El Gobierno impulsará un pacto de Estado de industria para evitar vaivenes políticos

El Gobierno impulsará un pacto de Estado por la Industria para que el sector industria no se vea sometido a vaivenes normativos con la alternacia política. Así lo ha afirmado este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su intervención ante la comisión del ramo del Congreso, en la que ha esbozado los planes de su departamento para la legislatura recién estrenada. Entre ello, también está un plan integral para la lucha contra los productos falsificados.

La ministra ha abogado por fortalecer y modernizar el sector industrial, que representa un 14,2% del PIB español, muy lejos del 20% que el Gobierno se marca como objetivo. "España necesita un sector industrial fuerte, dinámico en innovador", alineado con los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, ha dicho la ministra. Y para conseguirlo, el Gobierno contempla dos herramientas. Una de ellas es un "pacto por la industria del siglo XXI", para lograr un consenso político en la materia que la deje a salvo de bandazos debidos a los cambios de Gobierno. Ese pacto de Estado debe "recoger las líneas maestras de la política industrial a largo plazo" y tener "vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuetario". Ha confiado en que la comisión de Industria del Congreso sea el marco donde lograr ese consenso para el pacto.

La otra herramienta principal para impulsar el sector industrial es una nueva ley de Industria, que el ministerio se compromete a impulsar este año. Ha afirmado que su departamento trabaja ya en un anteproyecto para renovar la norma actual, que data de 1992. La nueva ley debe servir para "adaptar el marco normativo" industrial a la Agenda 2030 sobre energía y cambio climático y para "dotar a la industria de un marco jurídico adecuado a los actuales procesos de producción" y a un entorno más digital y con nuevos requerimientos ecológicos.

En cuanto a comercio, la ministra ha anunciado un "plan de acción integral en materia de lucha contra la vental ilegal de productos falsificados y sus repercusiones socioeconómicas". Aunque ha señalado que la lucha contra este fraude es prioritaria para su departamento, no ha dado detalles concretos de ese plan, que se añade a la mesa contra el intrusismo creada por el ministerio de Maroto en la anterior legislatura, que se reforzará.

Algunos grupos han reprochado a la ministra la pérdida de peso de la industria en España (el PP ha señalado que se ha perdido empleo) y se ha criticado el borrador del estatuto de consumidores electrointensivos (industrias con gran consumo de energía eléctrica), un decreto ley que está en fase de audiencia pública y que algunas de estas empresas han calificado de insuficiente. También se ha criticado que esté enfocado especialmente a satisfacer a Cataluña y el País Vasco, cosa que la ministra ha negado tajantemente.

También ha sido contundente a la hora de advertir que "sin presupuestos, no habrá Estatuto", ya que la dotación para hacer frente al coste económico del estatuto de electrointensivos (incluye por ejemplo ayudas a empresas) depende de los Presupuestos Generales del Estado. Un mensaje destinado tanto al PP (Feijoo se ha declarado contra el borrador de la norma) como a ERC, cuyo apoyo es vital para sacar adelante las cuentas que prepara el Ejecutivo.