilidad en una situación de estrés tan intenso.

Por otra parte, aunque nunca suficiente, el grado de coordinación internacional está siendo bastante alto. De hecho, el esquema de respuesta a la crisis desplegado en los países de nuestro entorno es razonablemente homogéneo, si bien la potencia de fuego difiere, en virtud del distinto grado de afectación de la pandemia como por las capacidades individuales de cada una de las economías. Es en este punto en el que, pasado el impacto inicial, se va a poner a realmente a prueba el marco de solidaridad que, sobre el papel, debe operar en situaciones tan extremas y de impacto asimétrico como el que va a darse en el seno de la Unión Europea. Es esperanzador en este sentido el Fondo de Recuperación presentado hoy mismo por la Comisión Europea junto con las líneas básicas del nuevo Marco Financiero Plurianual (2021-2027), es decir, el presupuesto europeo a siete años. Se propone un instrumento extraordinario, que no se denomina Fondo de Recuperación sino Next Generation EU (NGEU), dotado con un importe de 750.000 millones de euros y financiado íntegramente con la emisión de deuda conjunta (la Comisión, en nombre de la UE). El plazo de vencimiento de esta deuda oscilará entre 2028 y 2058, y su repago se realizará de acuerdo a las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto futuro.

Mientras que a corto plazo existe un consenso dominante sobre las características de las respuestas, y estas encajan genéricamente en el marco antes definido, están menos debatidas las líneas que debe sustentar las acciones de medio plazo. Y a esa anticipación es a la que emplazaba el gobernador en su comparecencia. Tendría en su opinión, de manera razonable, efectos amplificadores de credibilidad y eficiencia, tanto más en cuanto que las medidas post-pandemia requerirán, con seguridad, persistencia durante un dilatado periodo de tiempo y, en consecuencia, la conveniencia de un alto grado de consenso.

Para ese debate debe tenerse en cuenta que el coste presupuestario de la contención de daños inicial acabará siendo extraordinariamente elevado. El impacto de la pandemia en España ha sido de los más duros hasta la fecha, y nuestra estructura productiva (especialización sectorial) hace además a nuestra economía especialmente sensible a las medidas sanitarias que habrán de desplegarse más allá de periodo de limitación de la movilidad. Hay que considerar adicionalmente otros atributos estructurales de nuestra economía que la hacen especialmente vulnerable: muy reducido tamaño medio de sus empresas y el muy alto grado de temporalidad del empleo.

Esa vulnerabilidad se acrecienta si se tiene en cuenta que, en su punto de partida (pre-pandemia), la economía española aún definía un déficit público estructural cercano al 3%, lo que da idea de que el reto posterior para reconducir este desequilibrio fundamental tendrá un enorme calado. Nótese que, al gasto público inicial más directo para enfrentar los efectos de la pandemia, habrá que sumar posteriormente la acción de los estabilizadores automáticos (generadores de gastos adicionales, pero también de menores ingresos públicos), cuyo grueso impacto puede anticiparse fácilmente con solo refrescar lo sucedido en la crisis de hace una década. Cierto es en todo caso que, en esta ocasión, frente a la crisis anterior, vamos a contar un mayor escudo protector en el marco de la Unión Europea y, tanto en hogares, empresas y sector financiero, con una posición de endeudamiento notablemente inferior a la de entonces.

Por tanto, tras la contención de daños, será preciso diseñar ex novo el proceso de saneamiento de las cuentas públicas que quedó inacabado tras la anterior crisis. Y el contexto no será nada fácil. La brusca contracción en este ejercicio, irá seguida con toda probabilidad de una recuperación sustancial posterior, pero será en todo caso insuficiente para que se alcancen, en un horizonte cercano, los niveles de actividad y empleo previos pre-pandemia, menos aun los que asumíamos como niveles tendenciales del PIB. Eficiencia y control del gasto público, y aumento de la insuficiente capacidad recaudatoria que exhibe la economía española frente a las de nuestro entorno, seguirán siendo asignaturas pendientes, tanto más necesarias de superar cuanto que el crecimiento potencial vendrá limitado por razones demográficas, y previsiblemente se mantendrán tasas de inflación muy reducidas.

Vehiculizar el saneamiento de las finanzas públicas mediante la definición de planes plurianuales parece en consecuencia una receta inteligente que, para que sea eficaz realmente requiere de un amplio consenso político. También requiere de ese consenso la definitiva (e imprescindible) puesta en marcha de políticas estructurales capaces de desplazar hacia arriba el potencial de crecimiento la economía a largo plazo actuando sobre el capital humano, el gasto más eficiente en I+D y mejorando la calidad de la regulación y de las instituciones. No es nuevo, pero ahora es mucho más necesario.